Canarias financia con dinero público un festival vinculado a Desokupa 

Instituciones públicas respaldan el Fit Experience Fest

El Fit Experience Fest vuelve a celebrarse. Otra vez con dinero público. Y otra vez rodeado de polémica. El evento, que se presenta como una cita “familiar” y “deportiva”, arrastra una sombra que ya no se puede ignorar. Detrás del escaparate fitness, aparecen conexiones directas con el entorno de Desokupa, el grupo ultra impulsado por el empresario Daniel Esteve, conocido por su discurso agresivo y sus métodos controvertidos.

No es nuevo. Ya en 2024 y 2025, el festival sirvió como altavoz para el llamado ‘Club Desokupa’. Bajo la apariencia de entrenamiento y defensa personal, se promocionaba una estructura vinculada a figuras del entorno ultra. Entre ellas, Daniel Toledo, alias “Jacare”, identificado públicamente como neonazi y relacionado con el Frente Bokerón. Su presencia no fue anecdótica. Tampoco discreta.

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Las imágenes circulan. En el estadio de La Rosaleda, junto a otros miembros del entorno ultra. En redes sociales, posando con simbología nazi, incluido el número 88, asociado al saludo “Heil Hitler”. Jacare estuvo en el evento de 2025. También Daniel Esteve. No se ocultaban.

Este año, el patrón se repite. El festival está organizado por Life Pro Nutrición, marca perteneciente a Indiex Sport Nutrition Spain S.L. Su CEO, Alejandro Monedero, ha promocionado directamente el ‘Club Desokupa’ en redes sociales. No es un vínculo indirecto. Es explícito. Visible.

Daniel Esteve, por su parte, aparece de forma recurrente promocionando productos de Life Pro. En los mismos vídeos donde lanza amenazas o discursos de odio. La mezcla no es casual. Publicidad y violencia simbólica. Marca y mensaje. Todo junto.

Incluso han desarrollado productos conjuntos. Camisetas. Campañas compartidas. Un ecosistema comercial y político que se retroalimenta.

El alcance no termina ahí. En 2023, Life Pro anunció colaboraciones con el Sindicato Unificado de Policía (SUP). Un año después, el SUP firmó un acuerdo con Desokupa para impartir formación a agentes. Miles. Cursos de defensa personal dirigidos tanto a civiles como a miembros de las fuerzas de seguridad. El propio Esteve lo difundía como un logro.

Y mientras tanto, las instituciones. Presentes. Financiando.

El listado de patrocinadores del Fit Experience Fest incluye al Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, DXT Tenerife, Expo Deca 2026, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y su Concejalía de Educación y Juventud. También marcas privadas. Pero el peso simbólico está claro: dinero público sosteniendo el evento.

La crítica no ha tardado en llegar. El Sindicato de Inquilinas de Tenerife lo resume sin rodeos. Mientras miles de personas viven bajo la amenaza del desahucio y la precariedad, las instituciones destinan recursos a eventos vinculados a quienes hacen negocio con la expulsión de familias de sus casas.

No hablan de error. Hablan de decisión consciente. De prioridades políticas.

Recuerdan, además, que no se trata de actores neutrales. Algunos miembros de estos entornos han sido condenados por delitos graves: coacciones, amenazas, intimidación, intento de homicidio. No es retórica. Son sentencias judiciales.

El episodio más grave ocurrió el año pasado. Escuadristas de Desokupa Ahora, que figuraban como patrocinadores en 2024 y 2025, acudieron a una comisaría de Santa Cruz de Tenerife con un cadáver. La víctima había sido atacada al salir de una vivienda ocupada. Golpeada en la cabeza con un objeto de hierro. Las lesiones fueron gravísimas.

La justicia habló. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirmó este año la condena a 11 años de prisión para dos de los implicados por un delito de asesinato en grado de tentativa. La agresión ocurrió en Arona. No fue un caso aislado. Fue la consecuencia de una dinámica.

A pesar de todo, el festival sigue adelante. Con respaldo institucional. Con presencia política. El propio alcalde Bermúdez participó en la presentación de la edición actual. Los logos institucionales vuelven a aparecer junto a los patrocinadores. Como si nada hubiera pasado.

Las organizaciones sociales insisten en que esto forma parte de una tendencia más amplia. Señalan contratos públicos recientes con medios y figuras vinculadas a la extrema derecha. Mencionan casos como EDA TV o la presencia de influencers ultras en espacios educativos y promocionales, incluyendo eventos como FITUR.

No es una anomalía puntual. Es una línea de actuación.

Por eso exigen medidas concretas. Retirada inmediata del apoyo institucional. Transparencia en el uso de fondos públicos. Y exclusión de entidades vinculadas a prácticas que vulneran derechos fundamentales.

La advertencia es clara. Sin adornos. Canarias no puede convertirse en un escaparate para normalizar la violencia bajo el disfraz del deporte. Ni en una plataforma financiada con dinero público para quienes construyen su negocio sobre la intimidación.

El mensaje final resuena con fuerza. Canarias no es un gimnasio para los matones del capital.