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Isaac Parejo (Infovlogger), Sergio C. Martínez y Mario Camps (del grupo Los Meconios), pretendían que el periodista les indemnizara con 9.000 euros y rectificara su crítica en redes sociales.
Cuando el revisionismo histórico y el negacionismo del franquismo se disfrazan de «libertad de expresión», la realidad acaba imponiéndose. El Juzgado de Primera Instancia número 69 de Madrid ha desestimado la demanda interpuesta por tres ultraderechistas contra Rubén Sánchez, secretario general de FACUA, tras haber sido señalados por entonar el peligroso «vamos a volver al 36» en un acto de Vox. No solo han perdido el juicio, sino que además han sido condenados a pagar las costas.
Según @infovlogger36, los que me apoyáis sois "un ejército de hijos de puta". Me llamó "deficiente mental", "rojo de mierda"… Y después recaudó dinero para demandarme acusándome de "homófobo". Ha perdido y le han condenado en costas.
— Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) February 6, 2025
Ahora me toca a mí.https://t.co/2AKpWfEi9g pic.twitter.com/56msSoPywq
Los demandantes, Isaac Parejo (Infovlogger), Sergio C. Martínez y Mario Camps (del grupo Los Meconios), pretendían que el periodista les indemnizara con 9.000 euros y rectificara su crítica en redes sociales. Sin embargo, la jueza Raquel Gallego de Paz ha dejado claro que la libertad de expresión ampara las afirmaciones de Sánchez, quien no hizo más que advertir sobre el mensaje que lanzaron al público en el evento «Viva 22» de Vox en 2022.
EL NEGOCIO DE LA ULTRADERECHA: DIFAMAR Y DESPUÉS VICTIMIZARSE
No es un caso aislado. La estrategia de la ultraderecha es clara: difamar, lanzar mensajes provocadores y, cuando les contestan, hacerse las víctimas y recurrir a la justicia para intentar silenciar a quienes les desenmascaran. Pero esta vez les ha salido mal.
Para financiar la demanda, los tres ultraderechistas organizaron una recogida de fondos con la que consiguieron más de 4.200 euros. Un dinero que ahora queda en nada, ya que no solo no recibirán la indemnización que pretendían, sino que además tendrán que pagar las costas del juicio. La jugada les ha salido cara.
Y no es casualidad que su defensa se basara en tergiversaciones. En la demanda presentaron una versión manipulada de la letra de su canción para hacer creer que la frase «vamos a volver al 36» solo se pronunció una vez, cuando en realidad la repitieron hasta diez veces. También cambiaron frases para suavizar el mensaje, intentando ocultar su evidente referencia a la Guerra Civil y a la idea de un nuevo golpe de Estado contra un Gobierno democráticamente elegido.
La jueza lo ha visto claro: la expresión de Sánchez, aunque dura, está amparada por la libertad de expresión porque responde a un hecho contrastado. Llamar «degenerados» a quienes fantasean con un golpe de Estado y con una nueva ola de represión franquista no es insulto gratuito, sino una descripción ajustada a la realidad.
En el auto, la magistrada recalca que el contexto político y social en el que se produjeron las declaraciones de Sánchez justifica el tono crítico de sus palabras. También desmonta el intento de los demandantes de presentar «degenerados» como un insulto homófobo, ya que la expresión no iba dirigida a su orientación sexual, sino a su ideología reaccionaria.
Es el enésimo caso en el que la extrema derecha trata de utilizar los tribunales para perseguir a quienes denuncian sus discursos de odio. Esta vez, les ha salido el tiro por la culata. La justicia ha hablado: la democracia no se doblega ante los que sueñan con volver al 36.
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Porque sí, la extrema derecha no empieza siempre gritando censura, deportaciones, recortes o mano dura. A veces empieza antes. Mucho antes. Empieza alterando el lenguaje. Empieza llamando “libertad” al privilegio de quienes más tienen. Empieza llamando “familia” a un modelo único y obediente. Empieza llamando “patria” a una frontera moral. Empieza llamando “sentido común” a una agenda profundamente reaccionaria.
Que condenen con 9.000 euros a estos tipos es casi de risa, sus seguidores y adeptos le sufragará ese coste.