Alabama vuelve a marchar porque Estados Unidos está desmontando el derecho al voto por la puerta de atrás 

La ultraderecha estadounidense ya no necesita tanques ni golpes de Estado: le basta con jueces afines, mapas electorales manipulados y un Tribunal Supremo dispuesto a vaciar la democracia desde dentro.

EL SUR DE EE.UU. VUELVE A SER EL LABORATORIO DE LA SUPRESIÓN DEL VOTO

Hay imágenes que deberían avergonzar a una democracia que presume de liderar el mundo libre. Miles de personas cruzando otra vez el puente Edmund Pettus en Selma, Alabama. Sindicatos. Activistas. Organizaciones por los derechos civiles. Jóvenes. Personas mayores que llevan décadas viendo cómo la historia se repite con otros disfraces. Y todo porque Estados Unidos vuelve a parecerse demasiado al país que prometió dejar atrás hace sesenta años.

El 16 de mayo, más de 250 organizaciones participaron en la movilización “All Roads Lead to the South”, una jornada de protesta organizada en Alabama contra los ataques republicanos al derecho al voto. La escena no es simbólica por casualidad. Selma fue el escenario del “Bloody Sunday” de 1965, cuando la policía golpeó brutalmente a quienes marchaban para exigir algo tan básico como poder votar sin ser perseguidas y perseguidos. Ahora se vuelve allí porque, según denuncian las organizaciones convocantes, el Partido Republicano y el Tribunal Supremo están desmontando pieza a pieza las protecciones conquistadas durante el movimiento por los derechos civiles.

Y no hablan de teorías. Hablan de hechos.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos acaba de permitir que Alabama vuelva a tener un mapa electoral con solo un distrito de mayoría negra de un total de siete, pese a que aproximadamente el 26% de la población del estado es negra. Traducido al lenguaje real: millones de personas racializadas ven reducido su peso político mediante ingeniería electoral diseñada para blindar el poder conservador aunque sus políticas sean impopulares. No es una anomalía. Es estrategia.

La sentencia del caso Louisiana v. Callais, dictada el mes pasado, ha supuesto otro golpe demoledor contra la histórica Ley de Derechos de Voto. Especialmente contra la famosa Sección 2, que permitía impugnar judicialmente mapas electorales discriminatorios. La extrema derecha judicial llevaba años buscando esto. Lo ha conseguido. Sin ruido militar. Sin uniformes. Con togas.

Mientras tanto, Tennessee ha aprobado nuevos mapas que fragmentan el único distrito de mayoría negra del estado. Missouri también ha validado rediseños dirigidos contra distritos demócratas. El patrón se repite una y otra vez: cuando ciertos sectores conservadores no pueden garantizar mayorías sociales, manipulan las reglas del juego. Así de simple.

Y luego hablan de fraude electoral. Siempre proyectando.

EL “NUEVO JIM CROW” YA NO SE ESCONDE

La frase más contundente de la movilización quizá la pronunció el legislador de Tennessee Justin Jones. Dijo que el Sur necesita “un frente unido” para enfrentarse a “esta nueva Confederación”. No es una comparación menor. Está acusando directamente a gobernadores y legisladores republicanos de intentar desmantelar las conquistas del movimiento por los derechos civiles. Y cuesta decir que exagera viendo lo que está ocurriendo.

Porque el problema no es únicamente el voto. Nunca lo fue.

La directora de Jobs With Justice, Erica Smiley, recordó algo que suele olvidarse deliberadamente: Jim Crow no solo atacó las urnas, también persiguió sindicatos, organización obrera y cualquier intento de democratizar el poder económico. Ahí está la clave. El derecho al voto y los derechos laborales siempre estuvieron conectados. Por eso tantos sindicatos participaron en la marcha de Alabama. Porque saben perfectamente que cuando las élites económicas logran debilitar la representación política de las clases populares, lo siguiente es deteriorar salarios, destruir servicios públicos y blindar privilegios.

La congresista Alexandria Ocasio-Cortez también señaló algo incómodo para el establishment estadounidense: cuando el voto negro está protegido, se financian escuelas, se amplía la sanidad y el país avanza socialmente. Y eso es exactamente lo que ciertos sectores llevan décadas intentando evitar. No porque odien solo a las minorías racializadas. También. Pero sobre todo porque temen perder el control político y económico.

Ese es el núcleo del asunto. El capitalismo estadounidense nunca terminó de reconciliarse con una democracia plenamente inclusiva. La tolera mientras no cuestione demasiado la acumulación de poder y riqueza. Cuando esa democracia amenaza ciertos intereses, aparecen los mapas electorales amañados, los jueces ultraideologizados y las campañas de miedo cultural. El manual de siempre. Más sofisticado. Más mediático. Igual de peligroso.

Lo más inquietante es que esta ofensiva no ocurre en los márgenes del sistema. Ocurre desde dentro de las instituciones. Desde el Tribunal Supremo. Desde parlamentos estatales. Desde gobernadores elegidos democráticamente que utilizan esa legitimidad para vaciar derechos fundamentales. Y eso debería hacer sonar todas las alarmas.

Porque cuando una democracia acepta que millones de personas puedan ver reducido artificialmente su peso político por motivos raciales o partidistas, deja de ser plenamente democrática. Empieza a convertirse en otra cosa. Una donde votar sigue existiendo, sí, pero cada vez importa menos quién vota y más quién dibuja las líneas del mapa.

Estados Unidos vuelve a marchar sobre las huellas de Selma porque sabe perfectamente lo que ocurre cuando el fascismo institucional aprende a disfrazarse de procedimiento legal.