La investigación por corrupción que rodea al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro sigue lejos de cerrarse. Al contrario. La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado nueva documentación y ha pedido prorrogar la instrucción para “avanzar” en una causa que apunta a un presunto entramado de favores empresariales a cambio de dinero, con el despacho fundado por el propio Montoro como eje central. Mientras las defensas hablan de persecución política, el Ministerio Público responde con una frase que desmonta el relato victimista: no se investiga ideología, se investigan “actuaciones graves de corrupción”.

El procedimiento continúa a la espera de que la Audiencia de Tarragona resuelva la avalancha de recursos presentados tras levantarse el secreto de sumario. Un atasco procesal que las defensas utilizan como ariete para pedir el archivo, pero que no ha frenado a la Fiscalía. Al contrario. La fiscal Carmen García Cerdá ha solicitado una batería de diligencias que apuntan directamente al corazón económico y societario del caso.

El foco vuelve a situarse en Equipo Económico, el bufete que Montoro fundó antes de ocupar el Ministerio y que, según la investigación, habría funcionado como canal de acceso privilegiado a decisiones del Gobierno que beneficiaban a determinadas empresas, especialmente del sector gasístico. El origen del caso no es menor: un correo electrónico que resume con crudeza el supuesto mecanismo corrupto. “La vía directa es pagar a Equipo Económico que tiene contacto directo con el ministro”. No es una interpretación periodística. Es una frase literal incorporada al sumario.

La Fiscalía quiere ahora despejar cualquier sombra sobre cómo funcionaba esa estructura. Ha pedido hojas registrales completas, información mercantil y societaria, y las cuentas anuales desde 2008, un año clave porque marca el periodo previo y posterior a la llegada de Montoro al poder. El objetivo es claro: seguir el rastro del dinero. Saber quién controlaba realmente las sociedades, cómo fluían los pagos y si esos ingresos se correspondían con servicios reales o con simples contratos pantalla.

No se trata solo de papeles contables. Anticorrupción reclama documentación que acredite la prestación efectiva de servicios por parte de Equipo Económico o de su heredera, Global Afteli, a las empresas investigadas. Contratos, facturas emitidas, justificantes de pago. Pruebas objetivas que permitan determinar si había asesoramiento legítimo o si, como apunta la investigación, se trataba de comprar influencia política en el Ministerio de Hacienda.

Junto a estas diligencias, la Fiscalía ha pedido seis meses más de investigación. Una prórroga que no es automática y que deberá autorizar el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, pero que evidencia que el caso está lejos de agotarse. Cuando una causa se estanca, se archiva. Cuando se amplía, es porque hay camino por recorrer. Y aquí, según el Ministerio Público, todavía hay demasiadas preguntas sin responder.

Las defensas, que representan a una treintena de personas investigadas, insisten en el mismo guion. Hablan de “hallazgo casual” de las pruebas, cuestionan la competencia del juez de Tarragona y denuncian la duración del secreto de sumario como si el tiempo, por sí solo, invalidara los indicios. Es una estrategia conocida: convertir el procedimiento en el problema para no hablar del fondo. Pero la fiscal García Cerdá ha respondido de forma directa y sin rodeos. No hay causa política. Hay indicios de corrupción. Y eso es lo que se investiga.

La frase no es retórica. Tiene peso jurídico y político. En un país donde demasiadas tramas han terminado diluyéndose entre recursos, prescripciones y ruido mediático, que Anticorrupción defienda la solidez del caso y reclame más pruebas es una señal relevante. También incómoda. Porque Montoro no es un cargo menor ni un nombre olvidado. Fue el arquitecto de la política fiscal del Partido Popular durante años, el ministro que predicó austeridad mientras su entorno, presuntamente, hacía negocio con el BOE.

El caso Montoro no va solo de un exministro y su despacho. Va del modelo de puertas giratorias, de la captura del Estado por intereses privados y de una forma de gobernar donde el poder público se convierte en mercancía. Por eso las prisas por archivar, por eso el ruido sobre conspiraciones, por eso el intento de deslegitimar a la Fiscalía. Porque si la investigación avanza, no solo se juzgarán nombres propios. Se cuestionará una manera de entender la política como servicio a quienes pueden pagarla.