Balones fuera en el Departamento de Seguridad Nacional 

Cuando la responsabilidad se diluye hacia arriba y la violencia se justifica hacia abajo

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, ha decidido parapetarse tras la cadena de mando. Según reveló Axios el 27 de enero de 2026, Noem aseguró que “todo lo que he hecho ha sido por orden del presidente y de Stephen”, en referencia directa a Donald Trump y a su arquitecto ideológico en materia migratoria, Stephen Miller. La frase no es una anécdota. Es una coartada política.

La declaración llega tras dos muertes en Minneapolis que han encendido las alarmas. El sábado 24 de enero de 2026, agentes federales mataron a Alex Pretti, 37 años. A principios de mes, en la misma ciudad, un agente del Immigration and Customs Enforcement disparó y mató a Renee Good, también 37 años, madre. Dos personas muertas en menos de 30 días. Dos relatos oficiales que se desmoronan.

La administración sostuvo que Pretti pretendía “masacrar” a agentes y que el hecho de estar armado probaba su intención criminal. Ese argumento choca con la evidencia en vídeo y con una contradicción incómoda: sectores que se reivindican como defensores de la Segunda Enmienda rechazaron que portar un arma equivalga a una amenaza inminente. La versión oficial, difundida con prisa, fue cuestionada incluso dentro de la Casa Blanca por falta de información completa antes de hacerse pública. En paralelo, Miller calificó a Pretti de “asesino”, un término que no se sostiene con los hechos conocidos.

UNA CADENA DE MANDO PARA EVADIR RESPONSABILIDADES

El movimiento de Noem es clásico. Desplazar la responsabilidad hacia arriba cuando el coste político se vuelve insoportable. “Obedecía órdenes”, dice la secretaria. El problema no es solo quién da las órdenes, sino qué órdenes se dan y con qué consecuencias. La securitización de la política migratoria ha convertido a personas en objetivos y a barrios en teatros de operaciones.

Minneapolis no se ha limitado a denunciar. La ciudad ha demandado a la administración federal por el despliegue del ICE. No es un gesto simbólico. Es la respuesta institucional a una práctica que normaliza la fuerza letal y la envuelve en un discurso de guerra preventiva. Cuando una secretaria reconoce que actúa bajo directrices políticas, la línea entre seguridad y propaganda se borra.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, intentó cerrar filas el 27 de enero de 2026, subrayando la cercanía entre Trump y Miller. El mensaje es nítido: no hay fisuras. Pero el ruido interno filtrado a Axios habla de confusión, de briefings incompletos, de relatos oficiales publicados sin consenso. En ese contexto, la frase de Noem no aclara, empeora.

Porque si todo se hace “por orden”, nadie responde. Si el relato se impone antes que los hechos, la verdad llega tarde. Y cuando llega, suele hacerlo después de los disparos.

VIOLENCIA DE ESTADO, RELATO Y DAÑOS COLATERALES

El patrón se repite. Se presenta a la persona fallecida como amenaza. Se enfatiza el arma. Se ocultan los matices. La presunción de culpabilidad se construye post mortem. En el caso de Pretti, funcionarios aseguraron que “blandió” un arma; el vídeo disponible contradice esa afirmación. En el de Good, una madre muerta por un agente federal, el silencio pesa.

No es un debate abstracto. Son dos muertes en una ciudad concreta, en enero de 2026, bajo una estrategia política concreta. La administración convierte la migración en un problema de orden público y externaliza la culpa cuando el resultado es letal. Noem se protege con el paraguas del mando. Miller endurece el lenguaje. Trump capitaliza la confrontación. El círculo se cierra.

En esta lógica, la seguridad no se mide por derechos protegidos sino por cuerpos neutralizados. Las y los vecinos quedan atrapados entre operativos federales y comunicados. Las y los agentes reciben mensajes políticos que premian la dureza. Y cuando algo sale mal, la cadena de mando sirve de escudo.

No hay que exagerar para entender el riesgo. La ciudad de Minneapolis demanda al Gobierno. Dos personas de 37 años muertas en semanas. Versiones oficiales desmentidas por imágenes. Una secretaria que admite obediencia. Un asesor que etiqueta sin pruebas. Un presidente que avala. Las fechas y las cifras importan porque delimitan responsabilidades.

El problema no es una frase filtrada. Es un modelo. Un modelo que sustituye la rendición de cuentas por consignas, la investigación por adjetivos, la prevención por fuerza, y la política por miedo. Y mientras la responsabilidad se pasa de mano en mano, la violencia queda.