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La soberanía digital no se declama, se ejecuta. Francia empieza a cortar el cordón umbilical con Silicon Valley.
Francia ha decidido dejar de fingir. El 27 de enero de 2026, el Gobierno confirmó que prohibirá a las y los cargos públicos el uso de plataformas estadounidenses de videoconferencia como Zoom, Microsoft Teams y Google Meet. No es un gesto simbólico ni una nota a pie de página en la interminable conversación europea sobre “autonomía estratégica”. Es una orden administrativa con calendario, control y consecuencias. Y eso cambia el marco del debate.
La instrucción, preparada por la Dirección Interministerial de lo Digital, obliga a migrar las comunicaciones oficiales a Visio, una herramienta desarrollada por el propio Estado francés y alojada en infraestructuras de Outscale, empresa con sede en Francia. El aviso se publicará “en los próximos días” y forma parte de un objetivo más amplio: que en 2027 la administración central opere con soluciones tecnológicas propias. No se trata de nostalgia nacional ni de fetichismo tecnológico. Se trata de poder.
Hoy ya hay 40.000 trabajadoras y trabajadores públicos usando Visio. El objetivo declarado es alcanzar 250.000 usuarias y usuarios. Para lograrlo, la administración monitorizará el cumplimiento y podrá bloquear el tráfico de herramientas extranjeras en la red estatal. No hay eufemismos. Hay decisión política.
SOBERANÍA DIGITAL O COLONIA TECNOLÓGICA
Europa lleva años diagnosticando el problema sin atreverse a aplicar el tratamiento. La dependencia estructural de servicios digitales de EE.UU. no es una anécdota técnica, es una relación de subordinación. Datos, metadatos, flujos de comunicación y rutinas institucionales descansan en infraestructuras ajenas, sometidas a legislaciones ajenas y a intereses corporativos que no rinden cuentas democráticas en Europa.
El paso francés no nace de la nada. En el verano de 2025, el Gobierno ya obligó a abandonar WhatsApp y Telegram en favor de Tchap, una mensajería exclusiva para funcionariado. La lógica es coherente: quien gobierna no puede hacerlo desde servidores que no controla. Cada reunión en Zoom, cada archivo compartido en Teams, cada llamada en Meet es un recordatorio de hasta qué punto la administración pública europea ha normalizado la externalización de su columna vertebral digital.
No es solo una cuestión de privacidad o ciberseguridad, aunque lo sea. Es una cuestión de soberanía política. Las sanciones extraterritoriales, el espionaje legalizado y la presión comercial forman parte del arsenal geopolítico estadounidense. Depender de sus plataformas equivale a aceptar ese marco. Francia ha decidido dejar de hacerlo, al menos en su casa.
La decisión llega en un momento de creciente sensibilidad europea ante esa dependencia. No es casualidad. La guerra comercial, la presión sobre datos estratégicos y el uso político de la tecnología han desnudado una verdad incómoda: sin infraestructura propia no hay autonomía posible. Y sin autonomía, la retórica europea es papel mojado.
EL ESTADO FRENTE A LAS PLATAFORMAS
El movimiento francés incomoda porque rompe un tabú. Durante años se ha asumido que el Estado debía adaptarse al mercado, no al revés. Que la eficiencia pasaba por subcontratar a gigantes tecnológicos y que cualquier alternativa pública era, por definición, inferior. Francia está diciendo lo contrario: que el Estado puede diseñar, desplegar y escalar tecnología crítica si hay voluntad política y recursos.
No es un camino sencillo ni inmediato. Migrar cientos de miles de usuarias y usuarios, garantizar interoperabilidad y formar a plantillas requiere inversión y planificación. Pero el coste de no hacerlo es mayor. Es el coste de la dependencia permanente, de la vulnerabilidad jurídica y de la captura tecnológica. La neutralidad de las plataformas es un mito y la administración pública no puede seguir actuando como si no lo supiera.
La decisión también tiene una lectura económica. Cada licencia pagada a Silicon Valley es capital que sale. Cada desarrollo propio es empleo, conocimiento y capacidad instalada que se queda. No es proteccionismo, es política industrial del siglo XXI. Y es, además, una señal al resto de Europa: si se quiere confrontar el poder de EE.UU., hay que dejar de alimentarlo con dinero público.
Habrá resistencias, como siempre. Habrá quien invoque la comodidad, la costumbre o la supuesta superioridad técnica. Son los mismos argumentos que han acompañado cada privatización y cada cesión de soberanía. Francia ha decidido no escucharlos. Ha entendido que la independencia no se negocia, se construye, y que no se puede hablar de democracia digital mientras las instituciones funcionan con herramientas que no controlan.
Para luchar contra EE.UU. hay que dejar EE.UU., también en la pantalla donde se toman las decisiones.
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