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El deterioro no es una percepción: es una realidad medible en demoras, seguros privados y abandono institucional
La sanidad pública andaluza atraviesa una crisis estructural que ya no admite maquillajes ni discursos complacientes. No es una sensación ciudadana, es un conjunto de datos incontestables que dibujan un sistema debilitado, tensionado y progresivamente desplazado por intereses privados. Mientras el Gobierno de la Junta insiste en hablar de mejoras y esfuerzo presupuestario, la experiencia cotidiana de pacientes y profesionales revela otra cosa: colas, demoras, saturación y desigualdad creciente.
En este contexto, la batalla política ha convertido la salud en campo de disputa electoral. La propia ministra María Jesús Montero ha planteado las elecciones andaluzas como un referéndum sobre la sanidad pública, mientras el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla intenta desactivar ese marco negando el deterioro. Pero los datos no votan, aunque sí hablan.
UN SISTEMA CADA VEZ MÁS LENTO, MÁS DESIGUAL Y MÁS PRIVATIZADO
El primer síntoma del colapso es el tiempo. **La demora media para conseguir cita con el médico de cabecera alcanza los 11 días**, la peor cifra del Estado. No se trata de una anomalía puntual, sino de una tendencia consolidada que convierte la atención primaria en una carrera de obstáculos. La consecuencia directa es que solo el 14,44% de la población logra ser atendida en 24 o 48 horas, frente al 51,92% que lo conseguía en 2018. En apenas siete años, el sistema ha retrocedido décadas.
La situación se agrava cuando se analiza la atención hospitalaria. **Más de 1.059.525 personas esperan una consulta o una intervención quirúrgica**, con demoras medias de 127 días. Solo en listas quirúrgicas hay 55.399 personas más que en 2018, y otras 156.922 personas adicionales aguardan una cita especializada. Este volumen no es un fallo técnico, es el resultado de decisiones políticas sostenidas.
Mientras tanto, la respuesta institucional ha sido insuficiente y, en muchos casos, orientada hacia la externalización. Como se denuncia en el análisis crítico sobre los procesos de privatización sanitaria, el deterioro de lo público no es casual, sino funcional: debilitar el sistema común abre espacio de negocio para aseguradoras y clínicas privadas.
Los números lo confirman. En los últimos diez años, 668.742 personas han contratado un seguro privado en Andalucía. Hoy, 1.899.382 ciudadanos y ciudadanas pagan por una cobertura sanitaria paralela, frente a los 1.230.640 de 2013. En términos relativos, el salto es igual de contundente: del 14% al 22% de la población. No es libertad de elección, es expulsión encubierta del sistema público.
La consecuencia es una sanidad dual, donde quien puede pagar accede antes y quien no queda atrapado en listas de espera interminables. Este modelo rompe el principio básico de equidad y convierte la salud en un privilegio condicionado por la renta.
GESTIÓN POLÍTICA, RECORTES Y UNA DEUDA SANITARIA DE 19.000 MILLONES
El deterioro no empezó ayer, pero tampoco se ha frenado. Desde 2010, tras la crisis financiera global, la sanidad andaluza ha acumulado una deuda estructural que las mareas sanitarias sitúan en más de 19.000 millones de euros. Ese agujero no es abstracto: se traduce en plantillas insuficientes, infraestructuras tensionadas y servicios recortados.
Aunque el gasto por habitante ha aumentado hasta los 1.764 euros en 2025, sigue por debajo de la media estatal de 1.769 euros. La inversión crece, pero no compensa años de recortes ni el impacto de la inflación. Invertir más no siempre significa invertir mejor, y menos aún reparar lo que se ha deteriorado durante más de una década.
La falta de personal es otro indicador clave. Andalucía cuenta con 0,76 médicos por cada 1.000 habitantes, por debajo de la media nacional de 0,79. Esta diferencia, aparentemente pequeña, se traduce en miles de consultas saturadas y jornadas laborales al límite para las y los profesionales sanitarios.
En paralelo, la gestión política ha estado marcada por decisiones erráticas y crisis evitables. El caso de los cribados de cáncer de mama, que dejó sin atención a 2.317 mujeres, evidenció las grietas del sistema y obligó a cambios en la cúpula sanitaria. **No fue un accidente, fue una alerta ignorada durante demasiado tiempo**.
El intento del Gobierno andaluz de rebajar la tensión mediante acuerdos sindicales no ha cambiado el diagnóstico de fondo. Las organizaciones profesionales reconocen mejoras en la interlocución, pero advierten que el sistema sigue lejos de los estándares necesarios. Mientras tanto, desde la oposición se denuncia incluso el bloqueo del debate político, como recoge la acusación de veto al debate sobre la sanidad pública en el Parlamento andaluz.
El resultado de todo este proceso es una percepción social demoledora. Solo el 38,8% de la ciudadanía considera que el sistema funciona adecuadamente, frente al 51,6% de la media estatal. La sanidad andaluza no solo está saturada, también está perdiendo la confianza de quienes dependen de ella.
Y cuando un sistema público pierde confianza, lo siguiente que pierde es su razón de ser.
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