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«La libertad para contaminar»: así define hoy EE.UU. su política ecológica
DE LA PROTECCIÓN A LA DESTRUCCIÓN: LA NUEVA EPA DE TRUMP
La imagen de Estados Unidos como potencia contaminante ha dejado de ser un cliché para convertirse en política de Estado. El 7 de agosto de 2025, un grupo de manifestantes rebautizó simbólicamente la EPA —la Agencia de Protección Ambiental— como “Agencia de Contaminación Ambiental”, en un acto cargado de sarcasmo y desesperación frente a la deriva reaccionaria de una institución que, bajo el segundo mandato de Donald Trump, ha dejado de proteger el medioambiente para proteger los beneficios de las empresas fósiles.
«Los días de encadenar a las empresas de petróleo, gas y carbón han terminado», proclamó una portavoz paródica del evento, reflejando el mensaje real que la administración Trump está enviando al país y al mundo: quien contamina, gana.
La protesta, organizada por Shut Down D.C. y Extinction Rebellion, convirtió la sede de la EPA en un escenario grotesco donde personajes ficticios como “Melinda McFossilShill” o “Joe Gasfracker” agradecían al Gobierno por liberarles de las cadenas regulatorias. El mensaje no era una exageración: en apenas un mes, la EPA ha purgado a 144 de sus propios empleados por criticar las políticas del Ejecutivo, ha propuesto reautorizar pesticidas prohibidos, ha anulado 7.000 millones de dólares en ayudas solares a hogares de clase trabajadora y ha comenzado a derogar la «endangerment finding» de 2009, la base legal para regular los gases de efecto invernadero.
En este nuevo marco, la “libertad” significa el derecho a emitir mercurio, a envenenar acuíferos, a encarecer el aire limpio, a fomentar incendios y a dejar comunidades enteras a merced de industrias que solo conocen una regla: la del beneficio.
UNA ECONOMÍA QUE RESPIRA HUMO Y VENENO
Si durante décadas el consenso político internacional giraba en torno a la mitigación del cambio climático, Trump ha impuesto una lógica inversa: el Estado al servicio del veneno, la ciencia como obstáculo, y la salud pública como daño colateral.
El presidente ha firmado recientemente una batería de proclamas para “liberar” a más de 100 instalaciones industriales de las normativas impuestas por la administración Biden. Entre ellas, plantas de carbón, fábricas químicas, procesadoras de mineral de hierro y productoras de equipos médicos estériles. Sí, incluso los hospitales han sido entregados al mercado contaminante, en nombre de la «eficiencia».
Las y los senadores demócratas, sin capacidad legislativa real al estar en minoría, han advertido que millones de personas están expuestas a neurotoxinas como el mercurio mientras la Casa Blanca baila al son de los magnates del petróleo. Pero en el Congreso de los Estados Unidos ya no se legisla: se negocia con la destrucción.
La respuesta desde la cúpula republicana es clara. “Los beneficios valen más que las vidas”, decía uno de los personajes satíricos en la protesta. Y aunque su nombre era ficticio, la frase es real. No solo lo piensan, lo ejecutan.
Mientras tanto, las olas de calor extremo, el humo de incendios forestales, las inundaciones y las enfermedades respiratorias aumentan a niveles históricos. Pero la narrativa oficial insiste: es el precio de la libertad. Libertad de empresa. Libertad de contaminar. Libertad de matar lentamente a la población pobre y racializada, que es la que respira el aire más tóxico, bebe el agua más sucia y vive junto a los vertederos más letales.
Trump no está destruyendo la EPA: la está utilizando como ariete contra el derecho a un planeta habitable. La está transformando en la espada oficial de un ecocidio sin remordimientos.
No es una distopía. Es Estados Unidos, agosto de 2025. Y lo peor es que no se esconden.
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