Este medio se sostiene gracias a su comunidad. APOYA EL PERIODISMO INDEPENDIENTE .
El tribunal tumba el artículo que impedía a las asociaciones personarse en defensa de las víctimas de delitos de odio
El Tribunal Constitucional ha frenado uno de los mayores retrocesos normativos en materia de derechos LGTBI en la Comunidad de Madrid. El pleno del alto tribunal ha anulado el artículo de la ley autonómica promovida por Isabel Díaz Ayuso que restringía la capacidad de acción de las asociaciones del colectivo. La norma impedía a estas organizaciones personarse en procedimientos judiciales o sancionadores, incluso si contaban con el consentimiento explícito de la víctima. Una maniobra calculada para desarmar legalmente a quienes defienden a las víctimas de delitos de odio.
La sentencia, aprobada con una amplia mayoría y solo un voto en contra, da la razón al Gobierno central, que había presentado un recurso alegando invasión de competencias estatales. Se trata de un artículo que dejaba fuera del sistema judicial a las entidades que históricamente han protegido a quienes son agredidas, discriminadas o amenazadas por su orientación sexual o identidad de género.
La ley había sido suspendida de forma cautelar desde julio de 2024. Aquel movimiento fue la antesala del fallo definitivo que ahora certifica el uso institucional del poder autonómico para cercenar derechos conquistados con décadas de lucha. La Comunidad de Madrid, lejos de rectificar, introdujo leves modificaciones para tratar de esquivar el recurso, sin alterar el fondo de la norma.
El objetivo era claro: desactivar políticamente a las asociaciones que denuncian agresiones, discriminaciones y acoso. Dejar a las víctimas solas, sin acompañamiento legal, ni cobertura colectiva. Una estrategia diseñada para desalentar la denuncia y consolidar la impunidad.
AYUSO Y LA GUERRA CONTRA EL COLECTIVO
El artículo anulado formaba parte de las reformas impulsadas por el Gobierno de Ayuso en las leyes LGTBI y Trans autonómicas. Una ofensiva ideológica con sello ultraconservador que colocó a Madrid en la vanguardia del retroceso normativo en derechos civiles. La presidenta madrileña, en plena sintonía con la derecha más reaccionaria del Estado, trató de transformar derechos en privilegios revocables, y a las asociaciones en meros espectadores sin voz.
Como denunció en su momento la ministra de Igualdad, Ana Redondo, las modificaciones suponían una intromisión intolerable en competencias estatales y un ataque directo a la arquitectura legal que garantiza el principio de igualdad. Su recurso ha resultado clave para que el Constitucional acabe anulando el artículo por violar el marco competencial.
Miguel Ángel García Martín, portavoz del Gobierno madrileño, ha intentado maquillar la derrota asegurando que «el resto de la reforma queda intacta». Pero esa defensa es un insulto a la inteligencia. Porque lo que queda intacto no es más que una legislación de trinchera, redactada para proteger a los agresores y neutralizar a las organizaciones que acompañan a las víctimas.
El artículo afectaba directamente al derecho a ser representado por una entidad en procesos donde se investigan delitos de odio o sanciones administrativas por discriminación. Hasta su suspensión, Madrid era la única comunidad donde una organización LGTBI no podía ejercer esa representación legal, incluso cuando la víctima así lo solicitaba.
Esto no es una batalla legal aislada. Es parte de un proyecto político que busca despojar de legitimidad al movimiento LGTBI, invisibilizar sus luchas y desmantelar sus redes de apoyo.
El Constitucional, con esta decisión, ha marcado un límite. Pero la ofensiva continúa. Quedan vigentes otras partes de la reforma madrileña igual de nocivas, y sigue activa una estrategia de confrontación permanente contra los derechos de las personas trans y LGTBI. Mientras tanto, Ayuso se enorgullece de legislar como si el tiempo no hubiera pasado desde los años 90.
En una comunidad donde las agresiones LGTBIfóbicas siguen creciendo —solo en 2023 se denunciaron 49 ataques físicos en Madrid, según el Observatorio Madrileño contra la LGTBIfobia, con un subregistro evidente—, limitar la capacidad de respuesta jurídica es condenar a las víctimas al aislamiento. Es dejar vía libre al odio.
El tribunal ha salvado un derecho que no debería haber estado nunca en disputa. Porque los derechos no se negocian. Y no se retroceden. Ni un paso atrás.
Este periodismo no lo financian bancos ni partidos
Lo sostienen personas como tú. En un contexto de ruido, propaganda y desinformación, hacer periodismo crítico, independiente y sin miedo tiene un coste.
