Adamuz sí, Angrois no: la indecencia como estrategia política 

El Partido Popular vuelve a convertir el dolor en herramienta táctica: exige hoy lo que ayer bloqueó sin pudor.

Hay algo especialmente obsceno en la forma en que el Partido Popular gestiona las tragedias colectivas. No es solo oportunismo. Es una doble vara de medir que revela una concepción instrumental de las víctimas y una relación utilitaria con la verdad. Ahora exigen a gritos una comisión de investigación por el accidente de Adamuz, mientras durante años vetaron, bloquearon y despreciaron cualquier intento de esclarecer responsabilidades políticas por el accidente de Angrois.

No hablamos de matices ni de interpretaciones. Hablamos de hechos, fechas y votos. En 2013, el descarrilamiento del tren en Angrois dejó 80 personas muertas. Ochenta. Durante años, las víctimas reclamaron una comisión de investigación parlamentaria que analizara no solo el error humano, sino las decisiones políticas previas sobre seguridad ferroviaria. El PP respondió con un no sistemático.

Hoy, tras el accidente de Adamuz, con 45 víctimas, el mismo partido que negó durante años la legitimidad de investigar Angrois se envuelve en la bandera de la transparencia. La coherencia no es un valor que cotice en Génova.

El pleno del Senado del 29 de enero de 2026 fue un ejemplo de esa desvergüenza política. A gritos, exigiendo dimisiones y señalando supuestas negligencias, el PP convirtió la sesión en un acto de desgaste al Gobierno. Óscar Puente, lejos de esconderse, recordó algo incómodo para la derecha: cuando tuvieron que elegir entre investigar o tapar, eligieron tapar.

LA MEMORIA SELECTIVA DEL PP

El PP sostiene hoy que investigar Adamuz es una obligación democrática. Pero cuando gobernaban, esa misma exigencia era, según su propio relato, una “politización del dolor”. En 2017, Alberto Núñez Feijóo rechazaba públicamente la necesidad de investigar Angrois. No era prioritario, decía. No era el foro adecuado, repetía su partido en el Parlamento gallego mientras vetaban hasta cuatro veces la comisión.

En el Congreso ocurrió lo mismo. Con Mariano Rajoy en la Moncloa, el PP votó en contra de las dos propuestas de comisión que llegaron al pleno. La responsabilidad política se diluía convenientemente en los juzgados, como si la acción de gobierno no mereciera nunca ser evaluada.

Las víctimas de Angrois lo saben bien. Si el PP hubiera tenido el menor interés en esclarecer responsabilidades, habría facilitado una investigación que permitiera saber qué decisiones se tomaron, quién las tomó y con qué consecuencias. No lo hicieron porque podían salir salpicados.

Durante años, la única comparecencia relevante fue la de Ana Pastor, entonces ministra de Fomento. En Galiza, el PP se limitó a exhibir al conselleiro de Emergencias para presumir de la gestión posterior, evitando cualquier análisis previo sobre seguridad, inversiones y cambios normativos. La prevención nunca fue el tema.

Solo en 2018, ya con Pedro Sánchez en el Gobierno, se aprobó finalmente una comisión de investigación sobre Angrois. No fue gracias al PP. Fue pese al PP.

CUANDO LA TRANSPARENCIA DEPENDE DE QUIÉN GOBIERNA

La exigencia de una comisión sobre Adamuz no nace de un compromiso ético repentino. Nace de la comodidad de estar en la oposición. Hoy, con mayoría absoluta en el Senado y sin responsabilidades de Gobierno, el PP se permite exigir lo que negó cuando tenía el poder.

Feijóo acusa ahora a Puente de “mentir” sobre la renovación de las vías y denuncia una supuesta “negligencia continuada” en el mantenimiento del AVE y Rodalies. El mismo partido que recortó, ralentizó inversiones y se negó a revisar decisiones estratégicas se presenta hoy como garante de la seguridad ferroviaria.

Puente ha reconocido algo que el PP nunca hizo: que Rodalies necesita más recursos y que, aunque se invierte, no es suficiente. Reconocer límites y errores no es debilidad política. Ocultarlos sí lo es. La diferencia es clara: unos prefieren corregir; otros prefieren callar cuando gobernaban y gritar cuando no.

La investigación parlamentaria sobre Adamuz no interfiere con la judicial, como tampoco lo habría hecho la de Angrois cuando el PP la bloqueó. Su función es política: explicar a la ciudadanía cómo se toman decisiones que afectan a la seguridad colectiva. Y esa función no debería depender de quién esté en el poder en cada momento.

Lo que el PP llama hoy transparencia, ayer lo llamó politización. No ha cambiado el criterio. Ha cambiado el Gobierno. Y esa es la prueba más clara de que su indignación no es moral, sino estratégica. Porque para ellos, la verdad no es un derecho de las víctimas, sino una herramienta que se usa o se esconde según convenga.