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Una ley “grande y hermosa” para enterrar los derechos sociales con bandera y fuegos artificiales
EL ROBO LEGALIZADO: 4,5 BILLONES PARA LOS DE ARRIBA
No es una ley, es un asalto. A las 3:30 de la madrugada del 3 de julio de 2025, mientras gran parte del país dormía, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobaba —por un estrechísimo margen— la megaley bautizada cínicamente como One Big, Beautiful Bill (BBB). Suena a eslogan de teletienda, pero es una operación quirúrgica contra los derechos de las clases trabajadoras y más pobres, diseñada por y para las élites económicas.
4,5 billones de dólares en recortes fiscales, la mayoría destinados a las rentas más altas. Según el análisis del Center on Budget and Policy Priorities (CBPP), las medidas de este tipo ya han demostrado anteriormente que no impulsan la economía ni aumentan los salarios, pero sí aumentan la desigualdad y debilitan los servicios públicos. Lo saben, pero lo hacen igual. Porque esto no va de eficacia. Va de ideología.
A cambio de ese gigantesco regalo a los ricos, la ley impone recortes de casi un billón de dólares a Medicaid, el seguro público que protege a más de 80 millones de personas en situación de vulnerabilidad. También asesta un hachazo al programa SNAP, antes conocido como “cupones de alimentos”, que da acceso a comida a más de 40 millones de personas. En la letra pequeña, Trump y sus acólitos justifican el recorte diciendo que se aplicará “solo a quienes no quieran trabajar”. Otra forma de llamar vagos a los pobres y justificar el castigo. Otra forma de aporofobia institucionalizada.
El propio Trump prometió en campaña que no tocaría Medicaid. Pero la BBB lo mutila con precisión de bisturí. Lo prometió, sí. Pero las promesas no son un contrato cuando gobiernan los que siempre rompen los suyos.
AUMENTO DEL GASTO MILITAR, DÉFICIT HISTÓRICO Y MENTIRAS CON CINTA DE BANDERA
¿Quién paga la fiesta? Quienes más lo necesitan. ¿Y quién se emborracha de poder y beneficios? Quienes ya lo tienen todo. La ley se aprueba justo a tiempo para el 4 de julio, Día de la Independencia, convertido en circo mediático para que Trump pueda firmarla en los jardines de la Casa Blanca, como si estuviera inaugurando un centro comercial. Patriotismo de cartón piedra para tapar el expolio.
Pero el saqueo no es solo fiscal. También es militar. La BBB aumenta el gasto en defensa, ya de por sí disparado tras años de intervenciones, alianzas fallidas y negocios armamentísticos opacos. En paralelo, refuerza la militarización de la frontera con México, alimentando el relato del miedo al migrante y profundizando el autoritarismo fronterizo.
Todo esto a costa de sumar 3,3 billones de dólares al déficit, según la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO), un organismo independiente. Lo que en boca de Trump habría sido una “catástrofe socialista” si lo firmara un demócrata, se convierte en “el principio de una edad dorada” cuando lo firma él mismo. La hipocresía fiscal, elevada a dogma.
Mientras tanto, los demócratas resisten con discursos larguísimos —el de Hakeem Jeffries, 540 minutos, récord incluido—, pero con nula capacidad de bloquear la apisonadora. Porque esto no se frena solo con parlamentos. Se frena con votos, con calle, con organización y con verdad.
El pueblo estadounidense morirá por esta ley, dijo Jeffries. Y no es retórica. Recortar cobertura médica en un país donde una operación puede costar 50.000 dólares es una sentencia de muerte para millones. Pero los que votaron esta ley ya tienen seguro privado y clínicas de lujo. La vida de las y los pobres no es su problema. Solo su combustible.
Esta ley no redistribuye la riqueza: la concentra. No protege el futuro: lo hipotecan. No defiende a la mayoría: se arrodilla ante la minoría más rica y agresiva. Y lo hace envolviéndose en la bandera, como si eso limpiara la sangre social que manchará sus páginas.
No es Robin Hood. Es el sheriff de Nottingham redactando leyes.
