Cristina Seguí, fundadora de Vox, condenada por difamación: el precio de la propaganda ultra 

La agitadora ultra acumula condenas por injurias, difamación y humillación a víctimas

La justicia, aunque lenta, sigue desenmascarando la maquinaria de odio y desinformación que alimentan figuras de la extrema derecha en España. La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado una condena contra Cristina Seguí por un delito de injurias graves con publicidad tras difamar a la aerolínea Plus Ultra, acusándola falsamente de estar vinculada al narcotráfico. Seguí, una de las fundadoras de Vox en València y habitual en los medios ultraderechistas, no solo tendrá que pagar una multa de 1.800 euros, sino que deberá difundir la sentencia en las mismas plataformas donde sembró sus acusaciones falsas.

Mientras el aparato de la ultraderecha sigue explotando la mentira como herramienta política, la justicia empieza a trazar líneas rojas. Cristina Seguí no solo ha sido condenada por esta difamación: ya arrastra una pena de 15 meses de prisión por humillar a una niña víctima de una violación. Un patrón claro de violencia simbólica y desinformación que, aunque rentable en términos de audiencia y clicks, empieza a chocar con las consecuencias legales.

LA ESTRATEGIA DE LA MENTIRA Y EL ODIO

En octubre de 2021, Seguí lanzó una serie de mensajes en Twitter (ahora X) asegurando que la aerolínea Plus Ultra estaba implicada en el tráfico de drogas. Estas acusaciones se hicieron apenas unos meses después de que el Gobierno rescatara a la compañía con 53 millones de euros a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para evitar su quiebra durante la pandemia. La narrativa conspirativa fue reforzada en el canal de Javier Negre, Estado de Alarma, donde Seguí llegó a afirmar que Plus Ultra estaba siendo usada para operaciones de narcotráfico dirigidas por un general de Guinea-Bissau buscado por la DEA.

Pero las acusaciones eran falsas. El juzgado que investigó el rescate descartó cualquier indicio de ilegalidad en la actuación de Plus Ultra o de la SEPI, archivando el caso. Sin embargo, la maquinaria mediática ultra ya había hecho su trabajo: la mentira había calado y la indignación, aunque infundada, había sido rentable para la narrativa ultraderechista.

«Se trata de informaciones difundidas sin las mínimas diligencias de contraste de acuerdo con las pautas profesionales y sin prueba alguna de su veracidad», recoge la sentencia. Los jueces concluyeron que Seguí no solo no contrastó la información, sino que actuó con «dolo directo», es decir, con la intención consciente de difamar. Los periodistas que testificaron en el proceso desmintieron haber publicado las informaciones en las que Seguí aseguraba basarse.

El fallo de la Audiencia es claro: no fue un error, fue una estrategia de manipulación consciente. El patrón se repite una y otra vez en el ecosistema mediático ultra: sembrar la duda, crear indignación y movilizar políticamente en base a falsedades. El hecho de que Seguí tuviera que recurrir a «Estado de Alarma» para difundir su discurso ya dice mucho de la falta de credibilidad y rigor de este espacio, dirigido por otro habitual del bulo como Javier Negre.

EL COSTE DE LA PROPAGANDA ULTRA

La condena por difamar a Plus Ultra es solo la última de una larga lista de episodios judiciales en los que Cristina Seguí ha estado implicada. El caso más grave es su condena a 15 meses de prisión por humillar públicamente a una niña víctima de una violación. El patrón es el mismo: explotar el dolor y la tragedia con fines políticos, utilizando a las víctimas como munición para alimentar el odio y la polarización.

Lo que resulta más preocupante es el efecto real de esta estrategia de desinformación: internamientos terapéuticos, acoso y estigmatización de las víctimas. La difusión de mentiras en redes sociales y medios ultra no solo destruye reputaciones, sino que deshumaniza y revictimiza a quienes ya han sufrido violencia.

La justicia, sin embargo, empieza a dar respuesta. La sentencia no solo obliga a Seguí a pagar la multa de 1.800 euros, sino también a publicar el fallo en las mismas plataformas donde difundió las mentiras: su cuenta de Twitter y el canal de Javier Negre en YouTube. Una medida que busca restaurar parcialmente el daño reputacional causado a Plus Ultra.

La condena a Seguí confirma lo que ya es un patrón estructural en la extrema derecha: la mentira y el odio como modelo de negocio. Seguí y Negre son solo dos piezas de un entramado mucho más amplio que explota la desinformación y el discurso del odio para consolidar poder y movilizar votos. La diferencia ahora es que, aunque tarde, la justicia empieza a dar respuesta. Y una condena detrás de otra, el castillo de mentiras empieza a resquebrajarse.