Mina Miura: una campaña exige el pago inmediato a los trabajadores que llevan más de un año sin cobrar 

Decenas de mineros en Tormaleo, Ibias, acumulan 10 nóminas y 2 pagas extraordinarias sin cobrar mientras se encadenan promesas incumplidas, actividad paralizada y un encierro por justicia.

Resist.es ha lanzado una campaña de recogida de firmas para exigir el pago inmediato a los trabajadores de Mina Miura, en Asturies, después de más de un año de impagos, incertidumbre y abandono. No hablamos de un retraso administrativo ni de una nómina que llega tarde. Hablamos de alrededor de 50 trabajadores que, desde abril de 2025, sufren una cadena de incumplimientos que ya les ha dejado sin 10 nóminas y sin 2 pagas extraordinarias.

La petición reclama a los responsables de Mina Miura y a las administraciones competentes que garanticen el pago inmediato de todas las cantidades adeudadas y que se depuren responsabilidades. Porque cuando una empresa mantiene a decenas de familias sin ingresos durante meses, mientras promete pagos que no llegan, ya no estamos ante una mala gestión. Estamos ante una agresión laboral. Y, según denuncian las y los trabajadores, ante una situación que podría constituir una presunta estafa.

UNA MINA PARADA, 50 FAMILIAS ATRAPADAS

La mina Miura, situada en Tormaleo, en el concejo de Ibias, era una de las pocas fuentes de empleo en una zona golpeada desde hace años por el cierre de explotaciones mineras. Allí, donde cada puesto de trabajo sostiene más que una nómina, la paralización de la actividad no es una simple noticia económica. Es un golpe al territorio. A las familias. A toda una comarca que ya sabe demasiado bien lo que significa que se decida desde lejos quién puede vivir de su trabajo y quién debe resignarse a marcharse.

Los impagos comenzaron en abril de 2025. En junio de 2025, la plantilla dejó de cobrar por completo. En agosto de 2025, la actividad quedó paralizada. Y en abril, lejos de resolverse la situación, llegó un nuevo incumplimiento de pagos. La secuencia es brutal por su claridad: primero se retrasa el salario, después se normaliza el impago, más tarde se para la actividad y, finalmente, se vuelve a pedir paciencia a quienes ya han puesto demasiado.

A pesar de todo, las y los trabajadores continuaron acudiendo durante meses a sus puestos. Trabajaron sin cobrar. Sostuvieron con su esfuerzo una explotación que no les estaba sosteniendo a ellos. Esa es la parte que conviene repetir, porque suele quedar escondida bajo el lenguaje frío de los expedientes, las compraventas y los comunicados empresariales: hubo mineros trabajando mientras sus nóminas no llegaban. Hubo familias pagando comida, luz, alquileres, hipotecas o cuidados sin recibir el salario que les correspondía.

La explotación estuvo vinculada a Jesús Rodríguez Morán y posteriormente fue adquirida por Fernando Martínez Blanco. Tras esa compra, según denuncia la plantilla, la actividad nunca se reanudó de forma real, los pagos prometidos no se cumplieron y los trabajadores siguieron sin cobrar. Promesas, papeles, cambios de manos y más promesas. Pero el dinero no apareció. Y cuando el salario desaparece, desaparece también la coartada de cualquier discurso empresarial sobre compromiso, inversión o futuro industrial.

EL ENCIERRO COMO ÚLTIMO RECURSO ANTE EL ABANDONO

El 23 de abril, los trabajadores iniciaron un encierro en la mina como medida de protesta. No fue una decisión ligera. Nadie se encierra en una explotación minera por capricho. Se llega ahí cuando se han agotado las llamadas, las reuniones, las promesas y la paciencia. Se llega ahí cuando la dignidad obrera tiene que hacerse visible porque las instituciones miran demasiado despacio y la empresa no responde con hechos.

La plantilla reclama el pago inmediato de lo que se le debe, pero también justicia. No solo quieren cobrar. Quieren que se investigue cómo se ha llegado a esta situación, quién permitió que se prolongara y qué responsabilidades existen detrás de una cadena de incumplimientos que ha dejado a decenas de familias al límite. Porque el salario no es una concesión. No es una ayuda. No es un favor que la empresa entrega cuando puede. El salario es un derecho básico y retenerlo durante meses es una forma de violencia económica.

El caso de Mina Miura vuelve a mostrar una herida conocida: territorios enteros tratados como zonas de sacrificio, trabajadores usados como escudo social y administraciones que demasiadas veces reaccionan tarde cuando el daño ya está hecho. En nombre de la reindustrialización se prometen empleos. En nombre de la inversión se piden sacrificios. En nombre de la viabilidad se exige paciencia. Pero cuando llega la hora de pagar, quienes siempre ponen el cuerpo son los mismos.

La campaña pide firmas, difusión y presión social. Porque firmar importa, pero no basta si la indignación se queda quieta. Hay 50 trabajadores sin cobrar, 10 nóminas pendientes, 2 pagas extraordinarias adeudadas y más de un año de desgaste acumulado desde abril de 2025. Detrás de cada cifra hay una casa haciendo cuentas, una familia esperando, una rabia contenida y una pregunta que debería incomodar a cualquiera que hable de trabajo digno sin bajar nunca a la mina.

Quien trabaja debe cobrar, y quien convierte el salario en una promesa rota debe responder.