2005 como ejemplo: el bulo del “efecto llamada” vuelve a caer 

Cuando el miedo se usa como argumento político, los datos vuelven a poner a cada cual en su sitio

España vuelve a discutir una regularización extraordinaria de personas migrantes como si fuese un salto al vacío. El ruido es viejo. El guion, también. El Partido Popular y Vox hablan de “efecto llamada”, de “colapso” y de “abuso de los servicios públicos”. Lo hacen ignorando deliberadamente lo ocurrido en 2005, cuando una medida similar permitió aflorar trabajo oculto, aumentar ingresos públicos y mejorar derechos laborales. No fue una excepción ideológica. Fue una decisión pragmática con resultados medibles.

Entonces, cerca de 600.000 personas salieron de la economía sumergida. No llegaron más por arte de magia. Simplemente dejaron de ser invisibles. Pasaron a cotizar, a pagar impuestos y a trabajar con contrato. Hoy, el Congreso tramita una iniciativa para regularizar a unas 500.000 personas, con el voto en contra de la extrema derecha y la misma retórica de siempre por parte del PP. Los datos, sin embargo, no han cambiado.

LOS DATOS CONTRA EL MIEDO ORGANIZADO

La regularización de 2005, impulsada bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, tuvo un impacto inmediato en la afiliación a la Seguridad Social. El número de personas extranjeras afiliadas se disparó aquel año. No porque viniera más gente, sino porque quienes ya estaban pudieron cotizar. Un estudio publicado en 2021 por investigadoras e investigadores de la Universidad Pompeu Fabra concluyó que cada persona regularizada aportó entre 4.000 y 5.000 euros anuales solo en impuestos sobre el salario.

Joan Monrás, catedrático de Economía y uno de los autores del estudio, lo resume sin rodeos: “La regularización de 2005 tuvo un efecto claramente positivo”. Dos años después, más de la mitad de las personas regularizadas seguían en el sector formal, con mejores salarios y en empresas de mayor tamaño. Menos precariedad. Más estabilidad. Más ingresos públicos.

El argumento del “efecto llamada” se desmonta con la misma facilidad. El equipo de la UPF comparó la evolución de los flujos migratorios extracomunitarios, afectados por la medida, con los comunitarios, que no lo estaban. No hubo cambios significativos. Las proporciones se mantuvieron estables. No hay evidencia empírica de un aumento de llegadas ligado a la regularización.

Desde Funcas, su director de coyuntura, Raymond Torres, insiste en que el impacto fiscal es positivo desde el primer momento. Las personas migrantes regularizadas acceden a contratos, cotizan y aportan más de lo que reciben, al menos en el corto y medio plazo. Son mayoritariamente jóvenes, en edad de trabajar, con un consumo reducido de sanidad y educación en comparación con la población envejecida. No es ideología. Es demografía aplicada.

La Fundación porCausa, en su informe Esenciales 2022, cifra la aportación fiscal neta media en 3.500 euros anuales por persona regularizada. En conjunto, la medida podría suponer entre 790 y 950 millones de euros al año. Otros cálculos elevan aún más la cifra. El economista y estadístico Francisco Melis estimó que una regularización amplia podría incrementar los ingresos públicos en hasta 2.000 millones de euros anuales. Con 400.000 nuevas personas cotizando el salario mínimo, las arcas del Estado ingresarían 2.346 millones de euros al año.

DERECHOS, TRABAJO Y PENSIONES

Más allá de la recaudación, la regularización tiene un efecto directo sobre el conjunto de la clase trabajadora. La economía sumergida no beneficia a quien trabaja, sino a quien explota. Cuando una parte de la mano de obra carece de derechos, los salarios bajan y las condiciones empeoran para todas y todos. Regularizar reduce la competencia desleal entre empresas y eleva los estándares laborales en sectores precarizados como la limpieza, la agricultura o los cuidados.

En 2005, uno de los colectivos más beneficiados fue el de las empleadas del hogar, que representaron alrededor del 30 % de las nuevas afiliaciones. Mujeres, muchas de ellas migrantes, que pasaron de la invisibilidad a tener derechos básicos. Eso también es política pública.

El debate sobre las pensiones atraviesa inevitablemente esta discusión. España afronta la jubilación de la generación del baby boom con un mercado laboral tensionado. Incorporar cientos de miles de cotizantes jóvenes es un balón de oxígeno. No resuelve por sí solo el problema estructural, pero mejora el equilibrio entre población activa y jubilada. Antonio González, exsecretario general de Empleo, lo explicó con claridad: regularizar permite un cálculo más realista del PIB y reduce la presión relativa del gasto en pensiones durante los próximos años.

La ministra de Inclusión, Elma Saiz, ha recordado un dato incómodo para quienes agitan el miedo: las personas migrantes aportan alrededor del 10 % de los ingresos de la Seguridad Social y solo suponen el 1 % del gasto. La diferencia no es retórica. Es contable.

Los procesos de regularización no son una anomalía. España ha realizado seis desde la Transición. Dos bajo Gobiernos del PP (2000 y 2001) y cuatro bajo Gobiernos del PSOE (1986, 1991, 1996 y 2005). Nunca provocaron el colapso prometido. Nunca hundieron los servicios públicos. Sí sacaron a cientos de miles de personas de la clandestinidad laboral.

Quienes hoy se oponen no están defendiendo la legalidad ni el interés general. Defienden un modelo que necesita personas sin derechos para sostener salarios bajos y beneficios privados. La regularización no crea un problema. Hace visible uno que ya existe y decide dejar de explotarlo.