Si este artículo te ha servido, te ha informado o te ha hecho pensar, puedes ayudarnos a seguir publicando.
Cada aportación cuenta. Sin intermediarios. Sin líneas rojas impuestas. Solo periodismo sostenido por su comunidad.
Seguir
Seguir
Seguir
Seguir
Subscribe
Seguir
Xbox despide a 3.200 personas: el riesgo era de los jefes, la factura es de la plantilla
Xbox acaba de confirmar la mayor reestructuración de su historia. El 6 de julio, Asha Sharma comunicó a la plantilla que la división reducirá aproximadamente 3.200 puestos durante el año fiscal 2027, con 1.600 despidos inmediatos y cuatro estudios saliendo de Xbox hacia nueva gestión. Microsoft, en paralelo, recorta unos 4.800 empleos en total, alrededor del 2% de su plantilla global. No es una anécdota. Es una purga empresarial envuelta en lenguaje de consultora.
La frase oficial es casi una confesión: “nuestro negocio hoy no es saludable”. La dirección reconoce márgenes entre 3 y 10 veces inferiores a los de negocios comparables, una base instalada menor, costes más altos y una apuesta por Game Pass, el modelo multiplataforma y una cartera más amplia de contenidos que “no creció al ritmo esperado”. Dicho sin barniz corporativo: los jefes imaginaron una máquina de crecimiento infinito, compraron estudios, multiplicaron equipos, alargaron inversiones y ahora explican que se equivocaron. Pero quienes salen por la puerta no son quienes vendieron la fantasía. Son trabajadoras y trabajadores que hicieron exactamente lo que les dijeron.
Sony quiere matar el disco: juegos digitales para ricos y propiedad de mentira
Sony ya ha puesto fecha al entierro del formato físico. En su propia web de PlayStation avisa de que, desde enero de 2028, los nuevos juegos lanzados para PlayStation se podrán comprar en PlayStation Store y en tiendas, pero solo en formato digital. Los discos de juegos publicados antes de esa fecha seguirán funcionando, sí. Ese matiz importa. Pero el camino está marcado: el futuro que Sony quiere vender no cabe en una estantería, cabe en una cuenta, en una contraseña, en un servidor y en unas condiciones de uso que casi nadie lee porque están escritas precisamente para que casi nadie las lea.
La compañía lo presenta como adaptación al consumo. Reuters informó el 1 de julio de que Sony dejará de producir discos físicos para los nuevos lanzamientos de PlayStation desde enero de 2028, en un giro que llega después de que cerca del 80% de sus ventas completas de juegos en el año fiscal 2025 fueran digitales. La cifra parece aplastante. Lo digital ya domina. Pero una cosa es que millones de personas compren digital porque es cómodo, porque hay rebajas puntuales o porque las empresas empujan el mercado hacia ahí; otra muy distinta es convertir esa tendencia en una jaula.
Organizaciones sociales señalan a Indra por engordar con el negocio de la guerra
La campaña Desarmando Indra llevó el 30 de junio a la Junta General de Accionistas una denuncia incómoda: la empresa crece mientras crecen el rearme, las fronteras militarizadas y el genocidio contra el pueblo palestino. INDRA, BENEFICIOS Y ARMAS: EL NEGOCIO QUE SIEMPRE ENCUENTRA PRESUPUESTO…
15.000 personas ya han visto cómo la fe se convierte en poder
El último ReportajeSR analiza cómo determinados sectores del evangelismo conservador dejaron de limitarse a los templos para convertirse en una maquinaria política al servicio de la extrema derecha. De Trump a Bolsonaro, de Milei a Vox: redes comunitarias, guerras culturales, dinero, medios y religión convertidos en infraestructura electoral.
Presentado por Léa Gugelmann, el reportaje ya ha superado las 15.000 visualizaciones desde su estreno. Porque para entender el auge de la extrema derecha no basta con mirar a sus candidatos: también hay que observar quién construye sus discursos, moviliza sus bases y presenta el autoritarismo como una misión divina.
Vídeo | Sadismo en primera persona
Un turista graba el encierro de San Fermín como si estuviera en una atracción. Adrenalina, golpes, risas y animales convertidos en decorado para conseguir un vídeo viral. No está viviendo una tradición: está consumiendo sufrimiento como entretenimiento.
Además, corre con una cámara cuando está prohibido hacerlo, poniendo en peligro a quienes tiene alrededor. La turistificación añade otra capa de irresponsabilidad a una barbaridad ya normalizada: venir, beber, molestar, jugar con la vida ajena y marcharse con unos cuantos clics. El sadismo también se graba en primera persona.