El PP más ultraderechista: del debate migratorio al discurso esclavista en Europa 

La derecha española lleva la regularización de 500.000 personas a Estrasburgo y termina abrazando el argumentario ultra más obsceno

El Partido Popular decidió convertir la regularización de cerca de 500.000 personas migrantes en un conflicto europeo. Lo hizo llevando el debate al Parlamento Europeo el 10 de febrero, bajo el pretexto de analizar su impacto en el espacio Schengen. Lo que consiguió fue otra cosa: abrir la puerta a un desfile de consignas ultras que degradaron el hemiciclo hasta niveles difíciles de justificar en una institución democrática.

El resultado fue un debate con unos 50 eurodiputados y eurodiputadas, casi la mitad pertenecientes a los grupos de extrema derecha Patriots y ECR. Del Partido Popular Europeo solo intervinieron 10 parlamentarios y parlamentarias. Pero el ruido lo pusieron otros.

El eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, llegó a afirmar que la regularización busca “esclavitos que vayan a limpiar los culos de sus familiares”. No es un desliz. Es una declaración política que retrata un proyecto ideológico: deshumanizar a quienes sostienen sectores enteros de la economía mientras se les niega derechos.

Cuando la derecha habla de “efecto llamada”, lo que en realidad hace es blindar la explotación.

EL SALTO DEL PP AL MARCO ULTRA

La vicepresidenta del Grupo del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, calificó la regularización como un “atentado contra la política migratoria europea”. Aseguró que “dispara el efecto llamada”, “alimenta a las mafias” y “presiona los servicios públicos”. El mismo repertorio retórico que lleva años circulando por los canales de la ultraderecha.

Lo llamativo no es que Vox lo diga. Lo grave es que el PP haya decidido asumir ese marco. Y más aún cuando la memoria es corta: el Gobierno de José María Aznar regularizó a más de 450.000 personas en cuatro años. Lo recordó el propio Buxadé en Estrasburgo. La hemeroteca no entiende de oportunismos.

La estrategia es transparente. Se intenta presentar una decisión administrativa —regularizar a personas que ya viven y trabajan en el Estado— como una amenaza continental. Se introduce la sospecha sobre antecedentes penales sin aportar datos. Se sugiere manipulación del censo electoral. Se invoca a la ONU y a George Soros como si la política migratoria española fuera parte de una conspiración global.

No es un debate sobre gestión migratoria. Es una operación de desgaste basada en el miedo.

Frente a ese bloque, las fuerzas progresistas defendieron cifras incómodas para la narrativa alarmista. La presidenta del grupo socialista europeo, Iratxe García, recordó que las personas migrantes aportan alrededor del 10% de los ingresos de la Seguridad Social mientras representan en torno al 1% del gasto. No es solidaridad retórica. Es aritmética.

La eurodiputada de La Izquierda, Irene Montero, fue más directa: “Donde nosotros vemos personas ustedes ven esclavos”. El problema de fondo es ese. La regularización otorga derechos laborales, acceso a la legalidad y capacidad de denunciar abusos. Y eso incomoda a quienes han naturalizado un mercado de trabajo sumergido.

EUROPA COMO ESCENARIO DE PRESIÓN

El episodio no terminó en el hemiciclo. El comisario europeo de Asuntos Internos y Migraciones, Magnus Brunner, modificó su tono en cuestión de días.

Hace apenas una semana había señalado que el caso español era distinto porque se trataba de personas ya presentes en el territorio y que España tenía competencia para actuar. En el debate del 10 de febrero de 2026, introdujo otro matiz: cada Estado miembro debe garantizar que sus decisiones no tengan “consecuencias negativas” en el resto de la Unión.

Es una advertencia política más que jurídica. La regularización no convierte automáticamente un permiso de residencia en libre circulación plena por la UE. El propio Brunner recordó que “el permiso de residencia no es un cheque en blanco”. Pero el giro evidencia la presión ejercida por el Partido Popular Europeo.

La derecha española ha intentado internacionalizar un debate interno para erosionar al Gobierno, aunque eso implique cuestionar competencias nacionales.

Lo paradójico es que la economía europea atraviesa un déficit estructural de mano de obra en sectores como los cuidados, la agricultura o la hostelería. Los discursos que hablan de “cuidar de nuestras familias” omiten que buena parte de esas familias dependen del trabajo invisible de personas migrantes.

La regularización no crea migración. Reconoce una realidad ya existente. Personas que llevan años trabajando, cotizando de facto en la economía sumergida, sosteniendo servicios esenciales. Negarles papeles no elimina su presencia. Solo perpetúa su vulnerabilidad.

El debate de Estrasburgo no fue un análisis técnico sobre Schengen. Fue una demostración de hasta dónde está dispuesto a llegar el Partido Popular para competir con Vox en el terreno del miedo. Cuando la oposición convierte a medio millón de personas en herramienta electoral, el problema no es migratorio. Es democrático.

Ultraderechistas hasta el final, incluso cuando eso implica negar la evidencia y dinamitar la convivencia para rascar un puñado de votos.