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El juez de Nueva York rechaza la acusación más grave contra el joven que mató al CEO de UnitedHealthcare, pero la sombra del capitalismo sanitario sigue intacta.
EL JUEZ FRENA EL RELATO DEL TERRORISMO
El 16 de septiembre de 2025, el magistrado Gregory Carro desestimó los cargos de terrorismo contra Luigi Mangione, acusado de asesinar el 4 de diciembre de 2024 a Brian Thompson, consejero delegado de UnitedHealthcare, la mayor aseguradora sanitaria de Estados Unidos. La decisión judicial cortó de raíz la estrategia de la fiscalía, que pretendía presentar el crimen como un atentado contra la seguridad nacional.
El juez fue tajante: “no se presentaron pruebas de que el objetivo fuera intimidar a la población civil o coaccionar al gobierno”. La acusación carecía de base jurídica. Sí, Mangione había mostrado su odio hacia las aseguradoras y, en particular, hacia UnitedHealthcare, pero eso no bastaba para tipificar terrorismo. Lo que queda en pie son los cargos estatales de asesinato en segundo grado, que conllevan entre 15 años de prisión y cadena perpetua, y un proceso federal que podría acabar con la pena de muerte.
La fiscalía perdió así la narrativa que buscaba: criminalizar no solo a Mangione, sino también a cualquier forma de protesta contra el sistema sanitario privatizado. Convertir en “terrorismo” la rabia social ante el negocio de la enfermedad era un salto político que el tribunal no avaló. El sistema quiso blindarse a través del miedo, pero esta vez la justicia dijo basta.
EL DISPARO QUE PUSO EN JAQUE AL CAPITALISMO SANITARIO
Thompson cayó abatido de un tiro en el pecho en Manhattan, en la misma mañana en que debía rendir cuentas ante los inversores de su empresa. En la escena se hallaron casquillos con frases como “denegar, defender y deponer”, en alusión al modo en que las aseguradoras rechazan tratamientos mientras reparten beneficios. El crimen sacudió al país: de pronto, el rostro del capitalismo sanitario se convirtió en diana.
Mangione, un joven de 27 años con problemas crónicos de salud, fue arrestado el 9 de diciembre en Pensilvania tras una búsqueda mediática y policial sin precedentes. Desde el inicio, el caso estuvo marcado por un contraste incómodo: por un lado, el perfil del acusado —“chico guapo de buena familia, universitario brillante”—; por otro, el trasfondo de un país donde la sanidad es un lujo, no un derecho, y donde las aseguradoras deciden quién vive y quién muere según la capacidad de pago.
Las audiencias en el Tribunal Supremo de Manhattan han congregado a cientos de simpatizantes. Su defensa ha abierto incluso una página web para difundir su versión, y Mangione recibe cartas de apoyo en la cárcel federal de Brooklyn. A las puertas del juzgado, el 16 de septiembre, decenas de seguidores celebraron la retirada de los cargos por terrorismo como una victoria frente a la criminalización política.
El asesinato de Thompson no es un simple caso de homicidio. Es el espejo deformado de un sistema que genera odio porque se alimenta del sufrimiento. El capitalismo sanitario convierte a la población en mercancía y a la muerte en estadística. Cuando la vida se mide en pólizas y dividendos, cada disparo se convierte en metáfora.
Lo que queda ahora es un juicio incierto: en Nueva York, Mangione encara entre 15 años y cadena perpetua con opción a libertad condicional a los 25. A nivel federal, la fiscalía amenaza con pedir la pena de muerte. Dos vías judiciales abiertas y una certeza política: el capitalismo sanitario seguirá defendiendo sus beneficios con la misma fiereza con que niega tratamientos.
El fallo del juez Carro no absuelve a Mangione, pero sí desmonta una mentira peligrosa: oponerse al negocio de la enfermedad no es terrorismo, es una cuestión de vida o muerte.
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