Cuando el miedo se usa como argumento político, los datos vuelven a poner a cada cual en su sitio
España vuelve a discutir una regularización extraordinaria de personas migrantes como si fuese un salto al vacío. El ruido es viejo. El guion, también. El Partido Popular y Vox hablan de “efecto llamada”, de “colapso” y de “abuso de los servicios públicos”. Lo hacen ignorando deliberadamente lo ocurrido en 2005, cuando una medida similar permitió aflorar trabajo oculto, aumentar ingresos públicos y mejorar derechos laborales. No fue una excepción ideológica. Fue una decisión pragmática con resultados medibles.
Entonces, cerca de 600.000 personas salieron de la economía sumergida. No llegaron más por arte de magia. Simplemente dejaron de ser invisibles. Pasaron a cotizar, a pagar impuestos y a trabajar con contrato. Hoy, el Congreso tramita una iniciativa para regularizar a unas 500.000 personas, con el voto en contra de la extrema derecha y la misma retórica de siempre por parte del PP. Los datos, sin embargo, no han cambiado.
LOS DATOS CONTRA EL MIEDO ORGANIZADO
La regularización de 2005, impulsada bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, tuvo un impacto inmediato en la afiliación a la Seguridad Social. El número de personas extranjeras afiliadas se disparó aquel año. No porque viniera más gente, sino porque quienes ya estaban pudieron cotizar. Un estudio publicado en 2021 por investigadoras e investigadores de la Universidad Pompeu Fabra concluyó que cada persona regularizada aportó entre 4.000 y 5.000 euros anuales solo en impuestos sobre el salario.
Joan Monrás, catedrático de Economía y uno de los autores del estudio, lo resume sin rodeos: “La regularización de 2005 tuvo un efecto claramente positivo”. Dos años después, más de la mitad de las personas regularizadas seguían en el sector formal, con mejores salarios y en empresas de mayor tamaño. Menos precariedad. Más estabilidad. Más ingresos públicos.
El argumento del “efecto llamada” se desmonta con la misma facilidad. El equipo de la UPF comparó la evolución de los flujos migratorios extracomunitarios, afectados por la medida, con los comunitarios, que no lo estaban. No hubo cambios significativos. Las proporciones se mantuvieron estables. No hay evidencia empírica de un aumento de llegadas ligado a la regularización.
Desde Funcas, su director de coyuntura, Raymond Torres, insiste en que el impacto fiscal es positivo desde el primer momento. Las personas migrantes regularizadas acceden a contratos, cotizan y aportan más de lo que reciben, al menos en el corto y medio plazo. Son mayoritariamente jóvenes, en edad de trabajar, con un consumo reducido de sanidad y educación en comparación con la población envejecida. No es ideología. Es demografía aplicada.
La Fundación porCausa, en su informe Esenciales 2022, cifra la aportación fiscal neta media en 3.500 euros anuales por persona regularizada. En conjunto, la medida podría suponer entre 790 y 950 millones de euros al año. Otros cálculos elevan aún más la cifra. El economista y estadístico Francisco Melis estimó que una regularización amplia podría incrementar los ingresos públicos en hasta 2.000 millones de euros anuales. Con 400.000 nuevas personas cotizando el salario mínimo, las arcas del Estado ingresarían 2.346 millones de euros al año.
DERECHOS, TRABAJO Y PENSIONES
Más allá de la recaudación, la regularización tiene un efecto directo sobre el conjunto de la clase trabajadora. La economía sumergida no beneficia a quien trabaja, sino a quien explota. Cuando una parte de la mano de obra carece de derechos, los salarios bajan y las condiciones empeoran para todas y todos. Regularizar reduce la competencia desleal entre empresas y eleva los estándares laborales en sectores precarizados como la limpieza, la agricultura o los cuidados.
En 2005, uno de los colectivos más beneficiados fue el de las empleadas del hogar, que representaron alrededor del 30 % de las nuevas afiliaciones. Mujeres, muchas de ellas migrantes, que pasaron de la invisibilidad a tener derechos básicos. Eso también es política pública.
El debate sobre las pensiones atraviesa inevitablemente esta discusión. España afronta la jubilación de la generación del baby boom con un mercado laboral tensionado. Incorporar cientos de miles de cotizantes jóvenes es un balón de oxígeno. No resuelve por sí solo el problema estructural, pero mejora el equilibrio entre población activa y jubilada. Antonio González, exsecretario general de Empleo, lo explicó con claridad: regularizar permite un cálculo más realista del PIB y reduce la presión relativa del gasto en pensiones durante los próximos años.
La ministra de Inclusión, Elma Saiz, ha recordado un dato incómodo para quienes agitan el miedo: las personas migrantes aportan alrededor del 10 % de los ingresos de la Seguridad Social y solo suponen el 1 % del gasto. La diferencia no es retórica. Es contable.
Los procesos de regularización no son una anomalía. España ha realizado seis desde la Transición. Dos bajo Gobiernos del PP (2000 y 2001) y cuatro bajo Gobiernos del PSOE (1986, 1991, 1996 y 2005). Nunca provocaron el colapso prometido. Nunca hundieron los servicios públicos. Sí sacaron a cientos de miles de personas de la clandestinidad laboral.
Quienes hoy se oponen no están defendiendo la legalidad ni el interés general. Defienden un modelo que necesita personas sin derechos para sostener salarios bajos y beneficios privados. La regularización no crea un problema. Hace visible uno que ya existe y decide dejar de explotarlo.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
¿Qué ocurre cuando las personas dejan de ser tratadas como seres humanos y pasan a utilizarse como herramientas políticas? En este nuevo #ReportajeSR de Spanish Revolution, Léa Gugelmann analiza a fondo la…
THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
El Pentágono ha dado un paso sin precedentes: poner la toma de decisiones y la estrategia militar en manos de la inteligencia artificial. Patricia Salvador te cuenta en este #ReportajeSR cómo, a…