La Audiencia frena el intento de archivo del novio de Ayuso 

El caso del presunto soborno sigue abierto mientras la UCO espera desde hace tres meses poder investigar sus cuentas

Nuevo revés judicial para Alberto González Amador. La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado el recurso presentado por la defensa del empresario —pareja de Isabel Díaz Ayuso— que buscaba archivar una de las piezas más delicadas del caso: la que investiga un presunto soborno a un directivo de Quirón.

No ha sido un rechazo ambiguo. Los magistrados han sido claros. La estrategia procesal de su abogado, Gabriel Rodríguez-Ramos, no solo no prospera, sino que se equivoca de vía. Intentar tumbar una diligencia de investigación recurriendo directamente ante la Audiencia no procede. No aquí, no así.

El auto que se recurría —dictado en junio de 2025 por la jueza Inmaculada Iglesias— no hacía otra cosa que solicitar la intervención de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Es decir, activar una investigación. Y eso, recuerdan los jueces, no es recurrible según la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Pero hay más. Porque la defensa no solo cuestionaba esa diligencia. Iba más allá. Pedía directamente el archivo del caso. Y ahí la Audiencia vuelve a marcar límites: ese paso debe solicitarse antes ante el juzgado instructor. Ellos, explican, no pueden decidir sobre algo que ni siquiera ha sido resuelto previamente en primera instancia.

Es un golpe técnico. Pero también político y mediático. Porque este procedimiento forma parte de un entramado más amplio que rodea al empresario, ya señalado en otras investigaciones como recoge el análisis sobre los intentos de blindaje judicial en su entorno.

Una investigación que no avanza al ritmo esperado

Mientras tanto, la pieza sigue abierta. Pero no avanza. O al menos no al ritmo que cabría esperar en un caso de estas características.

La UCO solicitó el 19 de diciembre autorización judicial para acceder a las cuentas bancarias y a la estructura societaria de González Amador. Una diligencia clave. Sin ella, la investigación queda en suspenso.

Han pasado ya tres meses. Y no hay respuesta. Desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid apuntan a la carga de trabajo del juez Antonio Viejo, que asumió el juzgado en octubre tras la jubilación de su antecesora. Explicación formal. Pero el retraso sigue ahí.

La investigación trata de esclarecer un posible delito de corrupción en los negocios y administración desleal. En concreto, el pago de una comisión encubierta a un directivo de Quirón. Una operación que, según los indicios, habría utilizado como vehículo la compra de la sociedad Círculo de Belleza SL en diciembre de 2020 por medio millón de euros.

El dato no es menor. La Agencia Tributaria ya advirtió que esa empresa carecía de actividad y patrimonio. Un cascarón vacío, en apariencia. Un posible instrumento. La Fiscalía fue más allá y lo calificó directamente como un posible “soborno”.

La cifra concreta también pesa: 499.836 euros. Ese sería el importe de la comisión investigada. González Amador lo negó en sede judicial en abril de 2025, defendiendo la legalidad de sus operaciones con Quirón Prevención.

Un frente judicial que se acumula

Este procedimiento no es el único problema judicial del empresario. Ni probablemente el más inmediato.

En otra causa ya concluida, se sentará en el banquillo —previsiblemente en 2027— por delitos fiscales y falsificación documental. La Fiscalía solicita 3 años y 9 meses de prisión por un fraude que asciende a 350.951 euros.

Es un patrón que empieza a dibujarse con claridad. Distintas investigaciones, distintos frentes, pero un mismo núcleo: operaciones económicas bajo sospecha y una defensa que intenta, una y otra vez, frenar el avance judicial. A veces con éxito. Otras no.

De hecho, el intento de reescribir el relato público del caso ya ha sido señalado, como refleja la reconstrucción de su estrategia mediática en torno al escándalo fiscal, donde se mezcla defensa jurídica y discurso público.

Por ahora, la Audiencia ha hablado. No hay archivo. No hay atajo procesal. Y la investigación, aunque lenta, sigue su curso.

Lo que falta por ver es si llegará a tiempo.