Subir el SMI sin permiso del poder económico 

El Gobierno eleva el salario mínimo a 1.221 euros pese al portazo de la patronal y vuelve a demostrar quién frena y quién empuja cuando se habla de repartir riqueza

Madrid, 29 de enero. El Ministerio de Trabajo ha cerrado un preacuerdo con UGT y CCOO para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 3,1% en 2026, hasta los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas. Son 37 euros más al mes, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026. La subida se aprueba sin la patronal, después de que CEOE y Cepyme decidieran levantarse de la mesa y rechazar la propuesta del Gobierno, a la que han llegado a calificar de “trilera”.

No es un detalle menor. Es una fotografía nítida del conflicto estructural que atraviesa el mercado laboral español desde hace décadas. Cuando se habla de mejorar salarios, la patronal siempre encuentra razones para decir no. Cuando se trata de precarizar, despedir o socializar pérdidas, el consenso aparece con sorprendente rapidez.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha optado esta vez por no esperar el beneplácito de quienes llevan años bloqueando cualquier avance que toque el margen de beneficio empresarial. Trabajo ha priorizado el acuerdo con las organizaciones sindicales, las únicas que representan de forma directa a las personas trabajadoras afectadas por el SMI.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, lo resumió con una frase reveladora: “Hemos negociado sin resuello, nos hemos dejado la piel”. No para convencer a los sindicatos, sino para intentar incorporar a una patronal que ya había decidido su respuesta antes de sentarse.

EL SALARIO MÍNIMO COMO LÍNEA ROJA DEL CAPITAL

La subida del 3,1% no es una cifra caprichosa. Llega tras años de inflación acumulada, pérdida de poder adquisitivo y encarecimiento de bienes básicos como la vivienda, la energía y la alimentación. El SMI no es un privilegio, es un suelo, y aun así sigue sin garantizar condiciones de vida dignas en buena parte del Estado.

La reacción de CEOE y Cepyme confirma una lógica conocida. Han rechazado la propuesta fiscal del Gobierno para compensar a las empresas por el aumento del SMI, calificándola de inviable y llena de condiciones “inalcanzables”. Traducido: cualquier condición es inalcanzable cuando lo que se cuestiona es el reparto desigual de la riqueza.

Conviene recordar los datos. Desde 2019, el SMI ha aumentado de forma sostenida, mientras los beneficios empresariales han crecido a mayor ritmo que los salarios. El debate nunca ha sido si las empresas pueden asumir estas subidas, sino si están dispuestas a renunciar a una parte mínima de sus márgenes.

La patronal no se levanta de la mesa por responsabilidad económica. Lo hace por disciplina ideológica. Porque aceptar que el salario mínimo suba sin su visto bueno sería admitir que el trabajo vale más que el capital especulativo. Y eso, para ciertos despachos, sigue siendo inasumible.

QUE LA SUBIDA LLEGUE AL BOLSILLO, NO AL PAPEL

El acuerdo incluye otro elemento clave. El Ministerio de Trabajo se ha comprometido a reformar el decreto actual para impedir que los complementos salariales puedan absorber la subida del SMI. Una práctica habitual que ha vaciado de contenido muchas mejoras anteriores.

Pérez Rey fue claro: “No es posible que la subida del salario mínimo se pierda por el camino”. La reforma busca garantizar que los 1.221 euros sean reales, efectivos y no una cifra decorativa en la nómina. Es una medida técnica, pero profundamente política, porque cierra una puerta por la que se ha colado durante años la precariedad legalizada.

Este punto explica también el rechazo patronal. Sin absorción ni compensación, la subida cuesta dinero de verdad. Ya no se puede maquillar. Ya no se puede trasladar el ajuste a las personas trabajadoras. Y ahí es donde el discurso empresarial se rompe.

El acuerdo con UGT y CCOO refuerza además una idea incómoda para el poder económico: el diálogo social no puede ser un derecho de veto permanente para quien más tiene. Si una parte bloquea sistemáticamente cualquier avance, el Estado tiene la obligación de actuar.

La subida del SMI a 1.221 euros, con 37 euros más al mes y efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026, no resuelve la precariedad estructural, pero marca una frontera. Demuestra que el salario mínimo puede subir incluso cuando la patronal se niega.

Y deja una certeza difícil de digerir para algunos: cuando el capital se enfada, suele ser porque alguien ha decidido no pedirle permiso para mejorar la vida de la mayoría.