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DERECHOS Y LIBERTADES

El Congreso aprueba por mayoría absoluta la primera ley de protección a la infancia 

El pleno respalda el dictamen de la norma que alarga la prescripción de la pederastia o blinda el derecho de los menores a ser escuchados en los procedimientos que les afectan. Ahora deberá seguir su trámite en el Senado

El Congreso ha aprobado por 268 votos a favor, 57 en contra y 16 abstenciones la ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, conocida como Ley Rhodes, la primera norma en el ámbito estatal que protege a los menores frente a las distintas formas de violencia.

La iniciativa legislativa, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, «se ha enriquecido» durante su tramitación en la Cámara Baja con la incorporación de más de 200 enmiendas, de las cuales más de 70 han sido transaccionadas.

La norma recoge que el plazo de prescripción de los delitos graves contra menores no empezará a correr hasta que la víctima haya cumplido 35 años y no 18 como ahora, crea unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad, y fomenta la formación para jueces y fiscales en esta materia. Asimismo, establece la obligatoriedad de la prueba preconstituida hasta los 14 años para evitar la revictimización.

El texto prohíbe la aplicación del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), una teoría acientífica que se utiliza en procesos de separación para retirar la custodia de los hijos a las madres; elimina la posibilidad de la guarda conjunta en caso de que existan indicios de violencia de género; e incluye un nuevo artículo específico para proteger a la infancia en las situaciones de violencia de género en el ámbito familiar.

Con Vox en contra

Todos los grupos a excepción de la ultraderecha de Vox han celebrado el paso adelante que supone la norma, cuyo anteproyecto fue aprobado en segunda lectura el pasado verano por el Consejo de Ministros. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha intervenido al final del debate en el Pleno en nombre del Gobierno y ha destacado que el texto «tiene un cometido fundamental», el de «mandar un mensaje claro y promover un cambio de paradigma como el que ya promovió la Ley contra la Violencia de Género en 2004».

Porque «una sociedad democrática no puede ni por activa ni por pasiva tolerar la violencia hacia los niños», ha manifestado antes de acusar a la Iglesia ante las quejas de la bancada popular de ser «cómplice en demasiadas ocasiones» al «encubrir la violencia sexual», señaló.