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La denuncia recoge desde ingresos inflados a irregularidades en la reforma de su sede.
Una denuncia por presunta financiación ilegal, blanqueo, organización criminal, administración desleal y malversación ha caído como una losa en la formación de extrema derecha Vox. Un partido político de ámbito nacional de reciente creación que se define como «Pragmático y Transversal», Alianza Cívica, acaba de presentar este jueves ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas esta demanda.
El escrito de la denuncia está firmado por la presidenta de la formación, Herenia Trillo, e incorpora 19 anexos, algunos de los cuales contienen información interna que todo indica ha sido aportada por antiguos militantes y uno de ellos, Juan Jara, exvicepresidente del partido, se declara dispuesto a declarar.
En la demanda se relatan una serie de hechos supuestamente delictivos, conocidos en base a «diferentes fuentes», y que a juicio de los demandantes podrían suponer «pruebas o indicios de diversos delitos en relación a las cuentas del partido político Vox», tal y como recogen diarios como Infolibre o ElDiario.es, quienes han tenido acceso al escrito.
La denuncia asegura, asimismo, que el líder de la formación ultra, Santiago Abascal, era conocedor de algunas supuestas prácticas ilegales como la «venta encubierta de mercadotecnia».
Reforma de la sede
El alquiler de la anterior sede del partido por una empresa vinculada a su vicepresidente y cuya reforma «no reflejan» las cuentas del partido es uno de los puntos que recoge la denuncia. Según se explica en el texto, «el inmueble, de 387 metros cuadrados, es propiedad de la sociedad mercantil Coravest SL, cuyas últimas cuentas disponibles datan de 2017 y reflejan nula actividad al carecer de un solo euro de cifra de negocio y ningún empleado contratado».
«Sin embargo, la empresa acometió en 2018 una ampliación de capital por 160.000 euros de la que el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) dio cuenta el 12 de diciembre de 2018», añaden
El escrito recoge que Coravest SL está vinculada al vicepresidente primero de Vox en aquel momento, Víctor González Coello de Portugal, que «de acuerdo al Registro Mercantil, ocupa el cargo de apoderado solidario mancomunado y que escrituró la compra del local objeto de arrendamiento el 27 de septiembre, menos de un mes antes de alquilarlo a la formación política».
La denuncia argumenta lo siguiente: «Vox habría sufragado de forma encubierta la reforma del local propiedad de la sociedad administrada por su vicepresidente primero, asumiendo sus costes y revalorizando el inmueble además de facilitar su posterior e inmediato alquiler por una entidad afín, que además emplearía a cargos de Vox en su actividad».
Ingresos inflados
La denuncia también se hace eco del desfase de ingresos que Vox declara por cuotas de afiliación y del censo que aseguró tener durante el proceso de primarias celebradas en septiembre de 2020. Vox convocó elecciones internas ese año en todas aquellas provincias que, según sus estatutos, contaban con más de 500 afiliados. Los aspirantes necesitaban el aval de un 10% de la militancia de su provincia para poder presentar su candidatura y «para tal fin, el partido hizo públicas las cifras de afiliados en las 19 provincias que pasaban el corte, revelando una pérdida de militantes que en el mejor de los casos ascendía a más de 7.000 respecto a los declarados por el partido en 2019», según el escrito.
La demanda afirma que «se totalizaron, según el censo, 28.790 afiliados. Incluso si las 33 demarcaciones restantes que no alcanzaron el corte tuvieran 499 afiliados cada una, la suma daría 16.467 militantes, por lo que, en total y en el mejor de los casos, Vox tendría 45.257 afiliados en el mes de septiembre, frente a los 52.407 que decía tener a finales del año 2019».
Recuerda el texto que «el censo de afiliados, tal y como admitió el partido, fue auditado externamente durante las primarias de septiembre para garantizar el proceso electoral, del mismo modo que podía ser consultado por la militancia durante dicho periodo, por lo que no cabe error en esa cifra». Todo ello les lleva a deducir que la formación de Abascal declaró «unas cifras de afiliación deliberadamente infladas».
Mercadotecnia
La denuncia señala «razonables indicios de falseamiento en las contabilidades del partido que desglosan los ingresos de sus agrupaciones locales, computándolas anualmente en las provincias donde la formación tiene presencia» y que «podrían enmascarar ingresos procedentes de fuentes no declaradas o de origen indeterminado».
El escrito pone de ejemplo casos como los de Alicante, Albacete o Barcelona y aclara que «el partido exige a los coordinadores locales la compra directa a la organización de Vox en Madrid del material de las mesas informativas, que deberán reembolsar a la formación como si de un crédito se tratase, mediante la devolución de los beneficios que se obtengan por la venta de merchandising, debidamente disfrazados de donaciones al partido a sabiendas de que se trata en realidad de una actividad mercantil habitual, expresamente prohibida en la ley de financiación de partidos políticos».
«La venta encubierta de mercadotecnia para presuntamente eludir los controles que estipula la ley ha sido constatada por los más altos cargos del partido, como Carlos Aurelio Caldito, exvicepresidente de Vox en Badajoz o el señor D. Juan Luís Jara Delgado, quien ostentaba en el año 2016 el cargo de vicepresidente primero de Vox», señala la denuncia.
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