Cuando la extrema derecha fantasea con agentes armados en los colegios electorales, la democracia deja de ser un procedimiento y pasa a ser un campo de intimidación.
El proyecto autoritario estadounidense ya no se disfraza de retórica ambigua. Se enuncia sin rodeos, con micrófono abierto y tono de amenaza. Steve Bannon, ex estratega jefe de Donald Trump, lo dijo con claridad esta semana en su pódcast War Room: agentes federales armados rodeando los colegios electorales en las elecciones legislativas de 2026. No como una hipótesis. Como un plan. “We’re gonna have ICE surround the polls come November”, afirmó, invocando de nuevo el bulo del “robo electoral” de 2020, desmontado hasta la saciedad por tribunales, auditorías y organismos independientes.
No es una bravuconada aislada. Es una pieza más de una ofensiva coordinada para deslegitimar el derecho al voto, criminalizar a sectores enteros de la población y normalizar la intimidación política como herramienta electoral. La idea de situar a ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) en los centros de votación no busca garantizar nada. Busca disuadir. Busca sembrar miedo. Busca enviar un mensaje claro a comunidades racializadas, personas migrantes y votantes pobres: este proceso no es para vosotras y vosotros.
LA INTIMIDACIÓN COMO ESTRATEGIA ELECTORAL
Bannon no habla solo. A su lado, en el mismo espacio propagandístico, la recaudadora republicana Caroline Wren reforzó el marco conspirativo: según ella, las críticas a ICE y a su financiación existirían porque hay quien “no quiere a ICE en los colegios electorales para impedir que personas ilegales voten”. Una afirmación falsa, reiterada hasta el cansancio por la extrema derecha y desmentida por la ley y por los datos. Las personas no ciudadanas no pueden votar en elecciones federales en Estados Unidos. Nunca han podido.
La función de este relato no es describir la realidad, sino fabricar una amenaza que justifique medidas excepcionales. El resultado es una deriva donde el Estado se convierte en actor partidista y el aparato represivo se despliega contra el propio electorado. No es seguridad electoral. Es coerción política.
El contexto importa. Desde la derrota de Trump en 2020, el Partido Republicano ha convertido el fraude electoral en una obsesión sin base empírica. A pesar de perder más de 60 demandas judiciales relacionadas con aquel proceso, la narrativa no solo se mantuvo, sino que escaló. En 2024, una auditoría estatal en Georgia (uno de los estados clave del relato trumpista) reveló que solo 20 personas no ciudadanas figuraban en el censo entre 8,2 millones de residentes. Eso equivale al 0,00024 % del electorado. De esas 20, únicamente 9 habían votado, y lo hicieron años atrás, antes de que se exigiera identificación. Las otras 11 estaban registradas pero no votaron. Los datos fueron confirmados por el propio secretario de Estado republicano de Georgia, Brad Raffensperger.
El fraude masivo no existe. Lo que existe es una maquinaria política empeñada en convertir la mentira en doctrina.
LEYES RESTRICTIVAS Y AUTORITARISMO NORMALIZADO
La amenaza de ICE en las urnas se suma a un entramado legal diseñado para restringir el acceso al voto. En 2025, legisladores conservadores impulsaron la SAVE Act, una ley que exige pruebas documentales de ciudadanía para registrarse como votante. Expertas y expertos en derecho electoral advirtieron de inmediato que la norma podría excluir de facto a millones de personas, especialmente a mujeres casadas cuyos apellidos no coinciden con los documentos originales. Un obstáculo burocrático convertido en arma política.
La radicalización no se limita al Congreso. Un día antes de las declaraciones de Bannon, Donald Trump fue aún más lejos en una entrevista con el exsubdirector del FBI Dan Bongino. Propuso que los republicanos “tomen el control” y “nacionalicen” los procesos electorales en al menos 15 estados. La frase no es inocente. Supone una ruptura abierta con el federalismo electoral estadounidense y una apropiación partidista de la administración del voto.
Cuando un partido plantea controlar quién vota, cómo vota y bajo qué vigilancia armada, ya no estamos ante una disputa política, sino ante un proyecto de dominación.
La historia ofrece advertencias suficientes. La presencia de fuerzas armadas o policiales en procesos electorales ha sido, en numerosos países, la antesala del autoritarismo. No garantiza transparencia. Garantiza silencio. La democracia no se defiende con agentes federales en la puerta de las urnas, sino con derechos efectivos, información veraz y participación libre.
En 2026, la extrema derecha estadounidense no se limita a competir en las urnas. Quiere redefinirlas como un espacio de miedo, donde votar sea un acto vigilado, sospechoso y potencialmente castigado. Cuando el poder necesita armas para custodiar el voto, lo que está protegiendo no es la democracia, sino su propio miedo a perderla.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
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El Pentágono ha dado un paso sin precedentes: poner la toma de decisiones y la estrategia militar en manos de la inteligencia artificial. Patricia Salvador te cuenta en este #ReportajeSR cómo, a…