Colombia elimina la imputación por interrumpir su embarazo hasta la semana 24.
Ninguna mujer colombiana podrá volver a ser juzgada por interrumpir su embarazo hasta la semana 24. La Corte Constitucional del país ha decidido, por cinco votos a favor y cuatro en contra, retirar el delito de aborto del código penal en ese plazo, aunque no ha logrado una mayoría para la despenalización total.
El trámite comenzó hace un año y medio a raíz de las organizaciones feministas, que han luchado contra la criminalización del abordo por la que son juzgadas unas 400 mujeres anualmente.
La decisión de este lunes llenó los alrededores de la Corte de cientos de personas que han celebrado el fallo: “¡América Latina será toda feminista!”.
La Corte informó del fallo en un comunicado en el que “exhortó” al Congreso y al Gobierno a legislar y garantizar que la decisión se cumpla en el menor tiempo posible.
Cabe recordar que hasta ahora Colombia solamente permitía el aborto en tres supuestos, violación, malformación del feto incompatible con la vida o riesgo para la salud física o mental de la mujer. Algo que fue aprobado en 2006 y que contemplaba el delito en caso de interrupción del embarazo fuera de estos casos.
En la práctica, explican desde El País, la posibilidad de una condena ha frenado el acceso al aborto legal y seguro. “El miedo a ser denunciadas separó a lo largo de estos 15 años a miles de mujeres de las clínicas legales, incluso encontrándose dentro de las causales. La mayoría de las demandas por el delito de aborto han partido del propio sistema de salud -entre el 59 y el 70% de las denuncias son de sanitarios- lo que siempre mandó un mensaje que se leyó como un “aquí no vengan”, explica Mariana Ardila, abogada de Women’s Link, una de las organizaciones que integran Causa Justa”.
“Ganan las mujeres”, aseguraron las demandantes tras conocerse la decisión. Los sucesivos gobiernos colombianos nunca han entrado de lleno a legislar un tema que ni consideran prioritario ni les resulta beneficioso por la controversia que genera en la calle y ha sido la justicia la que ha dictaminado la nueva legislación.
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