El indulto a las 6 de La Suiza llega tarde: cuando hacer sindicalismo se convierte en delito 

El Gobierno corrige una injusticia que nunca debió existir mientras el aparato judicial sigue criminalizando la organización de las y los trabajadores

El Consejo de Ministros aprobará este 31 de marzo el indulto a las conocidas como las 6 de La Suiza. Lo hará reconociendo, de forma implícita, algo que debió ser evidente desde el principio: que su conducta se produjo en un contexto laboral, en el ejercicio de la libertad sindical y sin intención delictiva. Es decir, que fueron condenadas por hacer lo que se supone que garantiza una democracia.

La medida llega tras años de presión social, sindical y política. Demasiado tarde para quienes han pasado por un proceso judicial que se alargó casi una década y que incluyó condenas de prisión efectivas. Demasiado tarde para quienes han vivido en primera persona cómo el sistema castiga a quienes se organizan frente a abusos laborales.

Porque este caso no va solo de seis personas. Va de un modelo que permite que la defensa de derechos básicos acabe en los tribunales. Va de un sistema judicial que, en demasiadas ocasiones, interpreta la protesta como amenaza y la organización colectiva como delito. Tal y como se detalla en el análisis sobre la criminalización del sindicalismo en el caso de las 6 de La Suiza, lo ocurrido no es una anomalía aislada, sino parte de una deriva preocupante.

El conflicto se originó en una pastelería de Xixón tras la denuncia de una trabajadora por acoso laboral y sexual. A partir de ahí, lo que debería haber sido un caso laboral se transformó en un proceso penal contra quienes la apoyaron. Las acciones que se les imputaron fueron concentraciones, reparto de información y difusión de denuncias públicas. Herramientas clásicas del sindicalismo.

Sin embargo, el Tribunal Supremo ratificó una condena que convirtió esas prácticas en un delito. La línea entre protesta y coacción se trazó de forma que cualquier movilización incómoda para un empresario podía ser perseguida penalmente. Y ese es el verdadero problema.

Porque cuando protestar puede llevarte a prisión, la democracia deja de ser un espacio de derechos y pasa a ser un terreno de control.

La propia vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lo reconoció en su momento: “hacer sindicalismo no es delito”. Una afirmación que hoy se traduce en un indulto, pero que choca frontalmente con una sentencia firme que dijo exactamente lo contrario.

El indulto, por tanto, no repara la raíz del problema. Solo corrige parcialmente sus consecuencias. Las condenadas dejarán de serlo, pero el precedente sigue ahí. Y con él, el mensaje implícito: organizarse puede salir caro.

Durante estos años, Xixón ha sido escenario de movilizaciones masivas en defensa de las sindicalistas. Se ha producido algo poco habitual: una unidad amplia del movimiento sindical en torno a un caso concreto. Porque lo que estaba en juego no era solo su situación, sino el marco de derechos de todas y todos.

Cuando se criminaliza a quienes defienden derechos laborales, lo que se está haciendo es debilitar a toda la clase trabajadora.

El propio Gobierno justifica el indulto señalando que no hubo ánimo delictivo. Pero esa afirmación plantea una pregunta incómoda: ¿cómo es posible que un proceso judicial completo, con sentencia del Supremo incluida, no haya sido capaz de reconocer algo tan básico?

La respuesta apunta a una estructura judicial que sigue arrastrando inercias profundamente conservadoras. Un aparato que, en demasiadas ocasiones, interpreta el conflicto social desde una lógica punitiva. Que protege la propiedad y la autoridad empresarial con más intensidad que los derechos laborales.

Y no es un fenómeno aislado. La criminalización de movimientos sociales, activistas y sindicalistas se repite en distintos contextos. Se utiliza el derecho penal como herramienta para disciplinar la protesta. Para marcar límites. Para generar miedo.

En ese sentido, el caso de las 6 de La Suiza funciona como síntoma. Como aviso. Como recordatorio de que los derechos no están garantizados por el mero hecho de estar escritos en una ley.

El propio recorrido del caso, desde las primeras movilizaciones hasta la entrada en prisión de algunas de las condenadas, muestra cómo el sistema puede avanzar sin freno incluso cuando existe un amplio rechazo social. Solo la presión sostenida ha conseguido forzar una rectificación política.

Nuestro vídeo, difundido en redes sociales en 2024 denunciando el caso, ya advertía de esta deriva: la normalización de la persecución del sindicalismo bajo el disfraz de legalidad. Lo que entonces era una alerta hoy se confirma como un patrón.

El indulto no es una victoria del sistema, es una enmienda a un error que el propio sistema generó.

Porque si algo deja claro este caso es que los derechos laborales siguen dependiendo, en gran medida, de la capacidad de organización y presión de quienes los defienden. No de la solidez de las instituciones.

El Gobierno cierra el capítulo con una medida de gracia. Pero la pregunta sigue abierta: ¿cuántos casos similares no llegan a convertirse en símbolo? ¿Cuántas personas asumen condenas sin que exista una movilización suficiente para revertirlas?

La historia de las 6 de La Suiza no termina con un indulto. Termina con una advertencia que atraviesa todo el sistema: hoy se perdona lo que ayer se castigó, pero mañana puede volver a castigarse.

Y en un país donde defender derechos puede llevarte a prisión, el problema no es quién recibe el indulto, sino quién decide qué es delito.