El pelotazo inmobiliario que salpica al Real Madrid con la Gürtel 

Un expresidente del club admite el soborno millonario para amañar adjudicaciones en Arganda

Veinte años de silencio han terminado con una confesión escrita: Fernando Martín, expresidente del Real Madrid y constructor, ha admitido que pagó 25 millones de euros en sobornos a la trama Gürtel para garantizarse la adjudicación de terrenos en Arganda del Rey, Madrid. El acuerdo, cerrado en el hotel Fénix Gran Meliá entre 2003 y 2004, fue intermediado por Francisco Correa, cabecilla de la red corrupta.

El constructor ha decidido confesar ahora, justo antes del juicio en la Audiencia Nacional, con la esperanza de evitar su ingreso en prisión. La Fiscalía Anticorrupción pedía casi 20 años de cárcel para él. Su estrategia, ya habitual en los grandes casos de corrupción, es rebajar la condena con un pacto judicial a cambio de aceptar los hechos.

Según la confesión de Martín, el trato incluía que Correa, con su red de influencias dentro del Partido Popular, garantizara la adjudicación de terrenos públicos a Martinsa, la promotora inmobiliaria del empresario. El pago se fraccionó en dos entregas: 12 millones cuando el Ayuntamiento de Arganda confirmó la adjudicación y otros 13 millones cuando avanzó el proyecto.

Martín no operó solo. Involucró a otros dos empresarios, Manuel Salinas y Amando Mayo, para cubrir parte de la mordida. Salinas, que se dedicaba a la venta y montaje de cocinas en viviendas de nueva construcción, aportó una gran parte del dinero. El pago se realizó a través de cuentas en el extranjero, con transferencias a Suiza gestionadas por el financiero Arturo Fasana, vinculado a la red corrupta.

URBANISMO, PODER Y FUTBOL: EL ENREDO DE MARTÍN Y LA GÜRTEL

Fernando Martín no era un empresario cualquiera. Fue uno de los grandes magnates del ladrillo en España, con participaciones en Banco Santander, BBVA y Unión Fenosa. En 2006, llegó a presidir el Real Madrid tras la dimisión de Florentino Pérez, aunque solo duró dos meses en el cargo. Su caída definitiva llegó con la crisis de 2008, cuando Martinsa protagonizó la mayor quiebra de la historia del país.

Su confesión ha sido respaldada por otros implicados. Francisco Correa ha reconocido que parte del dinero sirvió para comprar voluntades dentro del Ayuntamiento de Arganda, controlado por el PP en aquellos años. El entonces alcalde, Ginés López, ha admitido que aceptó sobornos en efectivo y regalos. Su consejero delegado de urbanismo, Benjamín Martín Vasco, también recibió su parte.

El plan era sencillo y eficaz. El Ayuntamiento aprobaba modificaciones urbanísticas para duplicar el número de viviendas previstas en la parcela adjudicada, aumentando así su valor y rentabilidad para Martinsa. En palabras del propio Martín, “se concertaron con el Ayuntamiento las condiciones que hacían atractiva la inversión”.

El resultado de este saqueo al erario público fue una operación que, en términos urbanísticos, rozaba la ilegalidad. Pero con la maquinaria política y financiera de la Gürtel engrasada con millones de euros, no hubo trabas para su ejecución.

Ahora, Martín acepta su culpa, pero su defensa ha conseguido un pacto beneficioso. De los casi 20 años de prisión que solicitaba la Fiscalía, solo cumplirá tres años y cuatro meses. Adicionalmente, pagará una multa de 270.000 euros. En octubre de 2024, abonó más de 500.000 euros a Hacienda para saldar su deuda por delitos fiscales, lo que también ha influido en la reducción de su condena.

La trama Gürtel ha supuesto un costo enorme para el Partido Popular, con 81 condenados a prisión y una decena de implicados que buscan rebajar sus penas con confesiones tardías. Pero el daño no es solo político:

La corrupción urbanística ha vaciado las arcas públicas y ha disparado el precio de la vivienda, generando un modelo insostenible que aún seguimos pagando.