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Siete institutos más, obras a dedo y facturas troceadas bajo la lupa judicial del Gobierno de Madrid
La investigación judicial sobre el escándalo de la Formación Profesional en la Comunidad de Madrid acaba de dar un salto cualitativo. La jueza instructora no solo mantiene abierta la causa por presunta prevaricación, sino que amplía el foco a otros siete centros educativos y eleva el nivel de responsabilidad política al llamar como investigado a un exalto cargo del Ejecutivo autonómico. Lo que empezó como un caso aislado en la Ciudad Escolar apunta ya a un patrón sistémico de adjudicaciones irregulares, obras sin concurso y fraccionamiento de pagos para esquivar los controles legales durante el periodo 2021–2023.
La causa nace de una investigación periodística de elDiario.es, que destapó cómo se ejecutaron obras por valor de 2.000.000 de euros sin licitación pública. A partir de ahí, el Juzgado de Instrucción nº 39 de Madrid prorrogó diligencias y, en un nuevo auto fechado el 27 de enero de 2026, ha decidido llamar a declarar a siete directores y directoras de institutos que realizaron obras en el mismo marco temporal. La Fiscalía Anticorrupción ya había advertido de una “grosera y palmaria” omisión del procedimiento legal.
OBRAS A DEDO, PAGOS FRAGMENTADOS Y UN MANUAL PARA ESQUIVAR LA LEY
La Ley de Contratos del Sector Público es clara. Toda obra superior a 40.000 euros más IVA debe salir a concurso para garantizar competencia, transparencia y el mejor uso del dinero público. Según la investigación judicial y los datos publicados por elDiario.es, esa norma fue burlada de forma sistemática: se dividían las reformas en partidas menores (paredes, baños, pintura) para no superar el umbral legal y adjudicarlas a dedo.
La jueza cita como testigos a responsables del IES Antonio Machado, el Conservatorio Profesional de Música de Alcalá de Henares, el IES Príncipe Felipe, el IES Virgen de la Paloma, el IES Ciudad de los Poetas y el IES Tetuán de las Victorias, además del IES Alberto Corazón (Escuela de Arte de Alcalá), cuyo caso fue clave para abrir la causa. Dos de esos centros llegaron a sufragar parte de unas obras que alcanzaron 1.200.000 euros, pagando desde distintas instituciones para que “no saltaran las alarmas”, según declaró el constructor denunciante.
El método era doble. Fraccionar pagos y desplazar fondos entre centros para diluir responsabilidades. En otro instituto, el de FP a Distancia Ignacio Ellacuría, Educación habría ingresado dinero a un centro de Móstoles con la instrucción expresa de pagar obras realizadas en Alcorcón. Un circuito opaco que deja a las direcciones de los institutos como ejecutoras sin capacidad real de decisión, y traslada el foco a la Consejería.
LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA SUBE DE NIVEL
El auto judicial no se limita a los centros. Llama como investigado a José María Rodríguez Jiménez, exdirector general de Educación Secundaria y FP del anterior Gobierno madrileño, que había declarado como testigo en julio de 2025. El principal imputado, exsubdirector de FP cesado cuando estalló el escándalo, afirmó ante el juzgado que el entonces consejero de Educación, Enrique Ossorio, conocía el procedimiento y que “era así cuando él llegó y cuando se fue”. Hoy, Ossorio preside la Asamblea de Madrid.
Durante los años investigados, la mano derecha del consejero era Rocío Albert, hoy consejera de Hacienda. Y la cadena de avisos llegó hasta asesores de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, según la documentación y los correos a los que accedió elDiario.es. El empresario denunciante comenzó a reclamar pagos ante los impagos, envió burofaxes a la Dirección General y al actual consejero Emilio Viciana, y se reunió con un asesor de la presidenta que prometió “arreglar” la situación. Nunca hubo contrato oficial.
La reacción institucional llegó tarde y mal. Tras recibir el burofax y constatar que no existía contrato, la Consejería abrió una investigación interna. Un inspector recomendó llevar el caso a la justicia por la gravedad de los hechos. Educación mantuvo el asunto oculto hasta su publicación. Una denuncia de Podemos hizo decaer la investigación fiscal inicial y trasladó todo al juzgado. En la causa están personadas la Comunidad de Madrid, PSOE, Más Madrid y CCOO.
No estamos ante errores administrativos, sino ante un diseño para sortear controles, socializar riesgos y privatizar decisiones con dinero público. Las cifras están ahí: 2.000.000 de euros, 1.200.000 euros, 2021–2023, 40.000 euros como frontera legal rebasada con bisturí. La pregunta ya no es si hubo irregularidades, sino quién las ordenó y quién miró hacia otro lado. Y la respuesta judicial acaba de empezar a señalar hacia arriba.
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Eso no es seguridad. Es desposesión administrada. Es convertir un alto el fuego en una coartada para encerrar a 2,1 millones de personas en cada vez menos territorio, mientras el mundo finge sorpresa ante una estrategia que lleva meses desplegándose delante de todos.
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