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La ejecución de Alex Pretti en Mineápolis expone un poder que dispara con impunidad y fabrica culpables a golpe de comunicado.
La mañana del 26 de enero, un enfermero de 37 años, ciudadano estadounidense, cayó abatido en Mineápolis por disparos de un agente federal. Se llamaba Alex Pretti y trabajaba en una UCI. Lo que vino después no fue una investigación prudente ni un silencio institucional. Fue una operación de propaganda. Antes de que se analizara una sola prueba, la administración de Donald Trump activó su maquinaria retórica para convertir a la víctima en verdugo y blindar a quienes apretaron el gatillo.
Desde el Department of Homeland Security (DHS) se habló de “disparos defensivos”. Su secretaria, Kristi Noem, aseguró que Pretti pretendía “matar” e “infligir el máximo daño”. El comandante fronterizo Gregory Bovino habló de “masacre”. Y Stephen Miller lo etiquetó como “aspirante a asesino”. Todo ello antes de que existiera un informe, antes de contrastar vídeos, antes de escuchar a testigos. Antes de la verdad.
Los vídeos, analizados por CBS News, dicen otra cosa. Muestran a Pretti con un móvil en la mano, sin arma visible, empujado, rociado con agentes químicos, reducido en el suelo y tiroteado varias veces. La policía de Mineápolis confirmó después que era propietario legal de un arma y que tenía permiso para portarla. No hay imágenes del arma en su mano antes de los disparos. No hay ataque. No hay amenaza inminente. Hay una muerte.
LA NARRATIVA COMO ARMA
La secuencia no es un error comunicativo. Es un método. Primero se dispara, luego se fabrica el relato. La administración Trump no esperó porque no quería esperar. Necesitaba cerrar filas, deshumanizar a la víctima y disciplinar la conversación pública. Dentro del propio DHS, según fuentes citadas por CBS News, hubo malestar por la “terrible mala decisión” de lanzar acusaciones sin base probatoria. Un alto cargo lo dijo con crudeza: “Cuando negamos lo que la gente ve con sus propios ojos, perdemos credibilidad durante generaciones”.
No es un caso aislado. Tres semanas antes, otro agente de ICE mató en la misma ciudad a Renee Good, también ciudadana estadounidense. De nuevo, acusaciones tempranas, etiquetas de “terrorismo doméstico”, ninguna prueba sólida. Dos muertes en menos de un mes. Dos relatos oficiales que se desmoronan. Un patrón.
La política migratoria de Trump ha convertido a cuerpos federales en fuerzas de choque con carta blanca. El lenguaje no es accesorio. Es performativo. Cuando la Casa Blanca habla de “criminales”, “asesinos” y “depredadores”, autoriza. Cuando Karoline Leavitt dice que nadie quiere ver a gente herida y, acto seguido, exige más cooperación policial para “retirar criminales”, traslada la culpa y normaliza la violencia. Es gaslighting institucional.
Las cifras lo reflejan. Una encuesta de CBS News publicada en enero de 2026 muestra que el apoyo a la campaña de deportaciones cayó al 46%, desde el 59% al inicio del mandato. El 61% cree que los agentes están siendo “demasiado duros”. La sociedad ve lo que ocurre. Por eso la respuesta del poder es gritar más alto.
IMPUNIDAD, INVESTIGACIÓN Y BLOQUEO
A la violencia se suma el control del proceso. La investigación del tiroteo quedó en manos de Homeland Security Investigations, una rama de ICE, para investigar a otro cuerpo del mismo departamento, Border Patrol. Una anomalía señalada por personal actual y antiguo. Un conflicto de intereses. Una señal de cierre corporativo.
Minnesota denunció bloqueos para acceder a pruebas. Un juez federal tuvo que ordenar la preservación de evidencias y prohibir su alteración o destrucción. Cuando la justicia necesita órdenes para que no desaparezcan pruebas, el problema no es técnico, es político. Es estructural.
Desde dentro, algunos agentes reconocen la presión y la politización. Dicen sentirse “en medio”. La realidad es otra: quien empuña el arma responde a una cadena de mando. Y esa cadena decidió mentir. Decidió criminalizar a un enfermero. Decidió proteger a los suyos. Decidió convertir Mineápolis en un laboratorio de impunidad.
No estamos ante “excesos”. Estamos ante una arquitectura de poder que militariza la gestión social, externaliza la violencia y aplaude la mentira. Un Estado que dispara a ciudadanos y luego los acusa de lo que no hicieron no defiende la ley. La instrumentaliza.
Alex Pretti tenía 37 años y un móvil en la mano; el Estado tenía balas y un relato preparado, y eligió usar ambos.
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