El pleno respalda el dictamen de la norma que alarga la prescripción de la pederastia o blinda el derecho de los menores a ser escuchados en los procedimientos que les afectan. Ahora deberá seguir su trámite en el Senado
El Congreso ha aprobado por 268 votos a favor, 57 en contra y 16 abstenciones la ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, conocida como Ley Rhodes, la primera norma en el ámbito estatal que protege a los menores frente a las distintas formas de violencia.
La iniciativa legislativa, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, «se ha enriquecido» durante su tramitación en la Cámara Baja con la incorporación de más de 200 enmiendas, de las cuales más de 70 han sido transaccionadas.
La norma recoge que el plazo de prescripción de los delitos graves contra menores no empezará a correr hasta que la víctima haya cumplido 35 años y no 18 como ahora, crea unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad, y fomenta la formación para jueces y fiscales en esta materia. Asimismo, establece la obligatoriedad de la prueba preconstituida hasta los 14 años para evitar la revictimización.
El texto prohíbe la aplicación del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), una teoría acientífica que se utiliza en procesos de separación para retirar la custodia de los hijos a las madres; elimina la posibilidad de la guarda conjunta en caso de que existan indicios de violencia de género; e incluye un nuevo artículo específico para proteger a la infancia en las situaciones de violencia de género en el ámbito familiar.
Con Vox en contra
Todos los grupos a excepción de la ultraderecha de Vox han celebrado el paso adelante que supone la norma, cuyo anteproyecto fue aprobado en segunda lectura el pasado verano por el Consejo de Ministros. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha intervenido al final del debate en el Pleno en nombre del Gobierno y ha destacado que el texto «tiene un cometido fundamental», el de «mandar un mensaje claro y promover un cambio de paradigma como el que ya promovió la Ley contra la Violencia de Género en 2004».
Porque «una sociedad democrática no puede ni por activa ni por pasiva tolerar la violencia hacia los niños», ha manifestado antes de acusar a la Iglesia ante las quejas de la bancada popular de ser «cómplice en demasiadas ocasiones» al «encubrir la violencia sexual», señaló.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
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THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
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