Blackwater en Ecuador: Noboa convierte la seguridad pública en negocio mercenario 

La alianza con Erik Prince no defiende la soberanía ecuatoriana: abre la puerta a privatizar la violencia del Estado bajo el disfraz de la seguridad.

CUANDO LA GUERRA INTERNA SE PONE EN MANOS PRIVADAS

Cuando un presidente llama a Blackwater, no está defendiendo la soberanía. Está poniendo la violencia pública en manos privadas. Y eso, en Ecuador, no es un detalle técnico ni una ocurrencia de campaña. Es una señal política. Una muy fea.

Daniel Noboa anunció en marzo de 2025 una “alianza estratégica” con Erik Prince, fundador de Blackwater, para reforzar la lucha contra el “narcoterrorismo” y proteger el espacio marítimo frente a la pesca ilegal. La frase suena limpia, casi administrativa. Seguridad, crimen organizado, cooperación, control. Ya conocemos ese idioma. Es el idioma con el que se privatizan las guerras, se blindan los negocios y se vende como eficiencia lo que en realidad es renuncia democrática.

Ecuador atraviesa una crisis brutal. Nadie serio debería negarlo. La violencia se ha disparado, las bandas se han multiplicado, los puertos son piezas centrales del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, y las y los ecuatorianos viven una inseguridad que no cabe en los discursos de salón. Entre enero y julio de 2025, Reuters informó de 5.268 homicidios, un 40,36% más que en el mismo periodo de 2024. La cifra es obscena. Pero precisamente por eso conviene decirlo claro: una crisis real no convierte cualquier respuesta en legítima.

Noboa ha elegido vestir la política de seguridad con uniforme, espectáculo y marca extranjera. Primero la retórica de guerra interna. Luego los estados de excepción. Después el modelo Bukele como aspiración de escaparate. Y ahora Erik Prince. Es decir, la idea de que el Estado, incapaz de garantizar derechos, puede subcontratar músculo, inteligencia y aura de mano dura a un empresario de la guerra. Eso no es seguridad pública. Es capitalismo de seguridad con bandera nacional.

Blackwater no es un nombre cualquiera. No es una consultora neutra ni una empresa de vigilancia de urbanización rica. Es la marca que quedó asociada a la privatización militar de la ocupación de Irak. El 16 de septiembre de 2007, contratistas de Blackwater mataron a civiles iraquíes en Nisour Square, Bagdad. La ONU calificó años después los indultos concedidos por Donald Trump a 4 contratistas condenados como una afrenta a la justicia. El dato importa. No es memoria lejana. Es expediente político.

Porque Prince no representa solo a una persona. Representa un modelo. La guerra como mercado. La seguridad como nicho. La vida de los pobres como terreno de ensayo. Cuando ese modelo entra en América Latina, no llega hablando de derechos humanos, prevención social, empleo juvenil, puertos transparentes, justicia eficaz o reforma policial. Llega hablando de enemigos internos. Llega prometiendo resultados rápidos. Llega ofreciendo lo que siempre ofrece la industria de la violencia: orden sin democracia.

EL NEGOCIO DE LA SEGURIDAD NO SALVA AL PUEBLO, LO ADMINISTRA

El problema no es solo quién es Prince. El problema es qué revela que Noboa lo llame. Revela que la élite ecuatoriana prefiere importar recetas de guerra antes que tocar las raíces materiales de la violencia. Puertos capturados por redes criminales, economía dolarizada bajo presión, desigualdad persistente, corrupción institucional, abandono de barrios, precariedad juvenil, cárceles convertidas en centros de poder criminal y un Estado que aparece tarde, mal y armado.

La derecha latinoamericana tiene una obsesión peligrosa: convertir cada crisis social en una excusa para ampliar el castigo. No mira la violencia como síntoma de un modelo roto. La mira como oportunidad para desplegar fuerza, disciplinar territorios y presentarse como autoridad. Noboa no inventa esa lógica. La actualiza con estética de CEO, marketing presidencial y alianzas que huelen a Washington, contratismo militar y negocios blindados.

Hay una pregunta que debería estar en el centro y casi nunca aparece: quién controla a quienes vienen a “asesorar”. Qué hacen. Qué datos manejan. A quién responden. Con qué límites. Bajo qué jurisdicción. Con qué mecanismos de rendición de cuentas. Qué ocurre si hay abusos. Qué papel tienen las y los jueces, la Asamblea, las defensoras y defensores de derechos humanos, las comunidades costeras, las familias de las víctimas y las organizaciones sociales. Porque cuando la violencia pública se privatiza, la democracia suele enterarse tarde. A veces por una masacre. A veces por una filtración. A veces por una madre buscando a su hijo.

El discurso oficial dirá que no se entregan competencias, que solo hay asesoría, que Ecuador necesita ayuda, que la pesca ilegal amenaza el espacio marítimo, que las mafias no entienden de buenas palabras. Todo eso puede sonar razonable en titulares. Pero la historia enseña otra cosa. La industria mercenaria siempre entra por la puerta de la urgencia. Se queda por la puerta del negocio. Y sale, cuando sale, dejando opacidad, dependencia y daño.

La conexión con Trump tampoco es decorativa. Prince ha orbitado durante años alrededor del ecosistema de la derecha estadounidense, ese universo donde lo público se desprecia hasta que puede convertirse en contrato privado. Trump indultó el 22 de diciembre de 2020 a contratistas de Blackwater condenados por los hechos de Irak. Esa decisión no fue solo clemencia. Fue un mensaje. A los mercenarios se les dijo que el poder político podía protegerles. A las víctimas se les dijo que su sangre valía menos que la lealtad ideológica.

Ecuador no necesita convertirse en un laboratorio más de esa doctrina. Necesita seguridad, sí. Seguridad para las familias trabajadoras, para las comunidades portuarias, para las y los jóvenes reclutados por bandas, para las mujeres que sostienen barrios enteros mientras el Estado llega con fusiles pero no con futuro. Necesita inteligencia financiera contra el lavado. Necesita depurar fuerzas de seguridad. Necesita perseguir a quienes blanquean capitales, no solo a quienes disparan en la calle. Necesita soberanía real, no soberanía declamada en ruedas de prensa mientras se abre la puerta a los viejos mercaderes de la guerra.

Porque la pregunta de fondo es brutal y sencilla. Si el Estado entrega su violencia a intereses privados, qué queda de la democracia. Si la seguridad se compra a empresarios con historial de guerra sucia, qué clase de paz se está construyendo. Si la respuesta al crimen organizado es importar la lógica de Irak, quién protege al pueblo del protector.

Cuando la seguridad pública se convierte en negocio, la ciudadanía deja de ser sujeto de derechos y pasa a ser territorio de operación.