EEUU intensifica sus ejecuciones extrajudiciales marítimas: tres ataques más, 11 muertos y 144 ejecuciones por mar 

Las fuerzas armadas de Estados Unidos han elevado a un nuevo nivel la violencia extrajudicial en el Caribe y el Pacífico sin presentar pruebas ni responsabilidades.

La ofensiva militar norteamericana en aguas del Pacífico Oriental y el mar Caribe ha vuelto a dejar un saldo mortal. El 16 de febrero de 2026, el Comando Sur de los Estados Unidos anunció que sus fuerzas llevaron a cabo tres ataques letales contra embarcaciones que, según Washington, eran “operadas por organizaciones designadas como terroristas” y “transitaban por rutas conocidas de narcotráfico”. En estos ataques murieron once personas, cuatro en cada una de las dos embarcaciones en el Pacífico Oriental y tres más en el Caribe. Ningún militar estadounidense resultó herido.

Lo que el Comando Sur describe con eufemismos como “ataques cinéticos letales” no es otra cosa que ejecución extrajudicial en alta mar, sin juicio ni investigación independiente que confirme la veracidad de las acusaciones. Desde septiembre de 2025, cuando la administración Trump lanzó oficialmente la llamada operación Southern Spear, al menos 144 personas han sido asesinadas en 42 ataques conocidos contra embarcaciones supuestamente dedicadas al narcotráfico, según recuentos periodísticos recientes.

El flujo de información oficial no ofrece ni la identidad de las personas asesinadas, ni pruebas claras de que los barcos transportaran narcóticos, ni datos sobre los puertos de salida o destino, ni señales inequívocas de vínculo con redes de tráfico de drogas, como muchos analistas y juristas han señalado. La administración estadounidense tampoco ha mostrado pruebas físicas ni documentos de inteligencia que sustenten sus afirmaciones, algo que debería ser elemental en cualquier acción militar bajo derecho internacional.

Esta política de ataques marítimos forma parte de una estrategia mucho más amplia de militarización de la región, que incluye la invasión de Venezuela el 3 de enero de 2026 y la detención del presidente Nicolás Maduro por narcoterrorismo en un juicio en Nueva York —una acción que Caracas y aliados han descrito como un secuestro y una violación de soberanía nacional.

MILITARISMO Y JUSTIFICACIONES SIN PRUEBAS

La justificación oficial estadounidense reitera que estos barcos formaban parte de “operaciones de narcotráfico” o eran manejados por “narcoterroristas”. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, incluso llegó a afirmar que la violencia provocada por estos ataques “había llevado a importantes narcotraficantes a cesar operaciones indefinidamente”. Lo paradójico —y responsabilizante— es que ninguna evidencia que respalde estas afirmaciones ha sido presentada públicamente, más allá de videos de destrucción de embarcaciones publicados en redes sociales oficiales.

Este tipo de justificaciones improvisadas recuerdan las prácticas más oscuras de la política global hegemónica: acusar sin pruebas, matar sin responsabilidad y luego presentar los resultados como “éxitos estratégicos” o “defensa de la seguridad nacional”. La ausencia de transparencia recuerda que estas operaciones se realizan fuera de cualquier marco legal claro y supervisión internacional efectiva.

La lógica no es mejorar la seguridad regional, sino plantar la bandera de la violencia estatal como herramienta de dominación, sin importar que eso suponga violar el derecho internacional, matar civiles o convertir vastas áreas del Caribe en campos de exterminio improvisados.

EL PETRÓLEO VENEZOLANO REINSERTADO EN LOS INTERESES DEL CAPITAL

En paralelo a esta intensificación militar, la administración de Donald Trump ha dado otro paso que profundiza aún más la mercantilización y el control imperialista sobre los recursos naturales de Venezuela.

A finales de enero y principios de febrero de 2026, el gobierno estadounidense ha levantado importantes sanciones que pesaban sobre la industria petrolera venezolana, abriendo la puerta a que grandes compañías energéticas reanuden operaciones y transacciones comerciales con Caracas. Entre las firmas autorizadas figuran gigantes como Repsol, Chevron, BP, Eni y Shell, que ahora pueden participar en actividades de venta, transporte, refinación y otros negocios relacionados con el petróleo venezolano, incluida la posibilidad de firmar contratos directos con PDVSA, la petrolera estatal venezolana.

La decisión, encabezada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (OFAC), marca un giro radical respecto al estricto régimen sancionador previo. Las nuevas licencias permiten que estas compañías realicen transacciones que antes estaban prohibidas y han sido acompañadas por viajes oficiales, como el del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright a Caracas, para sellar una “agenda energética” bilateral con la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

Esta aparente “normalización” del comercio petrolero no puede entenderse fuera del contexto geopolítico y militar reciente: la captura de Maduro, la intervención estadounidense en Venezuela, la militarización del mar Caribe y ahora la reconfiguración económica del país. El levantamiento de sanciones energéticas no es un gesto de apertura altruista, sino una pieza más en el engranaje del capitalismo global: recursos naturales que antes eran fuente de soberanía son ahora reabsorbidos por corporaciones transnacionales bajo tutela militar y política de Washington.

Permitir a Repsol y otras grandes petroleras operar en Venezuela, sin garantías reales de beneficio para las comunidades locales ni mecanismos de control democrático, repite el patrón histórico de apropiación de materias primas mediante ingeniería política y militar. Las condiciones impuestas —contratos regidos por leyes estadounidenses y pagos a través de cuentas controladas por el Tesoro de EE.UU.— aseguran que, a largo plazo, la mayor parte de las ganancias y control estratégico no reviertan en el pueblo venezolano.

El imperialismo, disfrazado de lucha contra las drogas y de cooperación comercial, exhibe nuevamente su rostro verdadero: militarización de regiones empobrecidas, violación sistemática de derechos humanos y mercantilización descarada de recursos críticos, siempre al servicio de los intereses del capital global. Mientras tanto, vidas humanas siguen siendo contabilizadas como simples daños colaterales en una campaña que carece de legitimidad democrática y legal en el escenario internacional.