Diario Público ha reflejado que en 2019 las Fuerzas Armadas generaron una huella de carbono equivalente a las emisiones de todos los coches de Madrid.
Público a través de un informe publicado por el Centro Delás de Estudios por la Paz, ha expuesto que «la seguridad militarizada tiene un papel esencial en el empeoramiento constante de la crisis ambiental a nivel planetario».
En cifras esto significa que «las emisiones generadas por las Fuerzas Armadas españolas en 2019 alcanzó el mismo nivel que las provocadas por todos los coches de la ciudad de Madrid durante el mismo año».
No es exclusivo del estado español puesto que las Fuerzas Armadas, en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero, «siguen parámetros similares a los de países como Francia y Alemania» y al mismo nivel que el resto de las fuerzas armadas europeas». Del mismo modo, indica que España emite un promedio de 7,46 toneladas de CO2 «por cada uno de sus 120.000 militares».
Chloé Meulewaeter, investigadora del Centro Delás y coautora del informe, como recoge el rotativo, advirtió sobre «la necesaria reducción de los gastos militares para reducir la adquisición de armamento o el número de efectivos», lo que contribuiría a su vez a «reducir el impacto de lo militar en la emergencia climática».
«Reclamamos además que los militares tengan que reportar sus emisiones, porque de momento no están obligados a hacerlo», afirmó Meulewater. Ya que «tanto las sustancias tóxicas y radiológicas vertidas en aguas, tierras y aire, como las operaciones militares aéreas, navales y terrestres, tienen consecuencias desastrosas para la sostenibilidad del planeta. Estas se traducen en alteración de ecosistemas, destrucción de hábitat, enfermedad, mortalidad o extinción de especies, con efectos que pueden durar durante un largo periodo de tiempo», concluye el estudio.
Desde Delàs aseguran que «la seguridad militarizada tiene un papel esencial en el empeoramiento constante de la crisis ambiental a nivel planetario. Papel que consiste en proteger a todos los agentes de poder no democráticos que, con objetivos muchas veces inconfesables de crecimiento continuo para el beneficio y lucro personal de sus minorías dirigentes, rompen los equilibrios sociales y eco-planetarios. Una protección de los pocos que dejan al margen a las grandes mayorías de población, a través de la llamada seguridad nacional».
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
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THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
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