Los vecinos se hartan: las comunidades de propietarios cambian en avalancha los estatutos para prohibir los pisos turísticos 

El hecho de que las comunidades de vecinos tengan que enfrentarse solas a esta problemática refleja la incapacidad de los gobiernos para legislar de manera efectiva en favor del bienestar ciudadano.

EN 3 CLAVES

1. El 80% de las consultas a los administradores de fincas en Madrid están relacionadas con la prohibición de pisos turísticos.
2. La modificación de la Ley de Propiedad Horizontal de 2019 permite limitar los pisos turísticos, pero no garantiza su prohibición total, generando confusión en los tribunales.
3. El Gobierno sigue sin poner freno al problema de los alquileres turísticos, dejando en manos de las comunidades de vecinos la difícil tarea de regular esta actividad.

La transformación de las ciudades españolas en parques temáticos para turistas sigue imparable. Mientras las y los vecinos ven cómo la tranquilidad de sus barrios es devorada por el ruido, el trasiego de maletas y la especulación inmobiliaria, el Gobierno no parece dispuesto a frenar el desastre. Ahora, las comunidades de vecinos tienen que recurrir a un complejo entramado legal para prohibir lo que, en cualquier sociedad con una mínima sensibilidad social, ya debería estar controlado por la Administración, tal y como cuenta El Economista.

Los pisos turísticos, que una vez fueron una solución temporal para aprovechar una habitación libre o rentabilizar un inmueble sin uso, se han convertido en un verdadero cáncer para las ciudades. El modelo de alquiler vacacional ha dado lugar a la expulsión de familias enteras de sus barrios de toda la vida, aumentando los precios de alquiler hasta niveles inasumibles. No es raro ver cómo los y las vecinas pierden poco a poco su derecho a vivir en una ciudad para dejar espacio a quienes llegan por unos días con una maleta y un presupuesto para gastar en tapas y cerveza barata.

CAMBIOS LEGALES IMPULSADOS POR EL HARTAZGO VECINAL

El artículo 17 de la Ley sobre Propiedad Horizontal, modificado en 2019, supuso un parche que, aunque útil, llega tarde. El Gobierno, en lugar de asumir su responsabilidad de regular una actividad que está transformando los barrios en gigantescos bloques de apartamentos turísticos, delega en las comunidades de propietarios la tarea de frenar este fenómeno. Es absurdo que sean las y los vecinos quienes deban organizarse y modificar sus estatutos para defenderse del negocio inmobiliario y turístico.

Este cambio permite que las comunidades, con una mayoría de tres quintos, puedan limitar o condicionar los pisos turísticos. Sin embargo, aún está en el aire si esta modificación realmente otorga el poder de prohibirlos por completo. Mientras algunos jueces interpretan la ley como una herramienta para frenar la expansión de estos pisos, otros consideran que prohibir no entra dentro de las competencias que establece la norma. El resultado es una batalla legal que se extiende en el tiempo, mientras las y los propietarios de pisos turísticos siguen llenando sus bolsillos a costa del descanso y la estabilidad vecinal.

Mientras tanto, los administradores de fincas, como señala Patricia Briones, abogada y secretaria técnica del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, están desbordados. Las consultas sobre cómo modificar los estatutos de las comunidades no dejan de aumentar, lo que revela el malestar creciente de quienes ya no pueden soportar más el impacto de los turistas en su día a día.

Pero esta no es una cuestión meramente jurídica. El hecho de que las comunidades de vecinos tengan que enfrentarse solas a esta problemática refleja la incapacidad del Gobierno para legislar de manera efectiva en favor del bienestar ciudadano. Y mientras tanto, los grandes inversores y propietarios de pisos turísticos encuentran siempre la forma de sortear las restricciones, en muchos casos argumentando que desconocían las normativas vigentes. Porque, claro, en un país donde el dinero siempre parece encontrar el camino más corto hacia sus objetivos, la protección vecinal queda relegada a un segundo plano.

UN GOBIERNO AL SERVICIO DEL LOBBY TURÍSTICO

No solo es preocupante la pasividad del Gobierno frente a este problema, sino que además parecen más interesados en favorecer a los propietarios que a las y los vecinos que sufren las consecuencias. El Proyecto de Ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia, actualmente en trámite, sigue abriendo la puerta a la actividad turística en las nuevas viviendas que se incorporen al mercado. Esto significa que, de nuevo, serán las comunidades quienes tengan que decidir si permiten o no la instalación de pisos turísticos en sus edificios.

Lo más llamativo es que este cambio no afectará a las viviendas que ya están funcionando como alquileres turísticos. En lugar de poner coto a quienes ya están lucrándose de manera desmesurada, el Gobierno prefiere mirar hacia otro lado y dejar que el negocio siga su curso. Mientras tanto, miles de personas en toda España no pueden permitirse una vivienda en alquiler porque los precios han sido inflados por esta dinámica especulativa.

El turismo, en su versión más salvaje, está destruyendo el tejido social de nuestras ciudades. En barrios donde antes se escuchaban las conversaciones cotidianas de las y los vecinos, ahora solo se escucha el eco de las maletas arrastradas por el pavimento y las risas de quienes están de paso. Los comercios locales que han dado vida a estas zonas durante décadas desaparecen, sustituidos por tiendas de souvenirs y bares de moda.

Y si el Gobierno no actúa, si no se toman medidas efectivas para proteger a quienes realmente habitan y construyen la vida de los barrios, entonces habremos perdido la batalla por nuestras ciudades. Porque no estamos hablando solo de pisos turísticos, estamos hablando de un modelo de ciudad que expulsa a sus habitantes para dejar espacio al negocio.

Si se permite que esto continúe, las ciudades españolas se convertirán en gigantescos escaparates para el consumo rápido y desechable. Y cuando eso ocurra, ya no habrá marcha atrás.