Ayuso ha protagonizado una nueva crítica, que se ha avivado en redes sociales.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha intervenido este jueves en la Asamblea regional, donde ha sido cuestionada sobre la Ley de Patrimonio.
La dirigente, erigiéndose como la cabeza real del Partido Popular, haciendo énfasis en las tensiones en el seno del partido de la derecha y con su líder, Alberto Nuñez Feijóo, ha expuesto lo que hará el PP cuando llegue a la Moncloa después de las últimas elecciones generales.
“Estamos para proteger nuestra convivencia. Por eso, cuando tengamos mayoría en el Congreso de los Diputados, lo primero que vamos a hacer es eliminar la Ley de Memoria Democrática que se ha pactado con ETA, Bildu para acabar con la Transición Española”, ha expuesto.
Esto, ha afirmado, se debe a que considera que debe protegerse “tanto las vanguardias como las tradiciones”.
“Por eso con la nueva Ley de Patrimonio queremos proteger la cultura y los símbolos religiosos de la Comunidad de Madrid. También el estado de derecho, que es básico para garantizar la convivencia, prosperidad e inversión. Asimismo, protegemos la vida con políticas a favor de la familia y de la natalidad dentro de nuestras competencias y también la salud”, ha señalado.
Justamente ha interpuesto estas afirmaciones reafirmando la posición que se daba a conocer este pasado miércoles, que en concreto refiere a que la presidenta madrileña contempla la protección específica de la Cruz que preside el Valle de los Caídos dentro de la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid.
Dicha ley ahora deberá pasar a examen y superar las enmiendas que ya se han promovido desde la izquierda de la Asamblea.
El texto presentado por los populares introduce la “regulación sobre los llamados nuevos patrimonios”. En su artículo 73 se busca proteger “la arquitectura religiosa, incluyendo los calvarios tradicionales y las cruces, así como los elementos decorativos y bienes muebles relacionados directamente con el bien patrimonial a proteger”.
Las declaraciones de Ayuso han recibido centenares de críticas en redes:
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Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
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Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
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No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
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