El Congreso aprueba instar al Gobierno de España que ejerza de potencia administradora del Sáhara Occidental 

ERC ha pedido al Gobierno de España que ejerca sus labores como potencia administradora del Sáhara Occidental para «poner fin a las graves violaciones de Derechos Humanos».

La Diputada Maria Dantas de ERC ha expuesto el texto presentado en el Congreso en el que se insta al Gobierno de España que ejerza sus labores como potencia administradora del Sáhara Occidental para para «poner fin a las graves violaciones de Derechos Humanos».

«En el último año Marruecos ha intensificado todas sus actuaciones para reafirmar su más que cuestionada soberanía sobre el territorio del Sahara Occidental. El Reino de Marruecos ha aprovechado todas sus armas del Estado para someter a la población saharaui a su voluntad a través del miedo y de la violencia. La comunidad internacional se queda en silencio, tristemente, sin intervenir. ¿ Hasta cuando va a seguir el Estado español rehuyendo su responsabilidad en el Sahara Occidental?», decía la Diputada en su intervención.

Entre las propuestas no de ley se recoge también la exigencia a Marruecos «el cumplimiento de los derechos humanos».

Además, de la exigencia de que se brinde a la familia Khaya la atención médica necesaria y poner fin al arresto domiciliario y torturas. Así también Dantas ha reproducido unas palabras de Sultana Khaya: «Os habla Sultana Khaya desde el interior de su domicilio familiar, en el cual me encuentro retenida durante 480 días, los cuáles han sido de privación de libertad, torturas, violaciones y opresiones entre otras cosas. Llevamos un año sin luz, llevamos un año y vamos camino al segundo año en el que estamos retenidas, apartadas del resto de la población, sin ningún tipo de acceso médico ni tratamientos, lidiando día a día con productos químicos nocivos y tóxicos con los que se nos rociaron. Queremos mandar un mensaje como mujeres saharauis, torturadas y violadas. Queremos enviar un mensaje al Estado español y queremos decirles que como pueblo estamos oprimidos y seguimos bajo su responsabilidad, ya que sigue siendo la potencia administradora del territorio».

El texto finalmente ha sido aprobado en el Congreso de los Diputados.