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Alvise Pérez presenta su candidatura a las generales con cuatro causas judiciales abiertas mientras promete cárceles masivas y bajadas de impuestos imposibles.
EL POPULISMO COMO NEGOCIO
El populismo ultra español ha encontrado en Alvise Pérez su versión más rudimentaria y eficaz: la del agitador digital que convierte la denuncia en espectáculo, la mentira en combustible y la impunidad en identidad política. Este domingo, el líder de Se acabó la fiesta (SALF) presentó su candidatura a las generales en el Palacio de Vistalegre ante un público menor al esperado, rodeado de banderas rojigualdas y consignas contra Pedro Sánchez. La escenografía imitaba los grandes actos de Milei, Bukele o Trump: iluminación tenue, promesas extremas y una retórica que mezcla resentimiento con redención.
El discurso no sorprendió. Deportaciones masivas, macrocárceles, desregulación, bajadas de impuestos y desprecio por la cooperación internacional. Un programa económico calcado al del presidente liberticida argentino, con una retórica punitiva inspirada en el modelo salvadoreño de Nayib Bukele. Alvise no propone un Estado más justo, sino un Estado más duro. Sustituye la política por el castigo, la justicia social por el encarcelamiento y el contrato fiscal por el dogma del enemigo interior.
Desde su irrupción en las europeas de 2024, con más de 800.000 votos, Pérez ha construido un movimiento basado en la sospecha y la indignación permanente. Se presenta como víctima de una “partitocracia corrupta” y se vende como “llave del cambio” frente al sistema, mientras acumula causas judiciales que lo sitúan en el epicentro de aquello que dice combatir.
JUSTICIA, IMPUNIDAD Y ESPECTÁCULO
A día de hoy, Alvise Pérez suma cuatro causas abiertas: una por la financiación irregular de su candidatura europea (tras recibir 100.000 euros en efectivo de un empresario), otra por difundir una PCR falsa de Salvador Illa, una más por mensajes de acoso a la fiscal Susana Gisbert, y la última por una campaña de hostigamiento contra sus propios eurodiputados. En los tribunales, se declara perseguido por un sistema corrupto. En su canal de Telegram, se presenta como mártir de la libertad de expresión.
El patrón se repite. Cada acusación se convierte en munición para reforzar su relato antisistema. Cada investigación judicial alimenta su narrativa victimista. Es la misma estrategia de Trump, Bolsonaro o Milei: transformar la responsabilidad penal en un símbolo de autenticidad política. Cuanto más acusado, más puro; cuanto más señalado, más héroe.
El fenómeno Alvise no es ajeno al ecosistema mediático y digital que lo ha hecho posible. Su ascenso no proviene de una estructura partidista tradicional, sino de una red descentralizada de seguidores en redes sociales. Desde su canal de Telegram, que supera los 200.000 suscriptores, emite mensajes, bulos y vídeos que reproducen una lógica de guerra cultural constante. El objetivo no es convencer, sino dividir. No busca gobernar, sino polarizar.
En ese terreno, la verdad es secundaria. Importa más la emoción que el dato, el agravio que el argumento. Por eso su programa puede prometer una “bonificación del 100% del IRPF a quienes ganen menos de 35.000 euros” sin explicar cómo se financiarían los servicios públicos o qué recortes implicaría esa medida. La política, reducida a marketing.
EL TEATRO DE LA ANTICORRUPCIÓN
Alvise ha hecho de la anticorrupción su bandera. Sin embargo, las cifras contradicen su relato. En la causa abierta por financiación ilegal, él mismo reconoció ante el Supremo haber recibido 100.000 euros para “capitalizarse a nivel personal”, alegando que ese dinero compensaba su promesa de sortear el salario público de eurodiputado. En su declaración judicial, no negó los hechos; los justificó.
Mientras tanto, el supuesto sorteo de su sueldo —una de sus grandes promesas de campaña— se interrumpió tras dos pagos y nunca se auditó públicamente. Ahora, en su reaparición en Vistalegre, ha escenificado una “donación” de 50.000 euros a una fundación vinculada a la Guardia Civil, sin procedimiento aleatorio ni transparencia económica.
El populismo funciona así: sustituye la rendición de cuentas por gestos emocionales. Su economía es la del espectáculo. Lo que se premia no es la coherencia, sino la performance. Cada grito contra el “sistema” tapa una contradicción; cada gesto de patriotismo oculta un interés personal.
UN LABORATORIO DEL DESCONTENTO
El caso de Se acabó la fiesta ilustra cómo los movimientos ultras contemporáneos se expanden en la frontera entre la política y el entretenimiento. Lo que antes era marginal, hoy se transmite en streaming. Vistalegre no fue un mitin, sino una retransmisión de ira. Y esa ira, empaquetada y viralizada, tiene mercado.
El populismo digital no necesita mayorías, necesita atención. Su poder no se mide en votos, sino en clics, reproducciones y escándalos judiciales. Cada titular sobre sus causas abiertas refuerza su visibilidad y lo convierte en protagonista. Es un modelo de política posfactual donde la corrupción deja de hundir carreras para impulsarlas.
Lo que Alvise encarna no es una anomalía, sino un síntoma: la transformación de la política en negocio personal, del discurso en mercancía y del delito en marketing.
Su lema, “Se acabó la fiesta”, es, en realidad, una ironía involuntaria. Porque el populismo de Alvise vive precisamente de que la fiesta no termine nunca. Vive del ruido, del odio y de la impunidad. Vive del escándalo que dice combatir.
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