Activistas, senadores demócratas y defensores de los derechos humanos han denunciado que esto no es más que un llamamiento a la caza de personas
La maquinaria de la xenofobia en Estados Unidos sigue su curso. Mientras Donald Trump avanza con su agenda antiinmigrante, algunos Estados gobernados por republicanos han decidido ir más allá y poner precio a la caza de migrantes. Legisladores de Misuri y Misisipi han propuesto recompensas de hasta 1.000 dólares para quienes denuncien a personas indocumentadas, incentivando la delación y el racismo en un país ya polarizado.
En Misuri, el senador republicano David Gregory impulsó el proyecto de ley SB72, que no solo premia a quienes delaten a un migrante, sino que crea un cuerpo de cazarrecompensas con certificación estatal para perseguir y detener personas sin documentos. El modelo propuesto, según sus palabras, funcionaría como “un ICE estatal”. La escalofriante propuesta permitiría que cualquiera con una orden de arresto pueda ser cazador oficial, legalizando la persecución racial.
El repudio a la medida ha sido inmediato. Activistas, senadores demócratas y defensores de los derechos humanos han denunciado que esto no es más que un llamamiento a la caza de personas por su color de piel o por su acento. La senadora Barbara Washington alertó sobre las consecuencias de una ley que convierte a la población en delatores con incentivos económicos, recordando que las detenciones basadas en el perfil racial ya son una realidad diaria en el país.
MISISIPI: EL FRACASO DE UNA LEY QUE BUSCABA CONVERTIR A LA POBLACIÓN EN INFORMANTES
En Misisipi, el representante republicano Justin Keen presentó un proyecto similar que finalmente no superó el filtro legislativo. Sin embargo, la iniciativa dejó clara la voluntad de los republicanos de replicar en los Estados el discurso de criminalización que Trump ha intensificado desde que regresó al poder. La medida, que también contemplaba la creación de cazarrecompensas, se justificó en el manido argumento de que los migrantes son criminales y una amenaza para la seguridad.
La narrativa impulsada por Keen y otros legisladores extremistas se apoya en casos aislados de delitos cometidos por personas indocumentadas, omitiendo cualquier tipo de datos sobre la realidad migratoria. La historia de Laken Riley, una estudiante asesinada por un migrante, ha sido instrumentalizada para justificar medidas como la deportación masiva e incluso castigos como la cadena perpetua para quienes sean detenidos bajo estas leyes.
No es casualidad que esta ofensiva legislativa resurja ahora. Entre 2019 y 2023, la población de migrantes indocumentados creció en tres millones, alcanzando los 13,7 millones de personas en 2023. La Administración Biden impuso restricciones al asilo y redujo las entradas ilegales a niveles no vistos desde 2020, pero el discurso de Trump sigue siendo efectivo entre su base. El 55% de los votantes republicanos apoya las deportaciones masivas.
El fracaso en Misisipi no es una garantía de que estas propuestas desaparecerán. Con las elecciones presidenciales en el horizonte, el efecto Trump sigue avivando un sentimiento antiinmigrante que ya no se oculta. La estrategia es clara: convertir a los migrantes en enemigos públicos, legitimar la persecución y, de paso, asegurarse el respaldo de una base radicalizada. Si la historia ha demostrado algo, es que cuando el racismo se institucionaliza, las consecuencias pueden ser irreparables.
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