Resist.es lanza una campaña para frenar la invasión de centros de datos en Aragón 

La nueva burbuja tecnológica promete nube e inteligencia artificial, pero exige agua, energía, suelo público, privilegios fiscales y silencio vecinal.

Resist.es ha lanzado este 5 de mayo una campaña de recogida de firmas para exigir al Gobierno de Aragón una moratoria a la instalación de nuevos centros de datos de hiperescala. La iniciativa, dirigida al presidente aragonés Jorge Azcón, reclama abrir de una vez el debate que las grandes tecnológicas y los fondos de inversión prefieren evitar: qué territorio queda cuando la llamada economía digital aterriza como una industria extractiva más.

La campaña Pedimos freno a la invasión de los centros de datos en Aragón denuncia que estas instalaciones, vendidas como símbolo de innovación, están alimentando una nueva burbuja a costa del rural. No hablamos de una abstracción. Hablamos de infraestructuras gigantescas que alojan servidores para la nube, la inteligencia artificial y los grandes negocios digitales. Hablamos de suelo, de agua, de electricidad, de privilegios urbanísticos y de un modelo económico que vuelve a presentar el saqueo como progreso.

LA NUBE TAMBIÉN OCUPA TIERRA Y CONSUME AGUA

Durante años se ha vendido la digitalización como si fuera ingrávida. Como si los datos flotaran sin tocar el suelo. Como si la inteligencia artificial no necesitara ríos, cables, hectáreas, torres eléctricas y millones de litros de agua. Esa fantasía se cae en cuanto aparece el mapa real de los centros de datos. Y Aragón empieza a convertirse en uno de los laboratorios más agresivos de ese modelo.

Según denuncia la campaña, los centros de datos de hiperescala pueden consumir cientos de millones de litros de agua al año en una región marcada por el riesgo de sequía. No es un detalle técnico. Es una decisión política. Mientras se pide a la ciudadanía que ahorre, mientras el campo mira al cielo esperando lluvia, mientras las vecinas y vecinos soportan restricciones y discursos de responsabilidad, las grandes corporaciones reciben vía libre para instalar infraestructuras sedientas.

También consumen miles de GWh de energía eléctrica, una energía que podría destinarse a descarbonizar sectores productivos, mejorar servicios públicos o reforzar un tejido industrial útil para la población. La situación ya ha llegado a un punto obsceno: se ha aprobado una potencia 3 veces superior a la capacidad existente en Aragón. Dicho de forma sencilla: se está preparando la red para las necesidades de las grandes tecnológicas antes que para las necesidades reales del territorio.

La ocupación de suelo tampoco es menor. Estos proyectos necesitan cientos de hectáreas, muchas de ellas con alto valor agrario y ecosistémico. No estamos ante naves discretas colocadas en un polígono perdido. Estamos ante una transformación territorial de gran escala. Se arrincona el uso agrario, se presiona a las comunidades locales y se normaliza que el campo sea una plataforma logística para negocios que toman las decisiones a miles de kilómetros.

El empleo, la gran coartada de siempre, vuelve a aparecer con más humo que realidad. Resist.es advierte de que estos centros crean pocos puestos de trabajo estables y pueden destruir otros al expulsar industrias productivas, debilitar el sistema económico tradicional de cercanía y golpear al trabajo autónomo. La promesa es conocida: inversión, modernidad, oportunidades. El resultado suele ser otro: beneficios privados, dependencia energética y una factura ambiental que pagan quienes no fueron invitados a negociar nada.

PRIVILEGIOS PARA LAS GRANDES TECNOLÓGICAS, COSTES PARA EL TERRITORIO

La campaña no se limita a señalar el impacto ecológico. También apunta al corazón político del problema: los privilegios administrativos y fiscales que acompañan a estas instalaciones. Los centros de datos se están abriendo paso con ventajas urbanísticas que pueden permitir expropiar, recalificar suelos, reducir impuestos municipales y acortar los plazos de información y participación pública. Menos debate. Menos control. Más alfombra roja.

Ese régimen de excepción es especialmente grave cuando afecta a proyectos con baja creación de empleo y alto consumo de recursos. Por eso Resist.es exige eliminar las prerrogativas administrativas y fiscales para empresas que apenas garantizan trabajo estable. La campaña plantea un criterio claro: un mínimo de 50 empleos permanentes por MW de potencia conectada. Si una empresa quiere ocupar territorio, chupar energía y condicionar la planificación pública, al menos debe demostrar un impacto laboral real. No propaganda. Empleo real.

A día de hoy, Ecologistas en Acción Aragón ha presentado alegaciones contra 8 proyectos y mantiene una batalla judicial contra la expansión de la infraestructura de Amazon Web Services en la región. Pese a ello, el Gobierno de Aragón sigue aprobando planes para instalar más megacentros de datos. La fotografía es bastante clara: la ciudadanía organizada pide cautela, las entidades ecologistas alertan, el territorio acumula presión y las instituciones continúan abriendo la puerta.

La carta dirigida a Jorge Azcón reclama una moratoria a la instalación de nuevos centros de datos. No como gesto simbólico, sino como freno necesario para pensar cuántas infraestructuras de este tipo son asumibles y bajo qué condiciones. Porque gobernar no puede consistir en aceptar cada macroproyecto que llega con una presentación brillante y una promesa vaga de futuro. Gobernar también es decir no. Sobre todo cuando lo que se pone en juego es el agua, el suelo y la vida de las comunidades.

Las y los firmantes piden revisar los criterios de concesión de acceso y conexión a la red eléctrica, situando la reducción de emisiones como prioridad. También exigen limitar exenciones fiscales y subsidios corporativos, obligar a las empresas a cubrir los costes de expansión de la red eléctrica para que no acaben cargados en la factura de familias y empresas locales, e impedir que se recorten los plazos administrativos en los procesos de información y participación pública.

El mensaje de fondo es incómodo para quienes quieren disfrazar de innovación cualquier negocio corporativo: la extracción de datos y la extracción de recursos forman parte de la misma lógica. Antes se llamaba mina, trasvase o macrogranja. Ahora se llama nube. Cambia el envoltorio, no cambia la estructura. Grandes compañías aterrizan, el territorio pone el cuerpo y las instituciones preparan el terreno.

Aragón necesita debate público, transparencia y límites ecológicos. No una nueva fiebre especulativa presentada como modernización inevitable. Porque cuando una región con riesgo de sequía entrega agua, energía y suelo a infraestructuras que apenas crean empleo estable, la pregunta no es si eso es progreso. La pregunta es quién se está enriqueciendo con el futuro de todas y todos.

La nube no flota sobre Aragón: cae sobre su tierra, bebe su agua y exige obediencia.