Mientras los montes arden, las instituciones juegan a esconder papeles y retrasar decretos. La impunidad se mide en hectáreas calcinadas y en vidas arruinadas.
UNA DÉCADA DE DESIDIA INSTITUCIONAL
El país vive la peor oleada de incendios en 30 años. No es un accidente ni una fatalidad meteorológica. Es el resultado directo de la inacción y la negligencia de administraciones que llevan décadas incumpliendo la Ley de Montes de 2003. Esa norma obliga a los municipios en zonas de alto riesgo a contar con planes de prevención. Muy pocos los tienen. Y donde existen, rara vez se aplican con rigor.
Desde agosto de 2022, tras otro verano devastador, las comunidades autónomas están obligadas a elaborar planes anuales de prevención, vigilancia y extinción. Pero en pleno agosto de 2025 la mayoría sigue sin cumplir. El Gobierno central, por su parte, debía aprobar un real decreto con criterios comunes. Tres años después, ese decreto sigue guardado en un cajón, encallado en excusas burocráticas y peleas competenciales.
La Fiscalía de Medio Ambiente, dirigida por Antonio Vercher, ya ha advertido: la ausencia de planes de prevención es un factor determinante en los incendios que arrasan miles de hectáreas. El Seprona investiga si los municipios afectados han incumplido su obligación legal. No se trata de un detalle administrativo: hablamos de responsabilidad penal. Vercher recuerda a los fiscales provinciales que pueden exigir condenas a alcaldes, consejeras, consejeros y ministros que, teniendo la obligación de actuar, no lo hicieron.
No se puede seguir reduciendo el debate a hectáreas quemadas. En O Courel, en Ourense y en Zamora-León, arden bosques que tardarán siglos en regenerarse. En Tres Cantos, Greenpeace denunció que no había plan de prevención pese a ser zona de riesgo. En cambio, Torrelodones, que sí lo tenía, ha resistido mucho mejor. La diferencia entre un municipio que cumple y otro que no se mide en bosques arrasados, casas quemadas y vidas amenazadas.
IMPUNIDAD POLÍTICA Y NEGOCIO DEL FUEGO
Desde 2018 Greenpeace denuncia la opacidad de las administraciones. Ni Ayuntamientos ni comunidades informan con claridad sobre si cuentan con planes. La Fiscalía lo sabe. El Gobierno lo sabe. Y todos los partidos lo saben, porque llevan años sentados en el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias. La negligencia no es un error, es una política de Estado.
El Ministerio de Transición Ecológica reconoce que desde noviembre de 2023 existe un borrador de real decreto. Pero han pasado casi dos años sin aprobarlo. Las comunidades autonómicas han maniobrado contra la norma porque les incomoda asumir responsabilidades y rendir cuentas. Alegan que es difícil hacer planes anuales, que el seguimiento podría derivar en responsabilidades legales. Exacto: de eso se trata. De que alguien responda.
En 2022 se aprobó un real decreto ley que advertía que el cambio climático y la transformación social y económica del medio rural harían los incendios cada vez más complejos. No era una hipótesis, era una certeza. Ese año fue, hasta ahora, el peor del siglo. Hoy, 2025, lo supera. ¿Qué hicieron en estos tres años? Nada. O peor: convirtieron la emergencia climática en una excusa para seguir sin actuar.
Los responsables políticos han repetido que “la extinción no basta”. Pero no invierten en prevención. Prefieren gastar millones en hidroaviones y brigadas improvisadas cuando el fuego ya está fuera de control, mientras los brigadistas trabajan con contratos temporales y sin medios suficientes. El negocio está en apagar, no en prevenir. Prevenir no da titulares ni permite repartir contratos a dedo.
La consecuencia está a la vista: España arde cada verano porque los gobiernos, autonómicos y central, no quieren cumplir la ley. Y mientras se repite el ciclo de la devastación, se blanquea la idea de que el fuego es inevitable. No lo es. Es estructural, pero sobre todo es político.
La negligencia institucional no se mide en informes, se mide en cenizas. Y quienes tenían la obligación de evitarlo deberían responder en los tribunales como responsables de una catástrofe anunciada. Si no hay planes, lo que hay es delito.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
¿Qué ocurre cuando las personas dejan de ser tratadas como seres humanos y pasan a utilizarse como herramientas políticas? En este nuevo #ReportajeSR de Spanish Revolution, Léa Gugelmann analiza a fondo la…
THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
El Pentágono ha dado un paso sin precedentes: poner la toma de decisiones y la estrategia militar en manos de la inteligencia artificial. Patricia Salvador te cuenta en este #ReportajeSR cómo, a…