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La maquinaria institucional ha tardado once años en llegar al banquillo y solo unos meses en devolver respetabilidad al patriarca.
UN JUICIO QUE LLEGA TARDE Y QUE PERMITE LA REHABILITACIÓN DEL PUJOLISMO
El juicio contra la familia Pujol arranca más de once años después de la confesión que destrozó la imagen pública del expresident. Y arranca, además, con un dato revelador: Jordi Pujol, de 95 años, no estará en la sala. Comparacerá brevemente por videoconferencia desde Barcelona para que los forenses acrediten su deterioro cognitivo. Después, quedará fuera del proceso. Es decir, el juicio a los Pujol se celebrará sin Pujol.
No es casualidad. Es el resultado directo de una Audiencia Nacional que ha dejado pudrirse el caso. La vista estaba prácticamente lista en 2021, pero un expurgo de datos personales —más lento que cualquier burocracia ordinaria— retrasó la causa hasta octubre de 2023. Y desde entonces, otros dos años hasta fijar fecha de juicio. El tiempo ha hecho lo suyo. Ha debilitado al principal acusado y ha reforzado, paradójicamente, la memoria política de quien gobernó Catalunya durante 23 años.
Mientras la causa se congelaba en despachos judiciales, Pujol reaparecía cada vez más en actos públicos. Los años de ostracismo quedaron atrás. Salvador Illa abrió la veda hace apenas un mes desde RTVE, diciendo que había recibido al expresident para diferenciar su legado político de “las cuestiones que rodean a la familia”. Noventa segundos en televisión sirvieron para reescribir una década entera de escándalos.
La pregunta que sobrevuela es evidente: ¿se puede separar al Pujol president del Pujol que escondió dinero en Andorra mientras hablaba de ética del servicio público? Una sociedad desgastada parece haber respondido ya que sí. Y ese es el triunfo del relato sobre los hechos. Un triunfo político e ideológico. Una victoria del poder real, ese que se hereda, se protege y se blinda.
Mientras la justicia tardaba once años, la rehabilitación tardó dos.
LO QUE SE VA A JUZGAR Y LO QUE YA NUNCA SE JUZGARÁ
Lo que llega ahora es un juicio que pretende esclarecer décadas de comisiones, tráfico de influencias y una fortuna familiar cuya explicación nunca ha sido convincente. La Fiscalía pide hasta 29 años de cárcel para Jordi Pujol Ferrusola, considerado el gran recaudador de la familia. Durante meses, más de 200 testigos desfilarán ante el tribunal para intentar reconstruir negocios que se remontan a los años 80 y 90, concesiones de obra pública, cuentas en Andorra y favores cruzados entre poder político y empresarial.
Las defensas alegarán lo de siempre: que no hubo delito, que el dinero nunca financió actividades ilícitas, que todo ha prescrito. Y jugarán con otra carta: las maniobras de la brigada política del PP contra la banca andorrana. Maniobras reales, documentadas y admitidas por la propia policía andorrana, pero que no borran la existencia de las cuentas. Otro ejemplo de cómo el aparato del Estado se combate a sí mismo mientras protege a sus élites.
Pero lo más importante ya no se podrá juzgar:
la responsabilidad política de quien presidió la Generalitat mientras su familia amasaba dinero en paraísos fiscales. Su deterioro cognitivo lo deja fuera. Su edad lo convierte en intocable. El calendario ha hecho por él lo que no hicieron ni los tribunales ni los partidos.
Y aun así, la vista oral será una radiografía del país. El reverso del pujolismo: el sistema de favores, la cercanía con los grandes grupos económicos, la capacidad de decidir quién subía y quién caía. La política convertida en un ecosistema de intermediación privada para unos pocos.
La versión catalana de las puertas giratorias, pero con acento convergente.
LA CONSTRUCCIÓN DE UN MITO Y EL OLVIDO COMO ESTRATEGIA
La rehabilitación política del expresident no es casual. Es el resultado de una Catalunya que quiere pasar página del procés, de una clase dirigente que necesita referentes estables y de un relato cuidadosamente reconstruido. Todo empezó cuando Pujol publicó en 2021 su testamento político en forma de libro. Allí reconocía su “fallo” y mostraba preocupación por su legado. A partir de entonces, su retorno fue lento, pero constante.
Se dejó ver en actos con figuras de la vieja Convergència, reapareció en homenaje a antiguos consellers, se dejó aplaudir en el 90º aniversario del Parlament, e incluso acudió al 50º aniversario de la fundación de CDC en 2024, donde fue presentado como “padre de la nación catalana moderna”. En un auditorio lleno, llegó a decir que Catalunya “no será independiente”. Un dardo calculado para volver al centro del debate.
A los 90 años, cuando el tiempo ya no amenaza a nadie, volvió a hablar como si no hubiera pasado nada.
La inactividad judicial, las revelaciones sobre la brigada política, el fracaso del independentismo y la nostalgia de una época con más estabilidad institucional se combinaron para construir un relato de regreso. Un relato que funciona porque apela a una comunidad política herida y cansada. Y porque las y los responsables reales de los agujeros del pujolismo siguen teniendo voz, presencia y redes.
El juicio que comienza ahora no resolverá el enigma de la fortuna familiar. Puede que confirme algunas responsabilidades. Puede que absuelva otras. Pero no podrá responder a la pregunta clave:
¿cómo es posible que el país que presumía de modernidad conviviera durante décadas con un sistema de financiación paralelo sin que nadie lo denunciara?
La respuesta está delante de nuestros ojos.
El poder se protege a sí mismo.
Y siempre vuelve antes que la justicia.
Porque en este país, el olvido es un privilegio reservado a quienes siempre mandaron.
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