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La administración de Trump convierte a una multinacional en chivo expiatorio para imponer su ofensiva ideológica contra las políticas de inclusión
La maquinaria del trumpismo ha vuelto a ponerse en marcha. Esta vez, el objetivo es Nike, una de las mayores multinacionales del planeta, convertida ahora en símbolo a batir dentro de la guerra cultural impulsada desde Washington contra cualquier política que huela a diversidad, equidad o inclusión. No es una investigación neutra ni un trámite administrativo más. Es una operación política con apariencia jurídica.
La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, la Equal Employment Opportunity Commission, ha activado una investigación por supuesta “discriminación racial intencionada” contra personas blancas en los procesos de contratación, despidos y programas de desarrollo profesional de Nike. La agencia presentó esta semana una moción ante un tribunal federal de Misuri para obligar a la empresa a cumplir una citación emitida en septiembre, que Nike habría contestado solo de forma parcial.
El lenguaje utilizado en el escrito judicial no deja lugar a dudas sobre el marco ideológico de la ofensiva. Se habla de “disparate treatment” contra empleados, solicitantes y participantes en programas de formación por razón de raza, poniendo el foco en prácticas vinculadas a programas de D.E.I.. No se trata de perseguir un daño probado, sino de criminalizar las políticas diseñadas para corregir desigualdades históricas.
Detrás del movimiento está la actual presidenta de la EEOC, Andrea Lucas, una figura clave para entender la deriva. Lucas llegó al organismo como comisionada tras ser nominada por Donald Trump en 2020. En 2024, ya bajo la presidencia de Joe Biden, presentó una denuncia formal contra Nike cuando la comisión aún tenía mayoría demócrata. Pero el tablero cambió. Trump regresó al poder, destituyó a la entonces presidenta Charlotte Burrows y colocó a Lucas al frente del organismo.
Desde entonces, la prioridad está clara: hacer de la lucha contra la diversidad una política de Estado.
LA EEOC COMO ARMA POLÍTICA
La EEOC nació para proteger a trabajadoras y trabajadores frente a la discriminación laboral. Durante décadas, su razón de ser fue combatir prácticas racistas, sexistas o excluyentes que afectaban de forma estructural a comunidades marginadas. Hoy, bajo la actual administración, el organismo se está utilizando para lo contrario: blindar el privilegio y deslegitimar cualquier intento de corregir desigualdades.
El caso Nike es paradigmático. La empresa no está siendo acusada de excluir a personas blancas del mercado laboral, sino de implementar programas de mentoría, liderazgo o prácticas que buscan equilibrar un terreno históricamente inclinado a favor de hombres blancos. La ofensiva no se dirige contra una supuesta injusticia concreta, sino contra la propia idea de justicia redistributiva.
El trumpismo ha conseguido algo peligroso: convertir el lenguaje de los derechos civiles en un arma contra los derechos civiles. La noción de “racismo inverso”, largamente promovida por la extrema derecha, se ha instalado en las instituciones. Las denuncias de colectivos racializados, de mujeres o de personas LGTBIQ+ pasan a un segundo plano, mientras se prioriza la fantasía de una discriminación sistémica contra quienes han ocupado tradicionalmente la cúspide del poder económico y social.
No es casual que el objetivo sea una marca global, visible y simbólica. Nike no solo vende zapatillas. Representa un modelo empresarial que, con todas sus contradicciones, ha asumido públicamente discursos de diversidad y responsabilidad social. Atacar a Nike es enviar un mensaje al conjunto del sector privado: cualquier política de inclusión puede convertirse en munición judicial.
EL MITO DEL RACISMO ANTI-BLANCO COMO DOCTRINA DE ESTADO
La ofensiva contra la diversidad no surge en el vacío. Forma parte de una estrategia más amplia que busca reescribir el conflicto social en clave identitaria reaccionaria. Para el trumpismo, el problema no son la desigualdad, la precariedad o la concentración obscena de riqueza. El problema, según este relato, es que las políticas públicas y corporativas “discriminan” a las personas blancas.
No hay datos que respalden esa tesis, pero sí una enorme utilidad política. Convertir a los grupos dominantes en supuestas víctimas permite desactivar cualquier debate sobre privilegio, redistribución o justicia social. Y permite, además, movilizar electoralmente el resentimiento.
La investigación contra Nike encaja como una pieza más en esa arquitectura. No se busca reparar un daño real, sino normalizar la persecución institucional de la diversidad. La citación, las demandas de información y la presión judicial funcionan como advertencia. Cumples con el dogma o te expones al castigo.
Mientras tanto, las verdaderas discriminaciones siguen intactas. Brechas salariales, techos de cristal, segregación racial en el empleo, exclusión sistemática en los puestos de poder. Todo eso queda fuera del foco cuando el Estado decide mirar hacia otro lado y señalar como enemigo a quien intenta, siquiera de forma limitada, corregir esas desigualdades.
El trumpismo no está defendiendo la igualdad. Está defendiendo el orden. Un orden jerárquico, racializado y profundamente capitalista que no tolera ni siquiera gestos simbólicos de corrección. Usar una agencia pública para disciplinar a quien se sale del guion no es una anomalía: es la doctrina.
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