Este medio se sostiene gracias a su comunidad. APOYA EL PERIODISMO INDEPENDIENTE .
La investigación de la Guardia Civil apunta a un reparto encubierto de casi dos millones de euros en plena pandemia, con la sanidad privatizada como telón de fondo y la pareja de la presidenta madrileña en el centro del esquema.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha entrado de lleno en uno de los episodios más turbios de la pandemia en Madrid. Desde noviembre de 2025, la Unidad Central Operativa trabaja en un informe clave sobre el presunto encubrimiento del reparto de una comisión millonaria por la venta de mascarillas. En el centro de la trama aparece Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención.
Los hechos no son menores. Durante los primeros meses de la pandemia, cuando hospitales y residencias sufrían escasez de material, una operación de compraventa de equipos sanitarios generó una comisión de 1.973.000 euros. Según la Fiscalía, ese dinero no fue fruto de una intermediación legítima, sino el resultado de un soborno pactado de antemano. El mecanismo para ocultarlo fue una compraventa empresarial tan desproporcionada como reveladora.
EL PELIGROSO MATRIMONIO ENTRE NEGOCIO PRIVADO Y PANDEMIA
La clave está en una empresa fantasma. Círculo de Belleza S.L., una sociedad sin empleados, con apenas 30.000 euros de facturación anual, tres aparatos de depilación amortizados y un ordenador portátil, fue vendida en septiembre de 2020 por 499.836 euros a González Amador. Ese precio no responde a ninguna lógica empresarial. Responde, según la investigación, a la necesidad de camuflar el reparto de una comisión ilegal.
Unos meses antes, en mayo de 2020, una empresa gallega llamada Mape compró material sanitario por 42 millones de euros a la firma catalana FCS. González Amador había pactado con FCS quedarse con un 4,5 % de las ventas que lograra intermediar. Para que la operación saliera adelante, Fernando Camino, consejero de Mape y presidente de Quirón Prevención, habría movido los hilos. El resultado fue una comisión cercana a los 2 millones de euros.
La operación no fue aislada ni casual. Apenas un mes después de que se cobrara el segundo plazo de esa comisión, Camino vendió a su mujer el 20 % de Círculo de Belleza por 4.000 euros. El hermano de la propietaria hizo lo mismo. Tres meses más tarde, esa misma sociedad se vendía por medio millón. Traducido a cifras claras: un 20 % comprado por 4.000 euros se transformó en 100.000 gracias a la operación con la pareja de Ayuso.
La Fiscalía considera acreditado de forma indiciaria que esa diferencia no es una inversión, sino la forma de repartir el botín. No una comisión comercial, sino un pago encubierto.
QUIRÓN, MADRID Y EL DINERO PÚBLICO
El contexto agrava los hechos. González Amador trabaja para el grupo Quirón desde 2017. En 2021, el año en que se hizo pública su relación con Ayuso, la facturación de su empresa principal con Quirón se cuadruplicó. Al mismo tiempo, el grupo sanitario recibe cerca de 1.000 millones de euros anuales de la Comunidad de Madrid gracias a la política sostenida de privatización sanitaria.
No es un caso aislado de corrupción privada, sino un engranaje más de un modelo. Un modelo donde lo público financia lo privado, y donde las relaciones personales lubrican contratos millonarios. La jueza instructora y la acusación popular, ejercida por PSOE y Más Madrid, no descartan que de la investigación surjan nuevos delitos como blanqueo de capitales o pertenencia a grupo criminal.
En junio de 2024, González Amador estuvo a punto de cerrar un pacto con la Fiscalía por dos delitos fiscales que le habría evitado la prisión. El acuerdo saltó por los aires cuando la acusación popular destapó esta operación societaria anómala. Desde entonces, la causa se amplió a corrupción en los negocios y administración desleal.
Las contradicciones en sede judicial han hecho el resto. La supuesta consultoría internacional que justificaba el precio de Círculo de Belleza nunca se realizó. El conocimiento empresarial alegado por la vendedora llevaba años sin aplicarse. El único elemento común en los relatos es un empresario de Florida, amigo personal de la pareja vendedora, que habría servido de enlace. Negocios en círculo cerrado, favores cruzados y beneficios extraordinarios en el peor momento colectivo.
La UCO tiene ahora sobre la mesa 19 meses de inspección fiscal, declaraciones judiciales y movimientos societarios que encajan como piezas de un mismo puzle. Cuando el informe se entregue, no se estará juzgando solo a un empresario. Se estará radiografiando un sistema donde la pandemia fue una oportunidad de negocio y la sanidad pública, el peaje.
Este periodismo no lo financian bancos ni partidos
Lo sostienen personas como tú. En un contexto de ruido, propaganda y desinformación, hacer periodismo crítico, independiente y sin miedo tiene un coste.
Si este artículo te ha servido, te ha informado o te ha hecho pensar, puedes ayudarnos a seguir publicando.
Cada aportación cuenta. Sin intermediarios. Sin líneas rojas impuestas. Solo periodismo sostenido por su comunidad.
Seguir
Seguir
Seguir
Seguir
Subscribe
Seguir
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
15.000 personas ya han visto cómo la fe se convierte en poder
El último ReportajeSR analiza cómo determinados sectores del evangelismo conservador dejaron de limitarse a los templos para convertirse en una maquinaria política al servicio de la extrema derecha. De Trump a Bolsonaro, de Milei a Vox: redes comunitarias, guerras culturales, dinero, medios y religión convertidos en infraestructura electoral.
Presentado por Léa Gugelmann, el reportaje ya ha superado las 15.000 visualizaciones desde su estreno. Porque para entender el auge de la extrema derecha no basta con mirar a sus candidatos: también hay que observar quién construye sus discursos, moviliza sus bases y presenta el autoritarismo como una misión divina.
Vídeo | Sadismo en primera persona
Un turista graba el encierro de San Fermín como si estuviera en una atracción. Adrenalina, golpes, risas y animales convertidos en decorado para conseguir un vídeo viral. No está viviendo una tradición: está consumiendo sufrimiento como entretenimiento.
Además, corre con una cámara cuando está prohibido hacerlo, poniendo en peligro a quienes tiene alrededor. La turistificación añade otra capa de irresponsabilidad a una barbaridad ya normalizada: venir, beber, molestar, jugar con la vida ajena y marcharse con unos cuantos clics. El sadismo también se graba en primera persona.