No es un festival de música cuando se normaliza la guerra: es un escaparate blanqueado
España no estará en Eurovisión este año. Y no debería estar. No es una ausencia menor. No es una anécdota televisiva. Es una decisión política en el sentido más básico del término: elegir no participar en un espectáculo que ha decidido mirar hacia otro lado mientras se desarrollan conflictos armados con consecuencias devastadoras.
La 70ª edición del certamen, prevista para el 12 de mayo en Viena, se celebrará sin uno de sus pilares históricos. Más de 60 años de participación interrumpidos tras la decisión tomada el 4 de diciembre por RTVE. No es improvisado. No es caprichoso. Es una respuesta a la confirmación de que Israel seguiría compitiendo pese a la guerra en Gaza y la escalada con Irán.
Quien quiera reducir esto a “música” está simplificando una realidad que hace tiempo dejó de ser inocente. Eurovisión no es neutral. Nunca lo ha sido. Es poder. Es imagen. Es legitimación internacional envuelta en luces y coreografías.
LA FICCIÓN DE LA CULTURA NEUTRAL
Las palabras de Alaska han sido el mejor ejemplo de esa ficción. “Es un festival de música”, repite. Como si la cultura existiera en una cápsula aislada del mundo. Como si no hubiera precedentes. Como si en 2022 no se hubiera expulsado a Rusia tras la invasión de Ucrania. Como si entonces sí se entendiera que la cultura no puede ser cómplice.
No es ingenuidad. Es una forma de evasión. Una comodidad. Porque sostener que todo debe seguir igual permite no tomar posición. Permite consumir sin conflicto. Disfrutar sin incomodidad. Pero esa neutralidad no es real. Es una elección. Y suele favorecer siempre al mismo lado.
Cuando Alaska afirma que está en contra de todos los boicots porque son “exclusión”, está ignorando algo básico: la exclusión ya existe. Existe en los territorios bombardeados. Existe en quienes no pueden participar en nada porque están sobreviviendo. El boicot no crea esa exclusión. La señala.
Eurovisión no es un escenario vacío. Es un altavoz global. Participar implica legitimar. Salir implica marcar un límite. No hay más.
CUANDO LA CULTURA DEJA DE SER INOCENTE
La reacción política ha sido inmediata. Y en algunos casos, necesaria. El diputado del PSOE Víctor Camino lo expresó sin rodeos en este tuit, señalando lo que muchos piensan y pocos dicen: que la supuesta neutralidad cultural puede convertirse en una forma de banalizar el sufrimiento.
El mensaje es incómodo. Pero el momento lo exige. Porque no estamos hablando de una polémica menor. Estamos hablando de si es aceptable seguir participando en un evento que, en la práctica, normaliza la presencia de un país en guerra mientras se excluyó a otro hace apenas unos años.
Esa doble vara de medir es el problema. No la música. No el espectáculo. El problema es que el criterio cambia según convenga. Y cuando el criterio cambia, deja de ser cultura para convertirse en propaganda.
España ha decidido no jugar a eso. Y no está sola. Otros países han seguido el mismo camino. El resultado es evidente: la edición de 2026 será la de menor participación en más de dos décadas. No es casualidad. Es una grieta.
Quedarse habría sido más fácil. Seguir como si nada. Mandar una canción. Repartir puntos. Aplaudir. Pero también habría sido más cómodo para quienes prefieren que nada cambie. Para quienes necesitan que el espectáculo continúe intacto.
Salir tiene un coste. Siempre lo tiene. Económico. Mediático. Simbólico. España deja de formar parte del núcleo duro del festival. El Big Five pasa a ser Big Four. Menos influencia. Menos visibilidad. Menos poder dentro del formato.
Pero quedarse también tenía un coste. Uno más difícil de medir. El de normalizar lo inaceptable.
Este no es un debate sobre canciones. Es un debate sobre límites. Sobre qué estamos dispuestos a tolerar en nombre del entretenimiento. Sobre si la cultura puede seguir funcionando como si nada ocurriera.
No puede. No debería.
Porque cuando la música tapa el ruido de las bombas, ya no es cultura: es complicidad.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
¿Qué ocurre cuando las personas dejan de ser tratadas como seres humanos y pasan a utilizarse como herramientas políticas? En este nuevo #ReportajeSR de Spanish Revolution, Léa Gugelmann analiza a fondo la…
THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
El Pentágono ha dado un paso sin precedentes: poner la toma de decisiones y la estrategia militar en manos de la inteligencia artificial. Patricia Salvador te cuenta en este #ReportajeSR cómo, a…