JD Vance lanza un mensaje repugnante a la familia de Alex Pretti 

Cuando el poder se niega a pedir perdón y convierte a la víctima en culpable

La respuesta fue una palabra. “¿Por qué?”. Con esa fórmula mínima, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, rechazó cualquier gesto hacia la familia de Alex Pretti, ciudadano estadounidense abatido durante una protesta en Minnesota. No hubo matiz, no hubo prudencia, no hubo humanidad. Solo la reafirmación de una política que criminaliza a quien protesta y blinda a quien dispara.

La escena ocurrió en una entrevista concedida al Daily Mail. El periodista preguntó si Vance pensaba disculparse por haber calificado a Pretti de “asesino con intención de matar” tras su muerte. La respuesta fue ese “¿por qué?” que funciona como doctrina. No es un lapsus. Es una posición política. Negar la disculpa es negar la víctima.

Pretti murió tras ser disparado por agentes federales en el marco de la llamada Operación Metro Surge. El mismo día de los hechos, Vance difundió un mensaje del entonces alto cargo de la Casa Blanca Stephen Miller en el que se afirmaba que “un asesino intentó matar a agentes federales”. El relato se construyó antes de la investigación. La condena llegó antes que los hechos.

CRIMINALIZAR AL MUERTO PARA BLINDAR AL ESTADO

El detalle es central. Pretti estaba desarmado cuando recibió los disparos. Aun así, desde el primer minuto se activó una maquinaria de estigmatización. Se habló de “terrorismo doméstico”, de “intención letal”, de amenaza organizada. Una narrativa clásica del poder cuando necesita justificar la violencia. No hubo pruebas públicas que sostuvieran esas acusaciones en el momento en que se lanzaron.

Cuando el periodista insistió en la posibilidad de una disculpa si se confirmaba una violación de derechos civiles, Vance se refugió en una cadena de condicionales. “Si este hipotético lleva a otro hipotético”. La investigación, recordó, sigue abierta. La prudencia se invoca siempre después de haber difamado.

La contradicción es evidente. La cautela no se aplicó cuando se llamó “asesino” a un manifestante. Se exige ahora para no incomodar a los agentes. Vance llegó a afirmar que no era “justo” prejuzgar a los funcionarios de inmigración. La justicia, en este marco, es selectiva.

El propio vicepresidente reconoció después que Pretti fue abatido por agentes de la Border Patrol, no por el cuerpo inicialmente señalado. El error no abrió una grieta de autocrítica. Al contrario, reforzó el cierre de filas. Cuando el Estado mata por error, el error se convierte en procedimiento.

En esa cadena de responsabilidades también aparece la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y un ecosistema político-mediático que difundió la versión más agresiva sin esperar resultados forenses ni judiciales. La difamación fue inmediata; la reparación, inexistente.

EL MENSAJE POLÍTICO DETRÁS DEL “¿POR QUÉ?”

Este episodio no es un desliz retórico. Es una señal. El mensaje es que la vida de quien protesta vale menos que la reputación de la maquinaria represiva. En 2026, con un clima político marcado por la militarización de la frontera y la expansión de operativos federales en ciudades, la muerte de Pretti funciona como advertencia.

No es solo una cuestión moral. Es estructural. La lógica anticapitalista ayuda a entenderlo. El aparato de seguridad se expande para proteger un orden económico que necesita mano dura contra la disidencia. La protesta social se reetiqueta como amenaza para justificar presupuestos, contratos y poder. En ese esquema, pedir perdón es debilitar el relato.

La fecha importa. Los hechos ocurrieron en pleno despliegue de la Operación Metro Surge en Minnesota, una estrategia federal presentada como respuesta al “desorden” migratorio y a las protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. Las cifras oficiales hablan de decenas de operativos y un aumento significativo de presencia armada. Más armas, menos derechos.

La familia de Pretti no recibió una llamada institucional de disculpa. Recibió silencio y una campaña de descrédito. El Estado que dispara también escribe el relato. Y cuando se le pide que rectifique, responde con un “¿por qué?” que no es ignorancia, sino soberbia.

Este caso interpela a periodistas, juristas, activistas y a la ciudadanía en general. Aceptar la espera eterna de una investigación mientras se normaliza la calumnia es aceptar la desigualdad ante la ley. La presunción de inocencia se aplica a quienes portan uniforme; la presunción de culpa, a quienes se manifiestan.

No hay aquí un cierre posible ni una moraleja cómoda. Hay una familia sin justicia y un vicepresidente que se niega a pedir perdón porque hacerlo sería admitir que el poder también mata cuando miente.