Irlanda golpea al negocio colonial israelí midiendo cada euro 

La ley contra los productos de los asentamientos ilegales en Cisjordania llegará antes de mediados de julio, limitada a bienes y bajo la presión de Israel, Estados Unidos y los lobbies empresariales.

UNA LEY PEQUEÑA CONTRA UNA OCUPACIÓN GIGANTE

Irlanda quiere aprobar antes de mediados de julio una ley para restringir el comercio de bienes procedentes de los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada. Lo anunció el 26 de mayo la ministra de Exteriores, Helen McEntee, en una decisión que coloca otra vez a Dublín entre los gobiernos europeos más críticos con la guerra de Israel contra Gaza y con la expansión colonial en territorio palestino.

La medida no cae del cielo. El Gobierno irlandés prometió sancionar los asentamientos israelíes en octubre de 2024, pero el texto quedó atrapado entre dos presiones. Por un lado, la oposición que exigía ampliar la prohibición también al comercio de servicios. Por otro, los grupos empresariales internacionales que querían directamente enterrar la ley. Ahí está siempre la misma escena: cuando se habla de derechos humanos, todo el mundo asiente; cuando se toca una factura, aparecen los abogados, las patronales y los comunicados alarmistas.

Finalmente, el proyecto quedará limitado a bienes. El primer ministro Micheál Martin confirmó la semana pasada que extenderlo a servicios no era “implementable” ni “viable”. Traducido: el capital multinacional ha vuelto a marcar el borde de lo posible. La justicia llega hasta donde no molesta demasiado al negocio.

El impacto económico será mínimo. Según la Oficina Central de Estadísticas de Irlanda, la prohibición afectaría apenas a un puñado de productos importados desde territorios ocupados por Israel, como fruta, por valor de unos 200.000 euros al año, unos 234.660 dólares. Una cifra ridícula frente al tamaño del crimen político que pretende señalar. Pero precisamente por eso resulta tan reveladora la reacción. Israel se opone. Legisladores y legisladoras de Estados Unidos presionan. Los grupos empresariales se movilizan. No porque el golpe económico sea enorme, sino porque el gesto político abre una grieta.

Y las grietas dan miedo.

McEntee fue clara al justificar la medida. Dijo que Irlanda ha defendido una solución pacífica, pero que las últimas acciones del Gobierno israelí, el aumento de la violencia de colonos en Cisjordania y la continuidad de la violencia en Líbano demuestran que Israel no tiene voluntad de tomar ese camino. La frase importa. No habla de excesos aislados. Habla de una dirección política. De un Estado que avanza mientras negocia. Que ocupa mientras dice defenderse. Que castiga mientras exige comprensión.

EUROPA SABE LO QUE PASA, PERO SIGUE MIRANDO LA CUENTA DE RESULTADOS

La mayor parte de la comunidad internacional considera ilegales los asentamientos israelíes en Cisjordania según el derecho internacional. Israel lo niega, invocando vínculos históricos y bíblicos con la tierra y argumentos de seguridad. Es el viejo truco colonial: convertir la ocupación en destino, el despojo en relato y la violencia en necesidad estratégica.

La coalición ultraderechista que gobierna Israel ha facilitado una rápida expansión de los asentamientos. Algunos de sus ministros defienden abiertamente la anexión de Cisjordania. No es una sospecha. No es una interpretación retorcida. Es un programa político. Desde el inicio de la guerra en Gaza, en octubre de 2023, la violencia de colonos contra la población palestina en Cisjordania se ha disparado. Se multiplican los ataques, las expulsiones, el terror cotidiano. El objetivo es simple: hacer la vida imposible hasta que irse parezca la única forma de sobrevivir.

Irlanda espera aprobar la ley junto a Bélgica, Países Bajos y quizá Eslovenia, países que también se han comprometido a introducir prohibiciones. España ya ha aprobado restricciones similares y, según Reuters, es el único Estado miembro de la Unión Europea que lo ha hecho hasta ahora. Esa soledad dice bastante. Europa condena mucho mejor de lo que actúa.

La presión de Estados Unidos pesa especialmente sobre Irlanda. Un grupo de legisladores y legisladoras estadounidenses escribió el año pasado a Micheál Martin advirtiendo de que aprobar esta ley dañaría las relaciones entre ambos países y afectaría a empresas norteamericanas instaladas en Irlanda. No era una preocupación diplomática. Era un aviso económico con membrete político.

Irlanda es vulnerable a esa presión porque las multinacionales, principalmente estadounidenses, tienen un peso enorme en su economía y emplean aproximadamente al 11% de las trabajadoras y trabajadores del país. Ahí está el chantaje moderno, limpio, corporativo. No hace falta mandar tanques. Basta con recordar quién paga nóminas, quién mueve inversión, quién puede convertir una decisión ética en un problema de empleo.

Por eso esta ley es importante y limitada al mismo tiempo. Importante porque rompe la normalidad comercial con territorios ocupados. Limitada porque deja fuera los servicios, donde el poder empresarial se puso nervioso de verdad. Importante porque señala que no puede haber comercio inocente con un sistema de colonización. Limitada porque lo hace con el freno de mano puesto.

El problema de fondo no son los 200.000 euros en fruta. El problema es aceptar que la economía pueda seguir funcionando como si los asentamientos fueran simples direcciones postales y no piezas de una arquitectura de ocupación. El problema es permitir que las empresas hagan caja en territorios arrebatados mientras las cancillerías redactan comunicados de preocupación.

Irlanda da un paso. Pequeño, tardío, insuficiente, pero real. Y por eso molesta tanto. Porque en un continente acostumbrado a confundir prudencia con cobardía, incluso una sanción mínima puede sonar como una blasfemia contra el verdadero dios de la Unión Europea: el mercado.

Cuando hasta una prohibición de 200.000 euros provoca amenazas, queda claro que el problema nunca fue el comercio, sino quién tiene derecho a tocar los beneficios de la ocupación.