Solidaridad, el «sindicato» de VOX «han hecho sonar el Cara al Sol por megafonía, han gritado consignas franquistas y vivas en Abascal».
El fotoperiodista Jordi Borràs se encontraba fotografiando el día nacional en Budapest, Hungría, donde «mezclados con la comitiva italiana, han aparecido banderas españolas y miembros del sindicato de VOX, Solidaridad», explica.
«Creyéndose impunes a miles de kilómetros de España, los representantes de Solidaridad, han hecho sonar el Cara al Sol por megafonía, han gritado consignas franquistas y vivas en Abascal», ha informado Borràs.
No es de extrañar esta relación del sindicato con el extremismo de derechas, puesto que hay miembros dentro de este mismo vinculados a grupos neofascistas. Este es el caso, por ejemplo, de Jorge de la Hera, cercano a Hogar Social Madrid.
Esta idea de un sindicato de derechas, explica Borràs, sirve para promocionar reivindicaciones donde el partido VOX cojea, en el obrerismo.
España no es una excepción, puesto que en países como Italia, con UGL, la sindicalización de la extrema derecha es un hecho concurrido y con años de trayecto recorrido. El nombre del sindicato, incluso, proviene de Solidarnosc, «que fue muy importante en Polonia para la derrota del Gobierno comunista del país», añade Borràs.
Esta estrategia en España está siendo utilizada por el partido actualmente en el paro de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte.
El portavoz de Vox en la Diputación de Sevilla, Rafael García, se ha desplazado este martes hasta la localidad sevillana de Guillena, para mostrar «todo el apoyo de Vox a la huelga de transportistas» convocada por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías, un paro al que no se han sumado las organizaciones empresariales con mayor representatividad en el sector.
Rafael García ha considerado además «inadmisible que el Ejecutivo central anuncie más de 20.000 millones de euros en políticas feministas» de igualdad entre este año y 2025, destinando buena parte de los fondos a reducir la brecha salarial y de las pensiones o dignificar las condiciones de trabajo de las empleadas más precarias, «mientras los transportistas están asfixiados con impuestos que Sánchez se niega a bajar, especialmente en lo que al combustible y la cuota de autónomo se refiere».
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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