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González Amador y el negocio privado junto al poder público que Ayuso no podrá justificar jamás
Entre 2021 y 2023, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ganó una media de casi 1,5 millones de euros al año. No está mal para un “ciudadano cualquiera”. Tampoco está mal que esos fueran, precisamente, los primeros años de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Casualidades. Siempre casualidades. En Madrid parece que la suerte empresarial cae del cielo, pero solo en ciertos áticos, ciertos despachos y ciertas sociedades con nombres pulidos.
González Amador había creado su consultora en 2016. Al año siguiente empezó a hacer auditorías para Quirónprevención. Entonces sus facturaciones estaban por debajo de los 400.000 euros. Después vino el salto. Y no un salto pequeño. Un salto de esos que en cualquier democracia mínimamente higiénica obligaría a abrir ventanas, expedientes y preguntas públicas. Porque Quirón recibe cada año alrededor de 1.000 millones de euros por su cooperación hospitalaria en la Comunidad de Madrid. Ahí está la línea de puntos. No hace falta ser detective. Basta con no querer mirar hacia otro lado.
¿Ha cruzado Peinado la última línea?
El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a hacer lo que mejor define esta instrucción: estirar el caso hasta convertirlo en un espectáculo político con toga. El 20 de junio, el magistrado envió a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia quincenal en el juzgado. Hasta ahí, el repertorio habitual de una causa que lleva demasiado tiempo oliendo más a obsesión que a justicia.
Pero esta vez Peinado fue más lejos. Mucho más lejos. En su auto llegó a sugerir que los agentes encargados de escoltar a Begoña Gómez podrían, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar en una hipotética fuga. Es decir, el juez no solo dibuja a la investigada como alguien que podría escapar. Dibuja también a policías nacionales como posibles cómplices. Sin una prueba concreta encima de la mesa. Sin individualizar conductas. Sin indicios determinados. Una sombra lanzada sobre servidores públicos porque sí. Porque encaja en el relato.
Israel mata al cámara Ahmed Wishah y vuelve a llamar “terrorista” al periodista muerto
El cámara de Al Jazeera Ahmed Wishah fue asesinado el 20 de junio en un ataque aéreo israelí contra una vivienda del campo de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza. No murió en una abstracción bélica. No cayó en “daños colaterales”. Fue alcanzado por un bombardeo en una casa de un campo de refugiados, uno de esos lugares donde la palabra refugio ya suena a burla cruel cuando la maquinaria militar israelí decide que no hay techo, calle, hospital, escuela, convoy, tienda de campaña ni cámara que merezca seguir en pie.
Según Al Jazeera, en el ataque murieron dos personas y al menos otra persona palestina resultó herida. La cadena fue directa: condenó el “asesinato deliberado” de Ahmed Wishah, trabajador de Al Jazeera Mubasher, y recordó que es el 12º trabajador de la red asesinado en Gaza desde que comenzó la guerra genocida de Israel en octubre de 2023. Doce trabajadores de un mismo medio muertos. Doce. Luego vendrán los portavoces con su jerga de expediente, sus frases prefabricadas y sus acusaciones sin pruebas. Pero el dato queda ahí, como una losa sobre la conciencia de un mundo que mira demasiado y actúa demasiado poco.
Vídeo | Estrenamos este domingo la segunda parte del reportaje “Palestina y la historia que quieren borrar”
Spanish Revolution estrena este domingo a las 15:00 la segunda parte de “Palestina y la historia que quieren borrar”, el reportaje dirigido y presentado por Patricia Salvador dentro de #ReportajesSR, el proyecto audiovisual dirigido por Patricia Salvador y Lea Guggelman.
Bajo el título “La Nakba eterna”, esta nueva entrega continúa el recorrido iniciado en el primer capítulo, donde se abordaba la Nakba para desmontar la mentira de que la historia de Palestina comienza el 7 de octubre.
Vídeo | El turismo que saquea las ciudades mientras sonríe para la foto
El turismo urbano ya no puede seguir vendiéndose como una postal amable, una maleta con ruedas y una pareja haciéndose fotos frente a una fachada histórica. En demasiadas ciudades se ha convertido en otra cosa. En una forma educada de saqueo. Entra sonriendo, paga tres noches, deja propina si toca, sube una historia a Instagram y se marcha. Lo que queda detrás no sale en la foto: alquileres imposibles, vecinas expulsadas, comercios de barrio sustituidos por locales sin alma y calles que ya no pertenecen a quienes las habitan.
No es turismo. Es extracción.