Opinión | Lo que acaba de ocurrir con el fiscal general no es justicia: es un aviso 

Cuando la toga se convierte en trinchera, el Estado de derecho deja de ser refugio y empieza a ser arma

Por Javier F. Ferrero

Hay decisiones judiciales que importan menos por lo que dicen y más por lo que están gritando. La condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación, 7.200 euros de multa y 10.000 euros de indemnización a la pareja de Ayuso, no es una sentencia: es una declaración de intenciones. Un mensaje en mayúsculas al Gobierno, a la Fiscalía y a cualquiera que ose investigar al poder político-mediático de la derecha madrileña.

Lo que el Supremo formalmente señala es una supuesta filtración de un correo electrónico en la noche del 13 de marzo de 2024. Lo que realmente está sancionando es haber tocado al intocable círculo de poder que rodea a Isabel Díaz Ayuso. Lo que está castigando es haber desmentido bulos en mitad de una campaña política diseñada por Miguel Ángel Rodríguez. Y lo que está premiando, de paso, es la estrategia de quienes llevan años usando los tribunales como plataforma de guerra cultural.

La justicia no habla en vacío. Habla desde el poder, y hoy ha hablado fuerte.

LO QUE SIGNIFICA ESTA CONDENA EN LA PRÁCTICA

La Sala de lo Penal se ha roto en dos. Eso ya tendría que helarnos la sangre. Dos magistradas, Susana Polo y Ana Ferrer, pedían la absolución. La ponencia ha tenido que ser arrebatada y reasignada al presidente de la Sala. Cuando una sentencia nace así, nace politizada.

Pero la clave no está en los votos. Está en el contexto.

Cuarenta testigos.
Seis sesiones.
Ninguna prueba directa.
Ningún indicio sólido de que el fiscal general ordenase filtrar nada.
La Abogacía del Estado negando cualquier rastro.
La Fiscalía negando cualquier rastro.

¿Quién vio la filtración? Nadie.
¿Quién demostró la filtración? Nadie.
¿Quién decidió que la única línea de investigación era la de señalar al fiscal general? La UCO.
¿Quién omitió datos, recortó mensajes y descartó hipótesis alternativas? La UCO, bajo la dirección del magistrado instructor Ángel Hurtado.

Y aun así, el Supremo condena.

Cuando se condena sin prueba, solo queda la sospecha. Y en España esa sospecha siempre cae del mismo lado.

LA JUSTICIA COMO CAMPO DE BATALLA POLÍTICO

Esta sentencia no cae del cielo. Es consecuencia directa de una década en la que el aparato judicial ha asumido un protagonismo político que ningún poder elegido democráticamente podría soñar. Y cuando el poder judicial se convierte en actor político, deja de ser árbitro.

Lo vimos en el procés.
Lo vimos en la guerra jurídica contra Podemos.
Lo vimos con el caso Neurona, fabricado en despachos policiales.
Lo vimos con la ofensiva contra Begoña Gómez.
Y hoy lo vemos con la caída calculada del fiscal general.

La condena llega, además, en un momento en el que la pareja de Ayuso se enfrenta a un proceso por fraude fiscal.
En un momento en el que Ayuso lanza bulos contra Hacienda.
En un momento en el que la derecha pretende convertir cualquier investigación legítima en persecución ideológica.
Y en un momento en el que la Fiscalía intentaba poner orden en un caso convertido en espectáculo político.

El mensaje es transparente:
si tocas a Ayuso, te quemas. Si desmientes sus bulos, te inhabilitan.

LO QUE HAY QUE DECIR SIN MIEDO

España no tiene un problema puntual de justicia. Tiene un problema estructural.

Una élite judicial que opera con criterios políticos, que reacciona como cuerpo corporativo y que interviene de facto en el tablero partidista.

Esta condena no habla de un correo electrónico filtrado: habla de un modelo judicial que protege a los poderosos, castiga a quienes los investigan y convierte cualquier gesto de transparencia en un acto de guerra.

Habla de un Supremo que actúa como contrapoder del Gobierno pero jamás como contrapoder de los intereses de la derecha madrileña.
Habla de una UCO que investiga con un ojo cerrado y otro abierto según el apellido del sospechoso.
Habla de un ecosistema mediático que señalaba al fiscal general antes incluso de que hubiese juicio.

Habla, en definitiva, de un país donde el poder y la impunidad siguen compartiendo mesa, copa y postre.

La sentencia dice que el fiscal general debe dejar su cargo.
Pero el verdadero titular es otro:
quien hoy queda inhabilitada es la confianza de la ciudadanía en su propia justicia.

La justicia no es ciega. Solo mira hacia donde le interesa.

Ese es el verdadero escándalo. Ese es el verdadero peligro. Ese es el verdadero mensaje del día en que España ha demostrado que la toga, cuando quiere, sabe perfectamente a quién proteger y a quién sacrificar.

Y lo peor es que ya ni lo disimulan.