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El PP montó una operación parapolicial para protegerse de la corrupción. Y ahora su exministro del Interior se sienta ante el juez intentando convencer a todo el mundo de que los mensajes, los confidentes y los fondos reservados eran poco menos que una coincidencia.

Kitchen no fue una novela negra. Fue el Estado trabajando para un partido. Espiar a Bárcenas. Robar pruebas. Tapar la caja B. Mientras hablaban de democracia y patriotismo desde los platós y las ruedas de prensa. Qué casualidad.

Y ojo al detalle: la Fiscalía pide 15 años de prisión para Fernández Díaz como máximo responsable político de la operación. Pero todavía hay quien quiere vender esto como “unos policías descontrolados”. Claro. Policías descontrolados con fondos reservados, chóferes infiltrados y ministros mandando mensajes.

Lo contamos todo aquí. Sin maquillaje. Sin el relato cómodo de siempre.

Hay algo especialmente turbio en todo esto. Muy turbio.

Una trama que empezó destapando las cloacas del PP y las grabaciones de Villarejo acaba señalada por intentar buscar basura contra fiscales, jueces y guardias civiles que investigaban corrupción vinculada al PSOE. La Audiencia Nacional ya habla de posible organización criminal, sobornos y maniobras contra instituciones del Estado.

Y en medio aparecen nombres, audios, dinero, chantajes y frases que parecen sacadas de un thriller político. Pero no. Es España.

Porque el problema no son solo las cloacas. El problema es cuando quienes prometían desmontarlas terminan jugando con las mismas herramientas.

Otra vez Ferraz en el centro. Otra vez reuniones, pagos, intermediarios y maniobras alrededor de investigaciones judiciales. Y esta vez no lo dice un tertuliano ni una filtración interesada. Lo dice la Audiencia Nacional.

El juez ya no sitúa el foco solo en Leire Díez. El auto apunta directamente a estructuras y dirigentes del PSOE. Santos Cerdán aparece señalado como pieza clave de una estrategia para “desestabilizar” causas judiciales que afectaban al partido y al Gobierno.

39 reuniones. Al menos 22 en Ferraz. Pagos, viajes y contactos con fiscales, guardias civiles y empresarios. El relato judicial empieza a dibujar algo mucho más grande de lo que se quiso contar al principio.

Hay algo especialmente incómodo en todo esto. Porque muchas de las prácticas que el PSOE denunció durante años contra las cloacas del Estado aparecen ahora reflejadas en una investigación que golpea a su propio entorno político.

Borja Iglesias ha dicho algo bastante simple: que estrechar la mano de Trump le generaría un conflicto. Y con eso ya ha conseguido enfadar a toda esa gente que pide “libertad de expresión” siempre que nadie diga nada incómodo.

El problema no es el fútbol. Bueno, sí. También. El problema es esta obsesión por fabricar deportistas mudos, perfectamente patrocinables, sin opinión y sin humanidad. Robots con botas. Porque en cuanto uno habla de valores, de política o de dignidad, saltan los mismos de siempre a decir que “mezcla deporte y política”. Como si los Mundiales, la FIFA y las fotos con presidentes fueran neutrales.

Borja Iglesias no incendió nada. Ni siquiera fue especialmente duro. Pero dejó una frase que retrata perfectamente el momento: “Lo que me pide el cuerpo difiere del protocolo”.

Y ahí está todo.

Luis Tosar dijo en televisión pública algo que muchos llevan años intentando maquillar: que hay chavales reivindicando a Franco mientras se normalizan discursos machistas, rancios y reaccionarios como si fueran “rebeldía”. Y no lo dijo desde el postureo. Lo dijo preocupado. De verdad.

Quizá por eso molestó tanto.

Porque cuando uno de los actores más respetados del cine español habla del avance de la ultraderecha entre adolescentes, ya no pueden esconderse detrás del “son cuatro trolls de internet”. No. Hay algo pasando. Y llevamos demasiado tiempo mirando para otro lado.

La SER ya no parece estar cambiando de voces. Parece estar cambiando de dueño político.

La salida de Àngels Barceló no es solo una noticia de radio. Es una señal. Cuando en una redacción empiezan las reuniones discretas, las órdenes sobre qué temas conviene bajar y las frases tipo “menos novio de Ayuso”, el problema ya no es de parrilla. Es de poder. De quién manda. De quién decide qué se cuenta y qué se tapa suavemente para no molestar demasiado. PRISA gira, Oughourlian aprieta y la SER se enfrenta a una pregunta incómoda: ¿sigue siendo una emisora con periodistas o empieza a ser una marca con instrucciones?

No fue por preguntar.

Vito Quiles se queda 3 meses sin credencial de prensa en el Congreso. Y no, no es censura. Es el resultado de grabar sin permiso, perseguir a Zapatero por los pasillos, publicar imágenes consideradas obtenidas ilícitamente y acumular más de una decena de procedimientos abiertos por saltarse las normas. Lo que algunos llaman “libertad de expresión” empieza a parecerse demasiado a barra libre para intimidar. El Congreso no es un plató ultra. Y el periodismo no es una excusa para convertir el acoso en contenido.

Aznar ha vuelto a hacerlo.

25 segundos de vídeo, una frase y toda una forma de entender el poder: “el que pueda hacer, que haga”.

No dijo casi nada. Y lo dijo todo. Porque cuando Aznar habla de “hacer” no está pensando en la gente peleando por la sanidad pública, por la vivienda o por llegar a fin de mes. Está llamando a filas a quienes tienen influencia, contactos, despacho, toga, micrófono o dinero.

La derecha no necesita siempre gritar. A veces le basta con una contraseña.

Y esta vez la contraseña llega en plena tormenta por el caso Plus Ultra, con Zapatero imputado, Felipe González pidiendo elecciones y el bloque conservador oliendo sangre política. Viejos expresidentes, viejas redes, viejas ganas de mandar aunque no les toque.