La justicia que mira hacia otro lado ante las cloacas del PP 

Décadas de grabaciones, nombres propios y fechas precisas quedan fuera del radar judicial mientras la Audiencia Nacional consolida una doctrina de impunidad selectiva.

El relevo en el juzgado central número 6 de la Audiencia Nacional no ha supuesto un cambio de rumbo. El juez Antonio Piña ha decidido seguir exactamente la senda trazada por su antecesor, Manuel García Castellón, cerrando la puerta a la investigación de decenas de horas de grabaciones que documentan seis años de corrupción policial y política durante los gobiernos del Partido Popular. No es una cuestión de falta de material. Es una decisión.

Piña llegó al juzgado hace un año para cubrir la vacante dejada por García Castellón y heredó una de las causas más graves del presente siglo: el caso Tándem, abierto en 2017, que investiga operaciones policiales ilegales ejecutadas sin control judicial entre 2012 y 2018, bajo el mandato de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior. Una estructura de poder en la sombra encabezada por el comisario José Manuel Villarejo, con ramificaciones en la política, la judicatura, los medios de comunicación y el empresariado.

En septiembre de 2022, García Castellón abrió la pieza separada número 34 tras la publicación de nuevas grabaciones de Villarejo que abarcan desde 2012 hasta octubre de 2017, fecha de su detención. Lejos de activar una investigación acorde a la magnitud del material, el juzgado optó por la inacción. Meses después, el empresario Javier Pérez Dolset aportó 40 horas adicionales de audios grabados en comidas con jueces, periodistas, policías y empresarios. El resultado fue el mismo: silencio procesal.

La primera diligencia relevante llegó trece meses después, en octubre de 2023, cuando se citó como testigos a directores de medios que habían publicado los audios. Interrogatorios breves, preguntas irrelevantes y un encargo mínimo a Asuntos Internos. De ese análisis salió un informe policial que señalaba tres grabaciones de interés penal. Ese documento permaneció oculto a las partes durante meses.

UNA DOCTRINA DE ARCHIVO PREVENTIVO

Cuando el PSOE, como acusación popular, conoció ese informe hace tres meses, solicitó la imputación de Dolores de Cospedal. La prueba era clara: una conversación grabada en enero de 2013 en la que la entonces secretaria general del PP pide a Villarejo que actúe para frenar la publicación de los papeles de Bárcenas. “La libretita… sería mejor poderlo parar”, dice. No era una opinión. Era una petición de intervención policial al margen de la ley.

Antonio Piña, con el aval del fiscal, rechazó la imputación. A su juicio, no se aprecia encargo delictivo alguno. Tampoco consideró relevante otra grabación en la que Cospedal relata cómo Fernández Díaz le ofreció acceso a un informe policial del caso Gürtel antes de que lo recibiera el juez competente. La normalización de la interferencia política en causas judiciales convertida en irrelevante penal.

El PSOE denunció una forma de lawfare inverso: no perseguir el delito para proteger a quien ostenta poder político. Piña respondió acusando al partido de injurias y de dañar la confianza en la justicia. La paradoja es evidente. La confianza se erosiona cuando la justicia decide no mirar.

Mientras tanto, en tres meses, se sentarán en el banquillo Fernández Díaz y su ex secretario de Estado Francisco Martínez por la operación Kitchen, el espionaje ilegal a Luis Bárcenas para robarle pruebas sobre la financiación ilegal del PP. El juicio avanza para una parte mínima del entramado. El resto sigue blindado.

SEIS AÑOS DE AUDIOS QUE NADIE QUIERE ESCUCHAR

En la pieza 34 se acumulan grabaciones no analizadas que describen con precisión quirúrgica el funcionamiento de las cloacas del Estado. En una de ellas, Fernández Díaz y Villarejo planifican denuncias contra Jordi Pujol y Artur Mas con información policial en parte falsa. El exministro es consciente de la ilegalidad y lo verbaliza: “Yo negaré incluso bajo tortura que esta reunión ha existido”.

Otras grabaciones revelan cómo altos cargos de Interior investigaron a jueces catalanes favorables al derecho a decidir y filtraron a La Razón fotos de sus DNI obtenidas de bases de datos policiales. En los audios, mandos policiales hablan abiertamente de borrar rastros informáticos y ampararse en la Ley de Secretos Oficiales. Estos hechos fueron archivados en Barcelona sin que el juzgado tuviera acceso a esta prueba sonora.

También aparece el llamado informe PISA contra Podemos, una operación de intoxicación mediática basada en documentación falsa. Villarejo lo define ante Cospedal sin rodeos: “Eso es basura”. Aun así, sirvió para alimentar portadas y denuncias que acabaron archivadas. La mentira cumplió su función política sin consecuencias penales.

Especialmente grave es la existencia de dos grabaciones, fechadas en septiembre de 2014, donde Villarejo afirma que Fernández Díaz le encargó investigar los negocios del suegro de Pedro Sánchez. “Me lo ha encargado el del Opus”, dice. Una utilización directa del aparato policial para atacar al adversario político.

Y aun así, no hay investigación.

Décadas de democracia, miles de páginas de sumarios y horas de audios después, la justicia sigue protegiendo a quien operó desde el poder, no a quien fue víctima de sus abusos.