La UCO deja a Peinado sin el relato que necesitaba 

El informe no encuentra dinero sospechoso en las cuentas de Begoña Gómez, pero el PP ha decidido que la realidad es un obstáculo menor cuando el objetivo es mantener viva la maquinaria del fango.

CUANDO EL INFORME NO SIRVE, SE CAMBIA EL RELATO

La derecha esperaba a la UCO como quien espera una aparición religiosa. Tenía que llegar el informe definitivo. La prueba. El papel que convirtiera en verdad judicial lo que durante meses se había cocinado en tertulias, portadas y declaraciones inflamadas. Pero el informe solicitado por el juez Juan Carlos Peinado para sostener la acusación de apropiación indebida contra Begoña Gómez no ha encontrado lo que algunos necesitaban encontrar.

Y eso es lo verdaderamente grave.

Porque, según la Guardia Civil, no hay movimientos ilegales, anómalos, sospechosos u opacos en las cuentas de Gómez. La información bancaria, dice el informe, encaja con las actividades profesionales que venía desarrollando. Traducido al idioma común: no aparece el dinero de la gran trama que llevaban meses vendiendo. No aparece el enriquecimiento. No aparece el botín. No aparece esa fantasía de imperio privado construido sobre el erario público.

Pero el PP no se ha detenido. No sabe detenerse. O no quiere.

El informe llegó después de que Peinado ya hubiera decidido empujar la causa hacia un juicio con jurado, algo que la defensa intenta impedir. Antes, la Audiencia Provincial le había cerrado la puerta a su intento de ir directamente contra el ministro Félix Bolaños, así que la operación quedó reducida a lo que siempre pareció ser su núcleo político: la esposa de Pedro Sánchez. Cuando el lawfare no encuentra autopista, busca una cuneta.

La contradicción es bastante brutal. Peinado había acusado a Gómez de apropiarse para su “patrimonio personal” de fondos de empresas privadas obtenidos para la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense. La UCO, sin embargo, no encuentra rastro bancario que sostenga ese relato. Nada. Y cuando no hay rastro del dinero, conviene preguntarse qué queda exactamente de una acusación de apropiación indebida.

Queda ruido.

Quedan titulares.

Quedan tertulias.

Queda el barro.

La Complutense había cifrado en 113.509 euros el supuesto perjuicio sufrido, de los cuales unos 108.000 euros procedían de contratos con terceros. La defensa presentó un informe de un profesor de Derecho Financiero y Tributario que negaba que ese dinero pudiera computarse como pérdida, porque eran fondos aportados por terceros para los fines previstos en el convenio. Es decir, no se trataba de una caja saqueada, sino de dinero destinado al desarrollo de una plataforma.

Y esa plataforma, según la defensa y según confirma el propio informe, estaba pensada para ser propiedad de la Complutense y para uso gratuito por pequeñas y medianas empresas. Pequeñas y medianas empresas. No exactamente el retrato de una mansión en Miami financiada con mordidas universitarias.

Pero da igual. Porque aquí el dato no manda. Manda el marco.

EL ESCÁNDALO DE LOS 206 EUROS

El PP decidió agarrarse a otra parte del informe: las irregularidades administrativas en la contratación de Making Science Group y Deloitte para desarrollar la plataforma. Ahí sí hay elementos relevantes. En el caso de Making Science, la contratación se habría hecho “obviando cualquier trámite administrativo” pese a que la cuantía, 24.200 euros, superaba el límite de 15.000 euros para contratos menores. En el caso de Deloitte, la consultora comenzó a trabajar antes de la adjudicación.

Eso vulnera normas de contratación pública. Eso debe aclararse. Eso puede tener recorrido administrativo o jurídico si corresponde. Pero convertirlo en la gran prueba de una conspiración criminal para pedir 24 años de prisión a Begoña Gómez, como reclaman acusaciones populares vinculadas a organizaciones de extrema derecha, exige algo más que irregularidades en expedientes universitarios. Exige pruebas. Exige proporcionalidad. Exige no tratar el Código Penal como una extensión del plató de televisión.

Y entonces aparece el gran símbolo del caso: 206 euros.

Begoña Gómez pagó de su bolsillo el registro de la marca y el dominio de internet de la plataforma. 206 euros. Una cantidad tan ridícula para sostener una apropiación patrimonial que casi parece una broma escrita por alguien con demasiada fe en la credulidad ajena. Porque si alguien pretende apropiarse de un software financiado por una universidad, no lo hace precisamente dejando como rastro un pago menor que no le permite demostrar propiedad real sobre el proyecto.

Pero ahí entró Miguel Tellado. El dirigente del PP afirmó que el informe de la UCO “acorralaba” a Gómez porque habría registrado a su nombre un software pagado por la Complutense. La palabra “acorralar” funciona bien en televisión. Tiene fuerza. Tiene épica de cacería. Tiene ese aroma de parte de guerra que tanto gusta a quienes confunden oposición con demolición institucional.

La realidad, bastante menos excitante, es esta: la UCO no encontró beneficio económico sospechoso en las cuentas de Begoña Gómez.

Luego vino la cuenta compartida. El dinero de esos 206 euros salió de una cuenta común con Pedro Sánchez, algo tan extraño como que un matrimonio comparta gastos. Pero varios medios y dirigentes del PP lo convirtieron en munición. Cuca Gamarra escribió que Sánchez también había pagado ese registro “presuntamente fraudulento” y que él era siempre “el centro” de todos los casos. Ya estaba. El círculo narrativo cerrado. Si no hay dinero, se inventa centralidad. Si no hay trama, se fabrica atmósfera.

La Cadena SER adelantó el lunes la noticia de que el informe no encontraba beneficios económicos sospechosos de ilegalidad. A Ester Muñoz, portavoz parlamentaria del PP, le pareció una manipulación. ABC, más considerado con los nervios de la derecha, dejó ese dato para el último párrafo. Una forma elegante de esconder el cadáver del relato debajo de la alfombra.

Porque eso es lo que está ocurriendo. No una investigación serena. No una búsqueda limpia de responsabilidades. Una maquinaria política que convierte cada diligencia en propaganda y cada matiz en una acusación de Estado.

Si hubo irregularidades en la Complutense, que se investiguen. Si alguien incumplió normas administrativas, que se determine. Si hay responsabilidades, que se depuren. Pero lo que no se puede hacer es coger 206 euros, un contrato de 24.200 euros, un límite de 15.000 euros, un perjuicio discutido de 113.509 euros y transformarlo todo en una novela negra sobre la caída de Occidente.

Eso no es justicia.

Es una trituradora.

Y cuando la UCO no les da el cadáver que esperaban, la derecha decide seguir disparando contra la sombra.