Ahora toca recular 

Criminalizar la migración mientras se la necesita: el cinismo de un sistema que primero expulsa y luego mendiga mano de obra

Durante meses, la Administración de Donald Trump ha construido su relato político sobre una idea simple: cerrar fronteras, perseguir a las personas migrantes y convertir la migración en un problema de seguridad. Redadas, deportaciones, discursos incendiarios y una maquinaria institucional orientada a endurecer el acceso al país. Todo ello bajo una narrativa de control, soberanía y defensa del empleo nacional.

Pero incluso dentro de ese discurso, la propia administración ha reconocido la contradicción. Tal y como recogen varios análisis, Trump ha promovido el endurecimiento migratorio y las deportaciones masivas, mientras al mismo tiempo admite la necesidad de mano de obra agrícola. De hecho, su gobierno ha señalado el programa H-2A como una vía legal para que los agricultores contraten trabajadores extranjeros, dejando claro que el problema no es la migración, sino cómo se controla.

La realidad, siempre menos dócil que la propaganda, ha terminado imponiéndose. Ahora toca recular.

En 2026, distintos informes periodísticos han evidenciado que la represión migratoria ha generado un efecto directo sobre el sistema productivo. Como explica un reportaje basado en fuentes del sector agrícola, la escasez de trabajadores se ha agravado por las propias políticas del gobierno, obligando a facilitar la contratación de migrantes de forma discreta para evitar pérdidas masivas en las cosechas (ver análisis completo).

No por justicia. No por derechos. Por necesidad económica.

LA ECONOMÍA QUE NECESITA A QUIEN EXPULSA

El sector agrícola estadounidense depende estructuralmente de la mano de obra migrante. Según datos ampliamente citados en investigaciones del sector, alrededor del 40% de las y los trabajadores agrícolas en Estados Unidos son personas sin papeles (fuente). Es decir, el sistema productivo se sostiene, en gran medida, sobre cuerpos precarizados que el propio sistema se niega a reconocer plenamente.

Cuando la Administración intensifica las redadas y endurece el acceso al país, el efecto es inmediato: menos trabajadores disponibles, más miedo en los campos y cosechas que se quedan sin recoger. En 2026, informes del sector recogidos por medios internacionales señalan que cerca del 20% de las explotaciones agrícolas en California reportan escasez de mano de obra vinculada directamente a estas políticas (datos completos aquí).

El resultado no es ideológico. Es material. La comida no se recoge sola.

Ante esta situación, la respuesta del gobierno ha sido tan pragmática como reveladora. En lugar de revisar el modelo, ha optado por reforzar el uso del programa H-2A, ampliando su alcance pese a las dificultades internas. Correos internos del Departamento de Trabajo hablan incluso de tensión y desbordamiento administrativo para poder gestionar la demanda de mano de obra agrícola.

No se trata de reconocer derechos, sino de garantizar la producción.

El propio análisis del Real Instituto Elcano subraya que estas medidas buscan compensar los efectos negativos del endurecimiento migratorio, actuando como una corrección técnica más que como un cambio político (leer análisis).

EL NEGOCIO DE LA PRECARIEDAD LEGAL

Lo que está en juego no es solo una contradicción política. Es un modelo económico. Un sistema que necesita mano de obra barata, disponible y desprotegida. Y que gestiona la migración como una válvula: la cierra cuando conviene al discurso, la abre cuando lo exige el mercado.

La migración no se gestiona en función de los derechos humanos, sino de la rentabilidad.

El uso de visados temporales como el H-2A permite traer trabajadores y trabajadoras durante periodos concretos, sin estabilidad ni derechos plenos, y bajo una dependencia directa del empleador. Si protestan o exigen condiciones dignas, pueden ser reemplazadas. El mensaje es claro: trabajar sí, pertenecer no.

Esta lógica no es nueva, pero se ha intensificado en 2025 y 2026. La diferencia es que ahora la contradicción es demasiado evidente. Porque mientras se alimenta el miedo hacia las personas migrantes en el discurso público, se las necesita desesperadamente en la práctica económica.

Y esa tensión revela algo más profundo: el problema nunca fue la migración, sino quién controla las condiciones en las que se produce.

El sistema no rechaza a las personas migrantes. Rechaza su capacidad de exigir derechos. Por eso prefiere trabajadores temporales, invisibles y reemplazables. Por eso endurece las políticas mientras mantiene canales controlados de entrada.

Primero expulsan. Luego necesitan. Y finalmente traen de vuelta, pero en peores condiciones.

Porque cuando un sistema solo funciona explotando a quienes después criminaliza, deja de ser una contradicción para convertirse en una evidencia: la migración no es el problema, es el espejo que refleja cómo funciona realmente el poder.