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La política del PowerPoint no frena inundaciones; la inacción las multiplica
UNA ADMINISTRACIÓN QUE PROMETE BROZA Y ENTREGA NADA
El Gobierno valenciano de Carlos Mazón insiste en un relato donde el problema de las inundaciones son las cañas, las “lechugas”, o cualquier otro vegetal culpable de su propia existencia. Un cuento útil para desviar responsabilidades, pero completamente desmontado por los datos oficiales. La Generalitat presupuestó 125.000 euros para actuar en el barranco del Poyo y ha ejecutado exactamente cero. Ni un euro. Ni un metro de cauce despejado. Ni un operario enviado. Nada.
La conselleria de Medio Ambiente, dirigida por Vicente Martínez Mus, lleva meses explicando que la Generalitat “actúa en entornos”, que “la maquinaria no estaba disponible”, que “los fondos no llegaron a tiempo”. El festival de excusas es tan largo que ya parece un género literario. Pero la realidad no admite metáforas: a 30 de septiembre habían ejecutado un 1,08% de los 7,8 millones destinados este año a eliminación de vegetación en cauces. Y dentro de ese porcentaje ridículo, no figura el barranco del Poyo ni en pintura.
Es todavía más revelador que en 2024 la partida para el mismo proyecto —426.000 euros— tampoco se ejecutara. Cero. Por segundo año consecutivo. Una obra anunciada, un presupuesto aprobado, una prioridad repetida en ruedas de prensa… y ni una sola actuación material. Mientras tanto, los barrancos siguen acumulando maleza, sedimentos y obstáculos que empeoran el riesgo de inundaciones, especialmente en municipios de interior como Chiva.
Para completar el paisaje, Medio Ambiente solo ha movido 58.237 euros para restauración de paisajes y hábitats, y 13.000 euros para la eliminación de vegetación en cauces dentro de una partida total de 3 millones. El porcentaje es tan irrisorio que ni las y los técnicos quieren ponerle nombre.
La política de Mazón y sus consellers no se parece a un plan de prevención; se parece a un solar abandonado.
MILLONES SIN MOVER Y UNA TRAGEDIA QUE SIGUE EN LA MEMORIA
Si Medio Ambiente está paralizada, Agricultura no se queda atrás. El departamento de Miguel Barrachina arrancó el año con 23,6 millones para encauzamientos y nuevas infraestructuras hidráulicas, incrementados después a 49,8 millones. A 30 de septiembre solo había ejecutado un 3,58%. La situación provoca sonrojo incluso en la propia documentación oficial.
Ahí están los datos:
21,1 millones para reducir riesgos de inundación en núcleos urbanos. Ejecutado: 2,81%.
14,6 millones para intervenciones vinculadas a la dana. Ejecutado: 5,8%.
7,8 millones para reparar la presa de Buseo, dañada gravemente. Ejecutado: 2,34%.
Mientras tanto, desde Agricultura aseguran que “a final de año siempre se acelera”, que “las autorizaciones de la CHJ llegaron tarde” y que “el presupuesto se aprobó en junio”. Los plazos, como las ramblas, siempre parecen desbordarse hacia el mismo lado: el de la incompetencia.
La diputada Ana Belén Juárez, del PSPV, lo resume con precisión quirúrgica: “a falta de tres meses para acabar el año, Barrachina y Martínez Mus solo han ejecutado el 3,2% del presupuesto para reparar cauces, barrancos y reducir el riesgo de inundaciones”. Y subraya algo que en la Comunitat Valenciana no se ha olvidado: la gestión de la tragedia del 29 de octubre de 2024.
229 personas fallecidas.
Una presa —la de Buseo— bajo responsabilidad autonómica.
Carreteras y estaciones de FGV anegadas mientras dos altos cargos se iban a casa o a un acto empresarial.
No es memoria selectiva: es memoria dolida. La inacción del Consell no es un problema administrativo; es un problema de vidas humanas.
Pese a ello, Martínez Mus no solo no ha sido relevado: ha sido premiado con nuevas competencias de Vicepresidencia Segunda. En cualquier administración seria esto sería impensable; en la política del PP valenciano parece un ascenso por méritos.
Y mientras tanto la Generalitat intenta refugiarse en la Confederación Hidrográfica del Júcar, que ha autorizado 179 actuaciones en cauces entre 2024 y 2025, hasta un total de 325 intervenciones activas. Casi todas ejecutadas por ayuntamientos. Trabajos menores, sí, pero constantes. Una comparación incómoda para quienes gobiernan el Palau.
Porque la CHJ mantiene cauces, restaura tramos, autoriza actuaciones y cumple su parte dentro de un sistema de competencias compartidas. Mazón, en cambio, juega a hacerse el ofendido institucional mientras deja partidas enteras sin tocar.
Las cifras hablan más claro que cualquier discurso.
1,08% ejecutado en Medio Ambiente.
3,58% ejecutado en Agricultura.
Cero euros en el barranco del Poyo por segundo año consecutivo.
No hace falta levantar un acta de acusación; basta con mirar el estado de los barrancos. Los cauces siguen igual que estaban porque quienes debían actuar decidieron no hacerlo.
Mientras Mazón repite el eslogan de siempre, las y los vecinos de las comarcas afectadas miran al cielo con miedo. Porque ya saben que cuando llegue la próxima dana, no habrá un plan sino un relato. Y el relato no frena el agua.
Cuando un gobierno convierte la prevención en un PowerPoint y la ejecución en una anécdota, las lluvias no traen solo agua; traen consecuencias.
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