A la cárcel con ellos: la negligencia que incendia España 

Mientras los montes arden, las instituciones juegan a esconder papeles y retrasar decretos. La impunidad se mide en hectáreas calcinadas y en vidas arruinadas.

UNA DÉCADA DE DESIDIA INSTITUCIONAL

El país vive la peor oleada de incendios en 30 años. No es un accidente ni una fatalidad meteorológica. Es el resultado directo de la inacción y la negligencia de administraciones que llevan décadas incumpliendo la Ley de Montes de 2003. Esa norma obliga a los municipios en zonas de alto riesgo a contar con planes de prevención. Muy pocos los tienen. Y donde existen, rara vez se aplican con rigor.

Desde agosto de 2022, tras otro verano devastador, las comunidades autónomas están obligadas a elaborar planes anuales de prevención, vigilancia y extinción. Pero en pleno agosto de 2025 la mayoría sigue sin cumplir. El Gobierno central, por su parte, debía aprobar un real decreto con criterios comunes. Tres años después, ese decreto sigue guardado en un cajón, encallado en excusas burocráticas y peleas competenciales.

La Fiscalía de Medio Ambiente, dirigida por Antonio Vercher, ya ha advertido: la ausencia de planes de prevención es un factor determinante en los incendios que arrasan miles de hectáreas. El Seprona investiga si los municipios afectados han incumplido su obligación legal. No se trata de un detalle administrativo: hablamos de responsabilidad penal. Vercher recuerda a los fiscales provinciales que pueden exigir condenas a alcaldes, consejeras, consejeros y ministros que, teniendo la obligación de actuar, no lo hicieron.

No se puede seguir reduciendo el debate a hectáreas quemadas. En O Courel, en Ourense y en Zamora-León, arden bosques que tardarán siglos en regenerarse. En Tres Cantos, Greenpeace denunció que no había plan de prevención pese a ser zona de riesgo. En cambio, Torrelodones, que sí lo tenía, ha resistido mucho mejor. La diferencia entre un municipio que cumple y otro que no se mide en bosques arrasados, casas quemadas y vidas amenazadas.

IMPUNIDAD POLÍTICA Y NEGOCIO DEL FUEGO

Desde 2018 Greenpeace denuncia la opacidad de las administraciones. Ni Ayuntamientos ni comunidades informan con claridad sobre si cuentan con planes. La Fiscalía lo sabe. El Gobierno lo sabe. Y todos los partidos lo saben, porque llevan años sentados en el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias. La negligencia no es un error, es una política de Estado.

El Ministerio de Transición Ecológica reconoce que desde noviembre de 2023 existe un borrador de real decreto. Pero han pasado casi dos años sin aprobarlo. Las comunidades autonómicas han maniobrado contra la norma porque les incomoda asumir responsabilidades y rendir cuentas. Alegan que es difícil hacer planes anuales, que el seguimiento podría derivar en responsabilidades legales. Exacto: de eso se trata. De que alguien responda.

En 2022 se aprobó un real decreto ley que advertía que el cambio climático y la transformación social y económica del medio rural harían los incendios cada vez más complejos. No era una hipótesis, era una certeza. Ese año fue, hasta ahora, el peor del siglo. Hoy, 2025, lo supera. ¿Qué hicieron en estos tres años? Nada. O peor: convirtieron la emergencia climática en una excusa para seguir sin actuar.

Los responsables políticos han repetido que “la extinción no basta”. Pero no invierten en prevención. Prefieren gastar millones en hidroaviones y brigadas improvisadas cuando el fuego ya está fuera de control, mientras los brigadistas trabajan con contratos temporales y sin medios suficientes. El negocio está en apagar, no en prevenir. Prevenir no da titulares ni permite repartir contratos a dedo.

La consecuencia está a la vista: España arde cada verano porque los gobiernos, autonómicos y central, no quieren cumplir la ley. Y mientras se repite el ciclo de la devastación, se blanquea la idea de que el fuego es inevitable. No lo es. Es estructural, pero sobre todo es político.

La negligencia institucional no se mide en informes, se mide en cenizas. Y quienes tenían la obligación de evitarlo deberían responder en los tribunales como responsables de una catástrofe anunciada. Si no hay planes, lo que hay es delito.